-Las urbanizaciones paralizadas de Playa Blanca, que se encuentran en una zona envidiable de la ciudad, se han convertido en refugio de centenares de personas sin hogar. ¿Cómo afronta esta situación el Ayuntamiento de Puerto del Rosario? ¿Existe una solución?

-Para entender lo que sucede habría que remontarse a los orígenes de la urbanización. Aunque, en su momento, desde el Ayuntamiento se concedieron licencias, con el Plan General de Ordenación (PGO) de 2017 esa zona quedó clasificada como suelo urbano no consolidado. El Plan General, en lugar de solucionar los problemas, dejó esas promociones al margen y ahora es necesario modificar el planeamiento. Es lo que vamos a hacer en este mandato, para dar seguridad jurídica, posibilitar su culminación y que se consolide urbanísticamente. No solo en Playa Blanca, sino también en Puerto Lajas norte, en el barrio nuevo de El Matorral, para contemplar el uso residencial y el de servicios, o en Rosa Vila. Hemos estudiado caso por caso, con la repercusión económica para cada propietario o promotor. De hecho, ya nos han llegado varios de los informes solicitados y la intención es que las modificaciones del Plan General salgan en este mandato. Son fundamentales porque, con la actual situación urbanística de Playa Blanca, si mañana se quisieran hacer obras en la urbanización, que hay que reestructurar, y concluir las viviendas, no sería un trámite automático.

-En cuanto al fenómeno de la ocupación, sin duda se está produciendo una evolución del perfil de las personas que la están llevando a cabo, por las dificultades, en muchos casos, para encontrar vivienda. ¿Qué papel juega el Ayuntamiento?

-El Ayuntamiento de Puerto del Rosario está ofreciendo todas las prestaciones sociales que puede dar, y elaborando los informes de vulnerabilidad social que corresponden. Pero no somos los propietarios de las viviendas y no podemos decirle a nadie que se puede quedar en esas edificaciones. Existe un problema importante, que es el de la salubridad de esos inmuebles. Como institución municipal, nuestra obligación, y es lo que hemos hecho, ha sido notificar la situación a los propietarios de las viviendas, en este caso la Sareb [Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria]. Como no existía una comunicación fluida, nos desplazamos a Madrid, a su sede, para trasladarles un dossier donde se detallaban todos los problemas de seguridad y la ocupación de esas viviendas. A partir de ahí se ha efectuado una visita coordinada, con el Ayuntamiento, Servicios Sociales, Policía Local y responsables de la Sareb, para ver in situ el estado de esos inmuebles y tratar de llegar a algún acuerdo con las personas que están ocupando. Nos consta que la Sareb ha iniciado procedimientos judiciales para la desocupación de las viviendas y que está buscando sacarlas a subasta o llegar a un convenio con el Gobierno de Canarias en algunas zonas, como Rosa Vila, que sí es una urbanización terminada y recepcionada por el Ayuntamiento. Sobre el estado actual de esas viviendas, hay que destacar que muchas personas vienen de la ocupación de La Oliva o de Lanzarote y que no son residentes en Puerto del Rosario.

“Habrá cambios del PGO en Playa Blanca, Puerto Lajas o El Matorral”

-Desde las instituciones, ¿existe voluntad real de paliar la falta de vivienda disponible en el mercado a través de la promoción pública?

-Desde luego. Por eso hemos emprendido varias líneas de trabajo para abordar el problema de la vivienda. Una de ellas con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda que dirige Pablo Rodríguez y, en concreto, con el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), para reactivar la construcción en aquellos suelos ya cedidos por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario o que son propiedad de la Comunidad Autónoma en la capital de la Isla. El objetivo es construir un parque de vivienda pública, bien vivienda de protección oficial o destinada al alquiler social. En el municipio de Puerto del Rosario hay más de 9.000 metros cuadrados que están en manos ya del Gobierno de Canarias, con capacidad para albergar hasta 239 viviendas de promoción pública.

-¿Dónde irían emplazadas?

