La Unión Europea acaba de acelerar la puesta en marcha de 47 proyectos de minería en distintos países (7 de ellos en España) pasando por encima de las legislaciones nacionales y locales, con el argumento de que estas extracciones son claves para el sector de la Defensa, los coches eléctricos o la tecnología.

Son las llamadas ‘tierras raras’ (ya saben: una serie de elementos químicos muy escasos), que actualmente están siendo utilizadas como herramienta de chantaje por Trump y Putin para repartirse Ucrania a cambio de la paz. O que está detrás de las amenazas (de nuevo trumpistas) sobre el futuro y la democracia en Groenlandia.

El oscurantismo con el que la UE está tomando estas decisiones sobre la minería de tierras raras, sin informar, consultar ni escuchar a las administraciones locales y regionales, es propio de la forma de actuar de los fondos de inversión internacionales. Ellos ponen y quitan leyes, cuando no gobiernos. Ellos mandan, en Europa obedecen.

En Fuerteventura conocemos suficientemente bien las tierras raras y sus consecuencias sobre el territorio. No consiguieron engañarnos.

También sabemos cómo se mueven estas grandes empresas y sus ‘lobbys’. Buscan su objetivo, hacen números, contratan investigadores (si son universitarios mejor) para que elaboren informes que den una apariencia científica y pública a sus negocios.

Luego se lanzan a por los terrenos (los alquilan, expropian o directamente los usurpan con declaraciones de supuestos intereses generales). Mientras, presionan a pueblos y gobiernos para hacer valer sus números de beneficios con la excusa del cambio climático.

Aquí se encontraron con una ciudadanía activa y experimentada en la lucha contra estas multinacionales en batallas anteriores como la del petróleo o la eléctrica que aún nos ocupa.

Por eso la reacción local contraria les pilló por sorpresa, les pilló haciendo números.

Aunque políticos canarios como López Aguilar, convenientemente activado previamente, tejían una red de apoyos locales para mover voluntades a favor de las tierras raras; los vecinos y vecinas se organizaban y coordinaban con los ayuntamientos y el Cabildo para plantarse ante el Gobierno de Canarias.

Desde aquí conseguimos que Canarias fijara su posición con claridad: no a la minería de tierras raras en Fuerteventura. Y la estamos haciendo valer.

Estas semanas pasadas, cuando la UE debatía sobre qué proyectos de tierras raras debía marcar con la cruz de prioritarios para imponer su explotación, seguro que mucho ha tenido que ver la contundente oposición de la sociedad majorera y de sus instituciones para no autorizar esta minería en la Isla.

Pero la batalla no ha terminado. En Canarias estos proyectos están descartados, lo tenemos claro en los ayuntamientos, en el Cabildo y en el Gobierno. Pero sobre todo lo tiene claro la sociedad majorera.

Ahora, más que nunca, tenemos que estar vigilantes ante el Gobierno de España y en la Unión Europea para que ellos también tengan siempre presente que este pueblo rechaza la minería de tierras raras. Está informado, concienciado y activado contra esta minería. No va a aceptar que se la impongan. Vengan de donde vengan. 

* Presidenta del Cabildo