Domingo González Arroyo se volverá a sentar en el banquillo de los acusados antes de las próximas elecciones. La Audiencia Provincial de Las Palmas le juzgará el próximo 5 de febrero por atrincherarse en la alcaldía de La Oliva pese a estar inhabilitado para el cargo. La Fiscalía pide para el conocido como ‘Marqués de las Dunas’ una condena de hasta cuatro años de cárcel.

González Arroyo, líder del Partido Progresista Majorero (PPMajo), se convirtió en alcalde tras las elecciones de 2015, pero fue condenado por prevaricación e inhabilitado nueve años por la explotación ilegal de una cantera en la zona del Lomo del Pájaro, que causó un “importante perjuicio” al paisaje protegido de la Isla.

La inhabilitación le impedía desempeñar el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal “o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique una participación en el gobierno municipal”.

La sentencia que inhabilitó a González Arroyo se dictó el 24 de junio de 2015 y la Audiencia la confirmó el 30 de septiembre de 2016. Tras la primera sentencia, tal y como destaca la fiscal Inés Amparo Rodríguez en su escrito de acusación, el ‘Marqués’ tenía “perfecto conocimiento” de que le generaba una “incompatibilidad sobrevenida para el desempeño de las funciones de alcalde y concejal”.

En vez de “proceder de manera inmediata a poner en conocimiento del pleno del Ayuntamiento” que incurría en causa de incompatibilidad para seguir en el cargo, esperó hasta el 10 de noviembre para convocar la sesión plenaria. Eso sí, “a instancia de la oposición”.

El pleno en el que se dio cuenta de la sentencia de inhabilitación se produjo el 24 de noviembre. González Arroyo no abandonó entonces el Ayuntamiento. A pesar de que el alcalde en funciones era ya Pedro Amador, de que la credencial de su sustituto en la Corporación municipal entró el 4 de diciembre y de que “no ostentaba ya el cargo de alcalde del Ayuntamiento”, siguió ejerciendo “actos propios de su anterior condición” de primer edil, con “conocimiento de la ilegalidad de su conducta”.

Entre el 2 y el 17 de diciembre, cuando se produce la comunicación de la Junta Electoral obligándole a dejar el Ayuntamiento, González Arroyo dictó y firmó “como alcalde” múltiples decretos: desde la puesta a disposición de terrenos para la nueva carretera entre Corralejo y Caldereta, a un reportaje fotográfico de ropa con modelos, pasando por una docena de resoluciones de materia urbanística y catastral.

Llegó incluso a personarse en el Ayuntamiento de La Oliva el 22 de diciembre y a firmar varios decretos, delegando competencias entre los concejales que le eran afines y pretendiendo revocar la designación de Pedro Amador como primer teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno, aunque legalmente era Amador el alcalde en funciones.

“Cambió las cerraduras”

Para “impedir” a Pedro Amador el “adecuado desempeño de las funciones propias de alcalde” que le “correspondían”, Domingo González Arroyo “ordenó cambiar las cerraduras del Ayuntamiento”.

Además, continuó ejerciendo actos propios de la condición de alcalde hasta el 30 de diciembre, cuando fue desalojado por agentes de la Policía Local de Antigua.

Acusación

La Fiscalía acusa a González Arroyo de un delito de usurpación de funciones públicas, por el que solicita tres años de prisión, y de otro delito de coacciones, por el que pide un año de cárcel.

En caso de que no se considere que proceda condenar a González Arroyo por usurpación de funciones, el Ministerio Fiscal plantea “subsidiariamente” que se le condene por prevaricación, con inhabilitación para empleo o cargo público durante 12 años, manteniendo la petición de un año de cárcel por coacciones.