-Un total de 28 viviendas protegidas de promoción pública irían en El Matorral, en la calle El Bernegal: El Gobierno autonómico acaba de anunciar que ha aprobado el proyecto de ejecución, con un presupuesto de 5,3 millones de euros. Esta promoción se desarrollará en el marco del Plan canario de Vivienda. También se ha adjudicado la redacción del proyecto de 24 viviendas en la urbanización de Rosa Vila, que es otra de las zonas donde hay suelo disponible. Luego hay una parcela de casi 2.000 metros cuadrados, para 47 viviendas, en la calle Don Quijote, de Puerto del Rosario. Y otros 4.000 metros cuadrados para unas 140 viviendas en la calle Cisneros, en El Charco. En este último caso se está con los estudios previos, para luego afrontar la redacción del proyecto y la búsqueda de financiación para 2025, que es lo que nos trasladaron en la última reunión con el Gobierno.

“A corto plazo se ampliará la depuradora en 6.000 metros cúbicos”

-¿Saben a cuánto asciende la demanda de vivienda en Puerto del Rosario, cuántas personas que quieren acceder a una casa en el mercado libre no pueden?

-A día de hoy, lo que sabemos con datos oficiales del Registro público de demandantes de vivienda protegida de Canarias, es que en toda la isla de Fuerteventura hay 915 personas inscritas. Del total de solicitudes, 650 son de Puerto del Rosario. La mayoría para vivienda protegida privada en alquiler, unas 300 personas, pero también para alquiler de vivienda pública, más de 250. También somos conscientes de que no todos los demandantes reales están inscritos y que hay momentos puntuales que familias precisan de una vivienda y no la encuentran.

-Puerto del Rosario tiene un planeamiento reciente pero, con la recuperación económica de los últimos años y la demanda de vivienda y otros servicios que hay, el cielo de la ciudad no se ve plagada de grúas. ¿No hay interés de la iniciativa privada por invertir?

-Hay planes parciales que han estado paralizados durante años y desde el Ayuntamiento se está tratando de desbloquear problemas urbanísticos concretos en algunas zonas. Y también hay promotores que cuentan con licencia. Pero hay que tener en cuenta que Puerto del Rosario ha llegado al límite de su capacidad de depuración de aguas. Eso es un factor limitante para el que hemos buscado soluciones urgentes, como la ampliación de la planta depuradora. El objetivo a corto plazo es sacar adelante una ampliación de la capacidad en 6.000 metros cúbicos de aguas residuales más. De esta forma se cubrirá la necesidad actual, pero teniendo en cuenta que, si en el futuro se desarrollan todos los suelos de la ciudad donde se podría construir, y se consolida ese posible crecimiento de la ciudad, nos quedaríamos cortos. La ampliación de la depuradora debe tener el proyecto aprobado este año, obtener la autorización ambiental y sacarla a licitación en 2025. Y, sin detenernos, iniciar otro proyecto de ampliación para tener una capacidad holgada.

“Hemos ofrecido 30.000 metros en Zurita como alternativa para la central eléctrica”

-En los últimos tiempos se han visto algunos movimientos en la urbanización Rosa del Lago, en las proximidades de Puerto Lajas. En su momento los promotores perdieron una reclamación de 69 millones por la aplicación de la moratoria turística y también solicitaron a Costas, sin éxito, la ejecución de una playa artificial. ¿Han mostrado interés en reactivar esta urbanización de 2.500 camas?

-Los promotores de Rosa del Lago han mantenido diversos contactos con el Ayuntamiento, entre otras razones, porque muchos de los puntos de conexión de servicios ya no son válidos. Hay que decir que tienen licencia para ejecutar la urbanización y que están valorando un cambio en el modelo de ordenación. Es cierto que se trata de los pocos suelos turísticos que tiene Puerto del Rosario, con una parte residencial y otra turística, con campo de golf. La licencia se concedió en su momento y no se puede revocar. Lo que nos transmiten es que están intentando reactivar el proyecto, que ha estado parado desde hace más de 15 años.

