A José Antonio Newport lo envuelve el ruido de la polémica en cada iniciativa empresarial de envergadura a la que ha puesto su sello recientemente en Fuerteventura. Acaba de pasar por el Juzgado en la causa penal impulsada por sus socios en Dreamland, la tramitación del parque temático ha caducado, ha trascendido un pleito por las parcelas del Plan de Modernización de Caleta de Fuste y el clima político favorable a la línea marítima que abandera con Tarfaya, donde tiene importantes intereses inmobiliarios, se ha enfriado en los últimos tiempos.

La pesadilla Dreamland. Newport cruzó en silencio el umbral del edificio que aloja el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Puerto del Rosario el pasado 28 de mayo, por la instrucción penal en la que se investigan supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida y delitos societarios en el caso Dreamland. Dentro tampoco abrió la boca: se acogió a su opción de no declarar. Sus socios en el parque temático -Volcano Films y Alquimia Venture Capital- le han puesto dos querellas: una por presunta administración desleal, apropiación indebida y delitos societarios, y otra por administración desleal y delito societario de imposición de acuerdos lesivos por mayoría ficticia.

Newport trató de conseguir, sin éxito, la aprobación final de Dreamland, que el Cabildo acaba de caducar y denegar

El “plan delictivo” de Newport, que denuncian quienes aseguran que son quienes idearon originalmente Dreamland, al que el empresario majorero se habría sumado después, consiste básicamente en plantear el proyecto en Gran Canaria sin su consentimiento, pese a ser los dueños de la mitad de la empresa.

Otro capítulo de ese supuesto plan fue diluirlos de forma indirecta en el accionariado de una nueva sociedad constituida con Lopesan, en marzo de 2023, para dejarlos en apenas un 12 por ciento del accionariado. O traspasar en la práctica activos de la empresa original a la nueva mercantil y asumir cuantiosos compromisos, como la compra de un antiguo campo de golf en Telde por cinco millones al hotelero Eustasio López o el patrocinio del Club Baloncesto Gran Canaria durante seis temporadas por unos cuatro millones de euros.

El conflicto entre socios ha llegado al punto de que Newport se ha atribuido casi el 87 por ciento del control de la empresa y ha intentado, por ahora sin éxito, subastar más de un tercio de las acciones de la compañía, propiedad de los querellantes. La subasta se ha frenado por el momento, pero añade complejidad a una maraña de acusaciones que hace difícil una salida pacífica al margen de los Juzgados.

Proyecto caducado. Lo cierto es que del proyecto Dreamland en Fuerteventura solo queda el caso Dreamland en los Juzgados de Puerto del Rosario. Los trámites de información pública y de consulta a las administraciones, después de la discutida declaración de interés insular aprobada en pleno el 28 de noviembre de 2022, están caducados. Así lo ratificó este lunes el pleno del Cabildo de Fuerteventura, que votó la denegación final de la declaración de interés insular, con la sola abstención de Sergio Lloret.

Del proyecto Dreamland en Fuerteventura solo queda el caso Dreamland en los Juzgados por las querellas de dos socios

El 13 de febrero de 2023 finalizó el plazo para que particulares, asociaciones e instituciones formulasen sus alegaciones e informes. Se recibieron 152 alegaciones de colectivos y personas a título individual, y 28 informes sectoriales, de los que se dio traslado al promotor una semana después. Los dictámenes desfavorables de la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias pusieron los primeros clavos en el ataúd del proyecto, junto al Parque Natural de las Dunas de Corralejo. En cuanto al procedimiento, la ley contempla un año de plazo para que el promotor dé respuesta a las objeciones y proceda, en su caso, a la modificación del proyecto o estudio de impacto ambiental, y desde el Cabildo se eleve el expediente al órgano ambiental. Ese plazo expiró el pasado mes de febrero.

Aunque en el último año se ha puesto el foco en la hipotética ejecución de Dreamland en Gran Canaria, Newport nunca ha descartado ni desistido del proyecto en Fuerteventura. En agosto del año pasado, el empresario le insiste al Cabildo majorero que continúe con el expediente del parque temático, en la ubicación prevista inicialmente. En noviembre de 2023 y en enero de 2024, Newport solicita el impulso de los trámites.

El Cabildo le contesta a finales de enero y le apunta que no es suficiente con que manifieste su intención de continuar adelante, sino que debe tener en cuenta el contenido de los informes, como los desfavorables del Gobierno canario, para elaborar un nuevo estudio de impacto ambiental o para justificar la razón por la que no los ha considerado. El último intento de Newport de hacer como si no pasara nada se produce el pasado 19 de febrero, al borde de la caducidad de los trámites, al pedir que el Cabildo dictase una resolución favorable a sus intereses.

