-Acaba de salir el decreto-ley que modifica la Ley del Cambio Climático de Canarias y usted dice que el nuevo texto se basa en la agilidad. ¿Agilidad para conseguir qué?

-Agilidad para las dos medidas fundamentales en la lucha contra el cambio climático: mitigación y adaptación. Respecto a la primera, lo fundamental es avanzar en la descarbonización, que a su vez tiene que ver con la penetración de las energías renovables, porque ahora mismo estamos en una muy mala situación, con un porcentaje de generación de renovables de solo el 19 por ciento, y el objetivo fijado para 2030 es alcanzar el 58. Y es preciso agilizar de la mano de los cabildos insulares, estableciendo las zonas de aceleración de renovables acordadas entre todos. Porque o tomamos las decisiones aquí o las tomará Europa por nosotros. Nos hemos sentado con los cabildos para cruzar la información y ver qué zonas de cada isla son idóneas paras las instalaciones de renovables, algo que agilizará plazos, con estudios de impacto ambiental previos y declaraciones de impacto abreviadas para los nuevos parques de renovables.

-¿Y en cuanto a las medidas de adaptación?

-El cambio climático lo tenemos encima, esa es la realidad. Los planes insulares y generales se tramitan en diez años de media y los actuales no han previsto medidas de adaptación, esto es algo que nos ha explotado en la cara. Por eso en este decreto-ley introducimos los proyectos de acción climática, lo que hará viable la ejecución de obras que puedan hacer frente al calentamiento global.

-¿A qué obras se refiere?

-Por ejemplo, obras de protección del litoral, así como refugios climáticos en ciudades, como parques y zonas verdes, es decir, todas aquellas que permitan reducir la temperatura y ofrecer espacios de protección a las personas ante las olas de calor.

“Sé que es difícil alcanzar los objetivos planteados, ese 58% de generación renovable en el año 2030; pero vamos a intentarlo”

-Por ejemplo, ¿qué diferencia de tramitación habrá para un proyecto de energías renovables respecto a la legislación anterior?

-Una muy importante: los inversores vendrán y sabrán desde el primer día en qué zonas específicas pueden desarrollar un proyecto. Esto ya es un avance en seguridad jurídica que hasta ahora no ha existido. Y segundo, ese inversor va a ahorrarse trámites en la declaración de impacto ambiental por tener un trabajo previo realizado por las administraciones públicas, en el que quedará claro si un proyecto de renovables respeta la biodiversidad y el medio ambiente de la zona donde pretenda estar ubicado. Por supuesto, no estarán autorizados proyectos de renovables en espacios naturales protegidos o de la Red Natura 2000.

-España vive una auténtica revolución de la producción de energías renovables, pero Canarias sigue a la cola. ¿Cuál es su escenario para el despliegue en las Islas?

-Hay que tener en cuenta que Pedro Ortega, consejero del Gobierno entre 2015 y 2019, fue quien logró elevar el porcentaje de generación renovable del 9 al 19 por ciento. Sin embargo, durante la legislatura pasada poco o nada avanzamos en este campo. Espero dar pasos al frente, no puedo comprometerme con una cifra y sé que es difícil alcanzar los objetivos planteados, ese 58 por ciento de generación renovable en 2030. Vamos a intentarlo y estamos poniendo toda la carne en el asador, modificando leyes y buscando alternativas.

-¿Y el camino lo marca la eólica o la fotovoltaica?

-El camino está de la mano de la eólica, de la fotovoltaica, de la eólica marina, del hidrobombeo y de la geotermia, que son las opciones que tenemos abiertas ahora mismo en la Consejería. A la fotovoltaica le hemos dado una vuelta de tuerca con la modificación de la ley, sobre todo en suelos antropizados, porque fomentamos la creación de auténticas autopistas para la generación de energía renovable, con instalaciones en cubiertas, aparcamientos, embalses, invernaderos..., y solo hará falta una declaración previa para autorizarlas. Al mismo tiempo, las cubiertas de todos los edificios de nueva construcción deberán incorporar instalaciones fotovoltaicas.

“Es verdad que la población muestra signos de alejamiento respecto al despliegue de las renovables, porque no ve los beneficios directos”

-¿Cree en el despliegue de la eólica marina?

