El decreto ley 5/2024 por el que se modifica la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias atenta contra el territorio y vulnera la autonomía de los gobiernos locales e insulares, concretamente las competencias en planificación y ordenación. Así lo manifestó ayer la presidenta insular, Lola García, en asamblea general de la Federación Canaria de Islas (FECAI) y lo ha reiterado este martes el consejero de Residuos, Enrique Pérez, en Comisión General de Cabildos Insulares.

En palabras de Lola García, "es cierto que la ley trata cuestiones importantes para luchar contra el cambio climático, pero no debemos permitir que se utilice para favorecer la instalación de infraestructuras energéticas de manera descontrolada, sin respetar la planificación local, con el riesgo que esto supone para el territorio desde el punto de vista paisajístico y medioambiental".

El Cabildo de Fuerteventura ha presentado las correspondientes alegaciones al decreto ley, advirtiendo que, en primer lugar, "el decreto debió tramitarse como un proyecto de ley para propiciar el debate parlamentario y la participación, de manera que se respete el modelo de cada una de las islas". Además, "las zonas de implantación de energías renovables deben fomentarse de manera que sea cada isla la que decida en base a sus planes territoriales energéticos, propiciando un modelo más social (público/privado)".

"Somos claros ahora y lo hemos sido desde el principio: la planificación energética debe tratarse con cabeza, utilizando criterios técnicos y objetivos". Probablemente, prosiguió García, haya previstas en Fuerteventura más infraestructuras energéticas que en el resto de las islas juntas. "Más de medio centenar de instalaciones que salpicarán Fuerteventura de norte a sur, con el daño paisajístico y medioambiental que esto supone para el modelo de Isla que queremos y para todos los que aquí vivimos".