La Audiencia Nacional ha suspendido la ejecución del desahucio de una mujer jubilada y de su hijo con discapacidad. Es una batalla ganada, aunque no la guerra, para Lola Hernández y Alejandro, que malviven desde hace décadas en un deteriorado barracón militar dentro del acuartelamiento del Regimiento de Infantería Soria 9.

El marido de Lola era legionario y llegaron a Fuerteventura en los años 80, procedentes de la Línea de la Concepción. Al principio residieron en una casa militar, pero luego fueron obligados a mudarse a un barracón. Allí vivió el matrimonio y sus cuatro hijos. El padre se marchó y en el barracón siguen viviendo Lola y Alejandro, con una discapacidad del 65 por ciento.

La historia de esta madre y su hijo se contó en Diario de Fuerteventura en junio de 2018. Entonces confiaban en poder acceder a una vivienda social o a un alquiler asequible para su precaria economía familiar. Ya entonces se quejaban de que en el Ejército no les prestaban ayuda y que el barracón estaba en unas condiciones deplorables, con agujeros, sin cristales ni puertas.

Si su situación era mala, empeoró. El 18 de abril de 2024, la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa dictó una resolución en la que acordó “la extinción del título que otorgaba el derecho de utilización del barracón” en el denominado “poblado legionario” de Puerto del Rosario. Se trata de una hilera de barracones en el interior del recinto militar, a los que se accede desde una entrada por la calle Gran Capitán.

La defensa de la familia recurrió la resolución del Ministerio de Defensa, que hizo caso omiso a las alegaciones y denegó su petición en junio del año pasado. El siguiente paso fue interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. En la demanda se solicitó la apertura de una pieza de medidas cautelares, para evitar que la resolución del Ministerio se ejecutara y dejara sin efecto una hipotética sentencia a favor de Lola y de su hijo.

En ese sentido, la Audiencia recuerda que las medidas cautelares tienen su fundamento en “evitar que el tiempo necesario para decidir el litigio cree una situación irremediable que le haga perder su finalidad”, así como para “asegurar la efectividad de la resolución que ponga fin al proceso”.

Lola y su hijo Alejandro llevan desde los años 90 malviviendo en un barracón

Además de “extinguir el título” por el que la familia ha venido ocupando el barracón, al menos desde el año 1998, en la resolución del Ministerio de Defensa se decretaba el desahucio. Sin embargo, la Audiencia Nacional acuerda suspender la ejecución de la orden de Defensa, ya que si la sentencia fuese estimatoria y se hubiese llevado a cabo el desalojo “quedaría muy desvirtuada”.

La Audiencia Nacional, al valorar “los intereses privados y públicos en conflicto”, destaca que si en las resoluciones del Ministerio de Defensa se menciona la ocupación del barracón “por mera tolerancia” desde los años 90, “no parece que la medida cautelar perturbe los intereses generales”, al haber transcurrido unos 27 años desde que la familia reside allí. También alude a que “las alternativas habitacionales” que se han barajado para Lola y Alejandro no se han hecho efectivas. Y, por último, subraya que la “especial vulnerabilidad” de los ocupantes del barracón ha sido “indiciariamente” acreditada.

Condiciones insalubres

Mientras esperan por la decisión final de la Justicia acerca del desahucio, la septuagenaria Lola Hernández y su hijo Alejandro siguen residiendo en un barracón en condiciones insalubres. Otra hija les echa una mano para poder comer y asearse, porque carecen de agua caliente, en la zona no hay canalización de aguas negras y cuando llueve se producen inundaciones.

Durante años han visto como las instituciones se han pasado la pelota sin encontrar una salida para una solución habitacional digna y salir de una infravivienda, rodeada de roedores y bichos, dentro de un cuartel que ocupa más de 128.000 metros cuadrados en pleno corazón de Puerto del Rosario.