El Plan Hidrológico de Fuerteventura se aprobó de forma inicial a finales del año pasado, junto con el documento de participación pública y la toma en consideración del documento ambiental estratégico y ya está en disposición de ser aprobado definitivamente por el Gobierno de Canarias. A mediados de enero también se hizo público el informe ambiental estratégico. Uno de los puntos más relevantes es el estado de sus aguas subterráneas.

Señala el plan que “el inventario de campo de las captaciones de agua subterránea es una tarea prioritaria en el conjunto de la Isla y debe abordarse, por orden de prioridad, en las zonas que se declaran sobreexplotadas y en riesgo de sobreexplotación y posteriormente en las zonas de recarga y el resto del territorio”.

El diagnóstico no es bueno. En la Isla hay cuatro masas subterráneas que ocupan 1.651 kilómetros cuadrados. Más de la mitad pertenecen a la masa oeste y el resto, por orden de mayor a menor, a la masa este, a la masa de Gran Tarajal y a la de Sotavento de Jandía.

El plan recoge un análisis cuantitativo, de la cantidad de agua que hay y la cantidad de agua que se extrae y otro análisis químico que recoge los riesgos. Tres de ellas están en buen estado cuantitativo, con el horizonte puesto en el año 2021. La que no lo está es la de Gran Tarajal.

Sin embargo, desde el punto de vista químico, las cuatro están en mal estado, según los objetivos medioambientales que se describen en el plan de valoración del nivel de riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales establecidos por la directiva marco del agua. Todas las masas de agua subterránea se clasificaron como en riesgo químico por salinidad y asociada a los procesos de contaminación por nitratos.

A su vez, en todas las masas, excepto en la de la cuenca de Gran Tarajal, hay un equilibrio entre la extracción y la recarga, ya que se extrae mucho menos de lo que se infiltra. El índice de explotación en Gran Tarajal es de dos veces y media el recurso renovable estimado para esta masa de agua y, por tanto, muy superior al 0,8 considerado como valor frontera.

Por otra parte, existen incumplimientos en todas las masas de agua subterránea en más de la mitad de los puntos de control existentes. En Pájara se han detectado concentraciones que exceden el valor umbral para nitratos en un tercio de los puntos de control “posiblemente relacionados con la actividad agrícola”. En otros puntos se registran concentraciones superiores a los valores umbrales de cloruros, conjuntamente a los de sulfatos o conductividad eléctrica.

Entre las fuentes de contaminación están las actividades ganaderas, las agrícolas, el uso de fertilizantes y pesticidas, vertidos de núcleos urbanos sin red de saneamiento, filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados, vertederos de residuos sólidos urbanos, vertidos sobre el terreno, extracciones, usos industriales, canteras y minas a cielo abierto.

En el plan se fijan programas de control y seguimiento en 33 puntos de control que corresponden con 16 pozos tradicionales y 17 sondeos, la mayoría de ellos de gestión privada. Sobre las captaciones subterráneas abandonadas, el Consejo insular de aguas debe proceder a su sellado.

El Consejo debe acometer las medidas de gestión conducentes al efectivo control de las captaciones de aguas subterráneas, que pasa por contactar con los titulares, comunicarles la normativa y dar un plazo para comprobar si los pozos están llevando las medidas de control, como un tubo adecuado y un contador.

El Consejo, además, “debe exigir la remisión periódica de datos de lecturas de contador y analíticas básicas, aplicando el régimen sancionador en caso necesario”.

Situación futura

“Se tiene constancia -señala el documento- de que el modelo planteado no se ha aplicado con rigor y/o las medidas y normas no han sido suficientemente efectivas, por lo que la situación puede haber empeorado”.

De hecho, desde la aprobación del Plan Hidrológico de Fuerteventura de 1999 ha aumentado considerablemente la instalación de estaciones depuradoras y consecuentemente la extracción. Esta situación incluso se ha visto fomentada por la ejecución de redes de rechazo de uso gratuito, ejecutadas con financiación pública.

Es más, el avance del PIOF en un afán de dar impulso a una agricultura innovadora, propone la instalación de colectores para el rechazo de salmuera de desalinizadoras asociadas a extracciones sobre niveles profundos. “Por tanto, de ser así, la situación seguirá agravándose en el futuro”.