“Preparado para ejecución subsidiaria”. Este es el estado de 137 expedientes que la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica tiene vivos en la isla de Fuerteventura, dirigidos a la recuperación de terrenos edificados que se encuentran en dominio público marítimo terrestre. La traducción del lenguaje administrativo es la siguiente: la piqueta de Costas se prepara para llevar a cabo el derribo de casi 140 casas en el litoral de la Isla si los dueños de las edificaciones no las tiran al piso de forma voluntaria.

El pueblo costero con mayor número de viviendas afectadas es el Puerto de Los Molinos, en la costa oeste del municipio de Puerto del Rosario. Su situación volvió a la primera plana hace unos meses, primero por la paralización cautelar de una orden de demolición y luego por la desestimación en primera instancia de un recurso contra la resolución de Costas. Sin embargo, no es el único núcleo costero con problemas: hay expedientes de Costas en Majanicho, en Jacomar, en Ajuy o el Puertito de la Cruz, entre otros puntos. En Gran Tarajal también aparece uno en trámite. Así está la situación, de norte a sur de Fuerteventura:

La Oliva. En una relación oficial del Ministerio de Transición Ecológica entregada en el Senado, a petición del nacionalista Pedro San Ginés, se identifican 33 expedientes de recuperación de terrenos en Majanicho. Este pequeño pueblo es una de las estampas más reconocibles de la costa norte de Fuerteventura y se ha convertido en todo un reclamo publicitario. Cadenas turísticas y publicaciones especializadas lo califican como “el pueblo de la calma” o “un oasis de tranquilidad”. En cambio, la serenidad solo es aparente: según el deslinde de Costas de marzo de 2003, aprobado mediante orden ministerial, toda la primera línea de edificaciones en el núcleo costero se encuentra dentro del dominio público. A algo más de un par de kilómetros, en Caleta del Barco, hay otro expediente abierto.

La Justicia ha puesto el foco en una de las claves del problema: para aspirar a una concesión transitoria de las que se contemplan en la Ley de Costas se debe acreditar de forma fehaciente ser el titular del terreno. En buena parte de estos núcleos, el asentamiento se hizo de manera informal y no se registraron las propiedades. Es lo que alegó un vecino de Majanicho ante la Justicia, cuando Costas dictó, en agosto de 2007, la recuperación de oficio de los terrenos ocupados por dos edificaciones, de 42 y 28 metros cuadrados.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo distingue dos situaciones: la de los titulares de terrenos que pueden solicitar una concesión y la de los titulares de obras anteriores a la Ley de Costas de 1988, pero sin autorización o concesión. En el citado caso, el vecino argumentó que “desde antiguo” existía una “edificación elemental”, que había sido “erigida por su padre” con techo de madera, pero no tenía ni “inscripción o registro público respecto a la titularidad del terreno”. La Justicia falló en su contra.

Majanicho.

Puerto del Rosario. Un vistazo al Catastro evidencia que, al menos en papeles, no hay ni rastro del Puerto de Los Molinos. El asentamiento costero forma parte de un gran polígono de casi 12 millones de metros cuadrados denominado La Costa. Tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario han aprobado declaraciones institucionales en las que se resalta el “valor cultural e histórico de un poblado asociado tradicionalmente a la pesca”, con “más de 200 años de historia”.

También criticaron que, al reactivar los expedientes de recuperación del dominio público, el Ministerio de Transición Ecológica está “vulnerando competencias que han sido transferidas al Gobierno de Canarias”. Esa es otra de las claves del actual conflicto entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico: el alcance de las competencias de Costas transferidas el año pasado en aplicación del Estatuto de Autonomía. No hay acuerdo y el choque entre administraciones ha terminado en el Tribunal Constitucional, como ha decidido a finales de mayo el Gobierno de Fernando Clavijo.

El Ministerio tiene apuntados 42 inmuebles en Los Molinos sobre los que proceder al derribo. En el listado al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura se encuentra el identificado como “F-PRO-ERD-5”. Se trata del expediente que recientemente ha terminado en la Justicia y su desenlace puede marcar el camino para los demás.

Puerto de Los Molinos.