-Hemos creado la mesa de la eólica marina, buscando una voz única, y tenemos el compromiso del Ministerio para que Canarias sea la primera comunidad autónoma donde se desarrolle esta variante, como es sabido en la isla de Gran Canaria.

-¿La geotermia tiene recorrido real o es una ficción?

-Hemos sido concesionarios de más de 110 millones de euros para la exploración en Gran Canaria, Tenerife y sobre todo La Palma, porque debemos saber si esta fuente de energía es factible. Si lo fuera, supondría un nuevo paradigma para el modelo energético, al contar con una fuente de energía gestionable durante 24 horas que, por ejemplo, en La Palma facilitaría cumplir los objetivos de generación renovable de un plumazo.

-¿Usted entiende las dudas y críticas de la Fecam sobre el contenido del decreto-ley?

-Le puedo dar datos. Hicimos llegar el borrador de esta ley a la Fecam el 6 de junio, y les dimos de plazo hasta diez días después. De hecho, presentaron alegaciones y algunas las hemos tenido en cuenta, todas las que podían ser incluidas y que eran jurídicamente aceptables. Estos decretos-ley no suelen llevar tanto diálogo, y en este caso lo hemos retrasado para mantener este diálogo con cabildos y ayuntamientos. Creo que la presidenta de la Fecam [Mari Brito, alcaldesa de Candelaria] se ha quedado sola en su reclamación, y me temo que está sosteniendo una posición política más de su partido [el PSOE] que de la propia Fecam. De todas maneras, tendemos la mano para sentarnos de nuevo con los ayuntamientos en el desarrollo reglamentario de esta ley. Pero quiero recordar que hemos tenido más de cincuenta reuniones con todos los sectores implicados y las administraciones durante la tramitación de este decreto-ley. Diría que esta ley está más participada que la anterior.

“Los proyectos de acción climática harán viable la ejecución de obras en las ciudades que puedan hacer frente al calentamiento global”

-Usted se ha reunido con los empresarios, que han expuesto su criterio favorable a esta ley. ¿No piensa convencer a los ecologistas?

-También nos hemos reunido con los colectivos ecologistas y ambientalistas, que en general han visto con buenos ojos el sentido práctico que le hemos aplicado a esta ley, retirando literatura ideológica para ser más eficaces en busca de objetivos comunes. Creo que entienden que se trata del único camino para lograr la transición ecológica real en Canarias. Y también hemos encontrado reparos del sector empresarial, no todo ha sido una alfombra roja. Es difícil, casi imposible, sacar adelante una normativa que contente a todo el mundo, estamos en un momento crítico y eso es positivo porque nos obliga a ponernos las pilas y sacar el mejor texto posible para obtener los objetivos de descarbonización. Y entendemos que es este.

-Respecto a las medidas de adaptación al cambio climático, ¿se puede decir que a las ciudades canarias les faltan árboles?

-Faltan árboles y faltan zonas de refugio climático, y más en un contexto en el que las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Tenemos que buscar espacios de protección en nuestras calles, y eso se logra a través de los espacios verdes. Es verdad que se trata de una medida más a medio y largo plazo, a través de los planes generales de los ayuntamientos, pero esta visión creo que demuestra que esta ley no renuncia a ninguno de los objetivos respecto a la lucha contra el cambio climático. Lo que pasa es que lo hacemos de un modo distinto, con una perspectiva práctica, para que afecte de modo directo a la sociedad canaria.

-La sociedad canaria, en ocasiones, no quiere instalaciones renovables cerca de su casa, de sus fincas... Y es porque percibe que esto es una cosa de gigantes, de multinacionales. ¿Esto se puede cambiar, se puede democratizar?

-Lo estamos intentando. Es verdad que la población muestra signos de alejamiento respecto al despliegue de las renovables, porque no ve los beneficios directos de la instalación de un parque fotovoltaico o eólico. Por eso queremos que haya más participación canaria en los proyectos de renovables, en particular en aquellos con más de dos megavatios. Es el modelo que le conviene a Canarias, que tiene que encontrar su propio camino en el despliegue de las renovables, con participación de la ciudadanía y de las administraciones locales.