-En la actualidad, el entorno de Puerto del Rosario se está tapizando de plantas fotovoltaicas. Mientras que se tramita el Plan Territorial Energético de Fuerteventura por parte del Cabildo, la instalación de parques eólicos y solares en el municipio capitalino, con el visto bueno del Gobierno de Canarias, no para... ¿Cuáles son las líneas rojas del Ayuntamiento en materia energética?

-Quiero dejar claro que todas las instalaciones que están en la periferia de Puerto del Rosario han sido autorizadas por el Consejo de Gobierno de Canarias. Se ha venido utilizando el famoso artículo 6 bis de la Ley del sector eléctrico canario [que permite eludir el planeamiento insular o municipal]. Lo grave es que no se está teniendo en cuenta el impacto acumulativo que tienen, en conjunto, todos esos parques solares, que se están analizando como proyectos de forma individual. Lo estamos viendo a la entrada de Puerto del Rosario, donde se ha hecho un anillo de placas solares. Al llegar al gobierno municipal, lo primero que hicimos fue oponernos de forma contundente a que el Gobierno siga utilizando un procedimiento extraordinario, saltándose los instrumentos de ordenación del territorial. Le hemos dejado claro al Gobierno de Canarias: que con estas decisiones están limitando el desarrollo de la ciudad, porque condicionarán durante décadas los usos del suelo. No tenemos ningún enfrentamiento, ni con el Gobierno ni en concreto con el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, pero sí les reprochamos que les haya faltado comunicación y diálogo con las administraciones insulares y locales de Fuerteventura. Que el consejero Zapata saque un decreto ley para agilizar la implantación de los parques fotovoltaicos, saltándose cualquier instrumento de ordenación, nos parece ningunear al Ayuntamiento y al Cabildo. Es cierto que en el pasado se pudo ser lento en contar con una ordenación que definiese los suelos de uso energético, pero desde que Lola García asumió la presidencia del Cabildo, se ha trabajado de forma intensa para tener la planificación, y parece que no se quiere tener en cuenta. También hemos hecho alegaciones al concurso para aumentar la producción energética convencional, porque no queremos que siga ni en la ciudad ni en el entorno urbano, como se pretende. Estamos en contra de perpetuar la ubicación de la central o sus proximidades. Por eso, hemos propuesto una alternativa, cediendo 30.000 metros cuadrados en Zurita, en una zona que consideramos idónea porque no hay residentes alrededor, y reclamamos que las administraciones que tienen la responsabilidad, la acepten.

“El Ayuntamiento iniciará un centro de coordinación municipal del taxi”

-En agosto se entregaron nuevas licencias de taxi para personas con movilidad reducida, después de toda la controversia que se ha generado alrededor de este sector en la capital. ¿El Ayuntamiento ya da por zanjada la problemática?

-Comenzamos el mandato con un problema de unión entre los profesionales del taxi, con dos asociaciones con diferentes sensibilidades y reivindicaciones. Lo que no hay que olvidar es que la responsabilidad de garantizar el servicio es del Ayuntamiento, y de que las licencias del taxi son municipales. Lo primero que hicimos fue constituir la Mesa del Taxi. Uno de los problemas era el litigio que se remontaba a 2017 por la adjudicación de 10 licencias. Lo resolvimos y se consolidaron. Los profesionales se quejaban de que no se habían actualizado las tarifas y, a día de hoy, tenemos unas tarifas que se han incrementado entre un 11 y un 16 por ciento. También se actualizaron las marquesinas, rotuladas con los teléfonos de las entidades para solicitar el servicio. Además, se ha publicado el cuadrante de horarios. Somos conscientes de que hay momentos con mucha demanda en los que faltan taxis. Puerto del Rosario tiene un centenar de licencias y estamos analizando las necesidades. El Ayuntamiento pondrá en marcha un centro de coordinación municipal del taxi, para la atención de los usuarios. Seremos uno de los pocos ayuntamientos que asuma de esta forma la gestión del taxi, que no hay que olvidar que es un servicio público.