Costas tiene los expedientes de derribo preparados para “ejecución subsidiaria”

El pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificó una medida cautelar que consistía en paralizar el derribo de la vivienda hasta que se resolviera de forma definitiva el procedimiento. Antes, en agosto, la Demarcación de Costas de Canarias había requerido a una vecina que derribase su vivienda de forma voluntaria. La razón es que, si no se atendía su petición, la edificación construida hace “más de 50 años” terminaría en el suelo sin conocerse la decisión definitiva de los tribunales. En enero, la representación legal de los afectados admitió un revés judicial sobre el fondo del pleito y puso sus esperanzas en lo que determine el Tribunal Supremo.

En cualquier caso, la situación de Los Molinos no es nueva. Las acciones del Ministerio para despejar el dominio público marítimo terrestre en esta parte de la costa majorera se remontan a 1994. La actividad de Costas ha experimentado vaivenes y, durante años, los expedientes han permanecido paralizados. Al retomarse, ha cundido la preocupación en todo el núcleo costero en el que la quincena de edificaciones más antiguas que siguen en pie se remonta a los años 20 del siglo pasado. De la década de los 70 son otro buen número de viviendas. En Los Molinos ya se han derribado, en el pasado, algunas de las construcciones, pero por ahora el pueblo contiene la respiración mientras espera una salida que no llega.

Antigua. Otro asentamiento que está por completo dentro de dominio público marítimo terrestre es el de Jacomar, en la costa de Antigua, que a su vez se encuentra en el interior del Monumento Natural Cuchillos de Vigán. El deslinde de Costas del año 1999 fijó una línea de dominio público en el que, la vivienda más próxima estaba a tres metros y la más lejana a unos 170 metros de la frontera que marca la salvación o el riesgo de un futuro derribo. El Ministerio tiene abiertos 32 expedientes de recuperación posesoria de los terrenos.

Los Molinos y Jacomar al completo están dentro del dominio público

Allá por 2010, en el Parlamento de Canarias se aprobó una proposición no de ley para solicitar al Gobierno del Estado que no se volviera “a derribar ningún poblado marinero” y que se tuviera en cuenta en las áreas costeras el “valor etnográfico, arquitectónico o socioeconómico”. En el debate parlamentario se citó expresamente el caso de Jacomar. De este recóndito núcleo costero se destaca su pasado como refugio de pescadores y la existencia de vestigios de antiguas salinas. Del recorrido de aquella iniciativa parlamentaria, planteada al calor del conflicto de los derribos de Costas en Cho Vito (Tenerife), nada más se supo.

Unos cinco kilómetros y medio hacia el norte se encuentra otro núcleo costero, Pozo Negro, que ha corrido distinta suerte a la de Jacomar. También tiene buena parte de sus edificaciones en dominio público marítimo terrestre, pero en otro de los listados del Ministerio de Transición Ecológica, el relativo a las concesiones transitorias, figuran unas 30 concesiones articuladas a través de la disposición transitoria de la Ley de Costas. Se trata habitualmente de permisos por 30 años que se pueden prorrogar, sin obligación de abonar canon, por ser “titulares registrales de los terrenos” que han quedado dentro del deslinde. En los registros del Ministerio no aparecen expedientes de derribo en Pozo Negro.

Ajuy.

Pájara. Dos núcleos relevantes de la costa del municipio sureño que están en el punto de mira de Costas son Ajuy y el Puertito de la Cruz. En el primero hay ocho expedientes abiertos preparados para ejecución subsidiaria por parte del Ministerio y en el segundo se localizan otros siete expedientes de Costas. Hace cuatro años, vecinos de Ajuy solicitaron un nuevo deslinde y reclamaron al Ayuntamiento de Pájara algún tipo de protección después de empezar a recibir notificaciones de Costas. En el caso del Puertito de la Cruz, toda la primera línea edificada próxima al litoral se encuentra parcialmente dentro del dominio público, por lo que de acometerse derribos, la ejecución sería muy compleja y la posibilidad de que se salvaran parte de esos inmuebles muy difícil.

En el conjunto del municipio de Pájara, los expedientes vivos del Ministerio de Transición Ecológica ascienden a 28, un listado en el que se incluyen 11 localizados en Matas Blancas, uno en Cueva La Negra y otro en las Casas de Joros.