El director general de Costas, Antonio Acosta, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo canario quiere llegar a un acuerdo con el español en la aplicación de la Ley de Costas y en defensa de los núcleos costeros, pero, si no es posible, están dispuestos a llegar incluso a los juzgados.

Antonio Acosta, que compareció en comisión parlamentaria a petición del grupo Socialista para exponer las actuaciones contempladas en aplicación de la Ley de Costas en los asentamientos costeros de las islas, ha insistido en la falta de entendimiento con la administración central, que los reclama por estar en dominio público.

Ha subrayado que esos núcleos costeros no son "simples" zonas de dominio público sino que forman parte de la historia de Canarias, y ha recordado que de los 88 municipios de la comunidad autónoma 77 tienen mar, y Acosta ha indicado que en la Ley de Costas se "mide con la misma cinta" todos los litorales de España.

Y, ha recordado, no tiene nada que ver el litoral de Canarias con el de Galicia, ni éste con el del País Vasco, por lo que el director general de Costas ha abogado por una Ley de Costas moderna y, entre otras cuestiones, los propietarios de viviendas en núcleos costeros no tengan problemas jurídicos.

Antonio Acosta ha comentado que hay tanta diferencia entre comunidades autónomas que Cataluña tiene dos núcleos costeros uno de ellos con unas 850 viviendas, mientras que en Canarias el más grande no llega a 200, en un litoral de más de 1.500 kilómetros de costa.

El director general de Costas ha indicado que hay una Ley de Costas estatal que hay que cumplir porque de lo contrario no se tendrá respaldo jurídico para defender a los propietarios de las viviendas en los núcleos costeros.

Canarias está redactando un proyecto de Ley de Costas que, ha asumido el director general, no estará por encima de la de ámbito estatal pero servirá para ordenar cada circunstancia en el litoral canario.

El socialista Rafael Nogales, apunta que sólo en Fuerteventura hay al menos 137 expedientes sancionadores con sentencias firmes, en La Oliva, Pájara, Antigua y Puerto del Rosario

Durante su comparecencia, Antonio Acosta ha insistido en que el Estatuto de Autonomía da competencias plenas a la Comunidad Autónoma en materia de costas, pero en 2022 se firmó un acta en el que se renunció a gran parte de las mismas, ya que el Estado se reserva una parte, mientras que Canarias se ha quedado con otra, y hay otras compartidas.

El director general de Costas ha destacado la importancia de los núcleos costeros y que el Estado se ha reservado como zonas de dominio público aquellas en las que están esos asentamientos.

El dominio público no afecta a todos los núcleos costeros, y por ello se ha encargado a la empresa pública Grafcan que haga un estudio somero de cada asentamiento y otro posterior específico de cada vivienda.

Solución para los propietarios

El diputado del grupo Mixto, Raúl Acosta, ha manifestado que es preciso hacer comprender la idiosincrasia de los núcleos costeros de Canarias y encontrar una solución para los propietarios de esas viviendas construidas en lo que se define en la ley como espacio marítimo terrestre y por lo tanto de dominio público.

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández se ha mostrado partidaria de preservar esos enclaves, y que su mantenimiento sea compatible con la protección del litoral e impedir nuevas construcciones.

Juan Manuel García, del grupo Popular, ha dicho que la Ley de Costas tienen que tener una aplicación diferenciada en un territorio fragmentado y alejado del continente como es Canarias, con respecto a la España peninsular.

La diputada del grupo Nacionalista (CC) Jana González ha destacado que es vital el traspaso de competencias en materia de costas, pero, ha opinado, parece que "no se fían" de que la comunidad autónoma pueda autogobernarse en esta materia.

Rafael Nogales, del grupo Socialista, ha apuntado que la Ley de Costas es la misma que antes del traspaso de competencias y puede cambiarse si no gusta, y ha comentado que sólo en Fuerteventura hay al menos 137 expedientes sancionadores con sentencias firmes, en los municipios de La Oliva, Pájara, Antigua y Puerto del Rosario.