Seis millones de euros. Éste es el coste mínimo que se prevé para las arcas públicas de la catástrofe para el medio ambiente que tuvo como escenario el puerto de Gran Tarajal el pasado mes de febrero. Así lo reconoce el Gobierno de Canarias, que hasta ahora había evitado detallar las cifras derivadas de la tragedia medioambiental causada por el hundimiento de una decena de gabarras y que coincidió con el paso de la tormenta Emma por Fuerteventura.

En un informe oficial, la Consejería de Obras Públicas y Transportes admite que el gasto en las operaciones de contención del vertido y del rescate de las embarcaciones hundidas ascenderá a más de 3,7 millones de euros, a los que se suman 1,3 millones del seguimiento ambiental de la zona, afectada por un importante vertido de hidrocarburos. Además, el Gobierno de Canarias estima un gasto de 700.000 euros para la recuperación del muelle de Gran Tarajal y su estructura. Por último, eleva a 250.000 euros el gasto en servicios técnicos y jurídicos.

Los seis millones de euros en gastos para tratar de revertir uno de los principales siniestros acaecidos en los puertos que dependen de la comunidad autónoma son todavía una estimación: siete meses después, aún queda chatarra que sacar del muelle de Gran Tarajal. La Consejería de Obras Públicas indicó a finales de septiembre, en una respuesta oficial al diputado socialista Iñaki Lavandera, que “el plazo para la retirada de todos los restos de las embarcaciones accidentadas en el puerto de Gran Tarajal es de un mes y medio, aproximadamente”.

Las millonarias cantidades que maneja el Gobierno de Canarias del coste derivado del hundimiento de las gabarras contrastan con los apenas 134.580 euros que Puertos Canarios pretendía ingresar con la entrega de unos 200 metros de la línea de atraque del muelle de Gran Tarajal durante al menos once meses a lo que el propio ente público califica como la “flota coreana”. Bajo esa denominación se refiere a seis pontonas, tres remolcadores y un barco de apoyo, propiedad del armador coreano K-Marine, que iban a permanecer en el muelle majorero entre el 26 de diciembre de 2017 y todo el año 2018, “a la espera del inicio de una obra portuaria en la costa occidental africana”.

En el informe del jefe de Explotación de Puertos Canarios en Fuerteventura que sirve de aval para conceder la autorización de atraque se estipulan, como consideraciones técnicas, dos advertencias: la primera es que los amarres del muelle comercial deberían quedar libres los días 2 y 27 de diciembre de 2018, las únicas fechas del año “en las que hay confirmadas escalas de cruceros”.

La consecuencia del desastre ocurrido el pasado 28 de febrero fue el vertido a las aguas de 227.894 litros de gasóleo, fuel y aceites, extraídos entre el 3 de marzo y el 31 de julio

La autorización de atraque a las gabarras se concede en principio hasta el 15 de noviembre de 2018 y, si se quería renovar el permiso, la consignataria debía presentar “una memoria justificativa para despejar los atraques en esas fechas, incluyendo cronograma de desamarre y posterior amarre, despliegue” y “lugar de reubicación provisional dentro o fuera de la dársena sin que afecte a la operativa del resto de usuarios”. La autorización para ocupar la mejor línea de atraque de Gran Tarajal se dio por 11 meses, pero el director de Puertos Canarios, Manuel Ortega, señala en su resolución que era “ampliable de mutuo acuerdo por mensualidades hasta un máximo de cuatro años”.

La segunda advertencia fue premonitoria, revela una carencia grave del muelle de Gran Tarajal y es un elemento clave para que se determine si las características de las embarcaciones y la plantilla al cargo con la que contaban eran las adecuadas, de tal manera que estuviese garantizada la seguridad ante temporales como el sufrido: “Por otro lado”, señala el informe del jefe de Explotación de Puertos Canarios, “se informa de que el muelle comercial está abierto a oleaje de tiempos sures, con lo que el armador deberá tomar las medidas que estime oportunas ante temporales de esta dirección”.

Obligaciones incumplidas

Cuando ocurrió el siniestro trascendió que tan solo había dos marineros para la decena de embarcaciones atracadas y que esa fue una de las razones por las que Capitanía Marítima, que depende del Ministerio de Fomento, rechazó sacar los buques del muelle de Gran Tarajal.

El reglamento que regula la gestión de los puertos de la comunidad autónoma deja claro que las embarcaciones comerciales tendrán que tener “en todo momento” la “dotación y medios suficientes para efectuar desatraques de emergencia, muy especialmente los que transporten mercancías peligrosas”. Una obligación legal que en el puerto majorero no se cumplió.

La consecuencia del desastre ocurrido el pasado 28 de febrero fue el vertido a las aguas de 227.894 litros de gasóleo, fuel y aceites, extraídos entre el 3 de marzo y el 31 de julio. También se extrajeron de la zona 3.024 kilos de pinturas, 379 litros de disolventes, 52 baterías y un total de 152.000 kilos y 800 litros de basura en contenedores, según se especifica en un estudio del siniestro en el muelle de Gran Tarajal.

Plazos que se alargan

Seis días después del hundimiento de las gabarras, el presidente de Puertos Canarios y vicepresidente del Gobierno, Pablo Rodríguez, adjudica por algo más de 1,5 millones de euros, y con “carácter de emergencia”, el contrato para los trabajos de remoción de las embarcaciones. Puertos Canarios invita a tres empresas “de reconocida experiencia” en rescates e intervenciones ante incidencias ambientales.

Una de ellas, Resolve Salvage & Fire, cuenta con bases en Reino Unido, Gibraltar, Singapur, India, China y Sudáfrica, y presenta un presupuesto que supera ligeramente los cuatro millones de euros, sin plazo definido para culminar las tareas. Otra compañía, Ardentia Marine, con oficinas en España (La Coruña y Cartagena), Portugal y Angola, y contratista de Salvamento Marítimo, presenta la oferta más elevada, casi 4,7 millones, y un plazo de ejecución de 56 días.

La empresa Cadiser, con base en Gran Canaria y constituida año y medio antes del hundimiento, presentó una oferta de 1,5 millones y 60 días de plazo. Esta última fue la compañía contratada por Puertos Canarios.