Sin embargo, en abril los servicios jurídicos del Cabildo elaboran un informe en el que concluyen que el plazo de tramitación de Dreamland ha caducado y recoge otros motivos para denegar la declaración de interés insular definitiva, como que el proyecto supondría una transformación urbanística completa de un suelo rústico aislado, una pieza de 160.000 metros cuadrados, lo que requeriría una evaluación ambiental estratégica, que no se solicitó.

El cauce que siguió Newport fue tratar Dreamland como un proyecto que se ejecutase en un espacio urbanizado, en vez de partir de que se trata de un suelo rústico aislado, con la conexión de agua más próxima a 10 kilómetros y la de energía eléctrica a más de cuatro kilómetros de distancia. También el informe técnico del Cabildo, de principios de mayo, incide en que el parque temático para turistas realmente es el motor económico de Dreamland, con previsiones de 18 millones de ingresos al año, seis veces más que los estudios de cine, cuyo uso era la justificación de la declaración de interés insular.

Pleito en Caleta de Fuste. En medio de las acciones judiciales del caso Dreamland, ha trascendido otro procedimiento que interpuso la empresa gallega Costa Caleta Miraflores, que era titular de los más de 305.000 metros cuadrados del denominado Sector 2 de Caleta de Fuste, cuya ordenación salió adelante en el Plan de Modernización de la localidad, aprobado en junio de 2022 por el Gobierno de Canarias.

Ha trascendido otro pleito judicial por la operación de compraventa de 305.000 metros cuadrados en Caleta de Fuste

En las escrituras que forman parte del expediente se recogen los detalles de las seis fincas, que incluyen una condición para resolver el contrato de la operación inmobiliaria: el precio de la venta a Newport era de 10,5 millones de euros. El empresario retenía 200.000 euros para la tramitación del Plan de Modernización. Otro millón y medio de euros se correspondía con asumir la deuda tributaria que pesaba sobre las parcelas y una cantidad similar por afrontar la deuda con otra empresa. Más de siete millones tenían que desembolsarse por parte de Newport antes del plazo de nueve meses desde que se aprobase el Plan.

Si no pagaba y se resolvía la compraventa, la empresa gallega se obligaba a facilitar la entrada como socio de Newport por los gastos en que hubiese incurrido y un porcentaje adicional. En un Juzgado de Gran Canaria se analizan los supuestos incumplimientos denunciados por la empresa gallega, que consiguió como medidas cautelares que se impidiese la venta de las parcelas, que Newport tiene en su portal inmobiliario.

Tarfaya depende de Torres. En su división inmobiliaria, Newport mantiene el dossier del polígono industrial de 300.000 metros cuadrados a las afueras de Tarfaya. La reactivación de la línea marítima, de la que el empresario se ha erigido en rostro visible, ha llegado al Congreso y al Senado. Desde Sumar a PP, pasando por Vox, se han preocupado de si hay recursos materiales y humanos para que no se convierta en un riesgo de seguridad y para la salud, como han alertado organizaciones y empresas del sector primario.

La efervescencia política de los primeros meses de 2024 a favor de una línea se ha ido evaporando en los últimos tiempos

El Gobierno central ha echado balones fuera con respecto a la seguridad: “En el momento en que la línea marítima con Tarfaya se establezca, y en función de las necesidades, se valorará incrementar el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bien de forma permanente, bien con apoyos puntuales”. En una respuesta oficial, asegura que el Ministerio de Sanidad “no ha recibido ninguna solicitud para que se autorice” en Puerto del Rosario “un nuevo Puesto de Control Fronterizo para el control de partidas de productos de origen animal o no animal de consumo humano”. En el muelle capitalino hay un puesto para productos de origen no animal, “si bien prácticamente no tiene actividad”.

En cualquier caso, el Gobierno deja claro que es el Ministerio de Política Territorial el “responsable orgánico de los servicios de inspección de los Puestos de Control Fronterizo”, al que le toca dotarlos de “medios materiales y personales”. El titular del Ministerio es Ángel Víctor Torres y el administrador de la sociedad Puerto de Tarfaya Canarias su antiguo consejero de Sanidad, Blas Trujillo.

Con todo, la efervescencia política de los primeros meses de 2024 a favor de una línea, que ya en el pasado se valoró que fuera subvencionada en su arranque, se ha ido evaporando. En círculos políticos se reconoce que la exposición de Newport “no ayuda a defender públicamente un proyecto que puede ser beneficioso para Fuerteventura”.