Las solicitudes de la empresa Satocan para prospectar en búsqueda de tierras raras casi 44 kilómetros cuadrados de la costa oeste de Fuerteventura siguen en el centro de la polémica. La competencia de la tramitación reside en la Consejería de Industria, que dirige el vicepresidente Manuel Domínguez, que se ha inclinado a negociar una cesión por parte de la empresa al propio Gobierno de Canarias o a alguna de sus entidades. Así lo sugirió la última vez que abordó el tema en el Parlamento autonómico.

Sin embargo, un informe de otra Consejería, la de Transición Ecológica, pone toda una serie de objeciones que se consideran insalvables. Y el Cabildo, después de meter la pata ejerciendo de altavoz de una supuesta retirada de Satocan que nunca se produjo, ha desplegado la artillería legal con un dictamen encaminado a que se archiven cuanto antes las solicitudes.

No archivar, sino traspasar los permisos. En la actualidad, Satocan no cuenta con ningún permiso de investigación y perforación en búsqueda de tierras raras en Fuerteventura. Sí se están tramitando los expedientes de tres solicitudes -Muley, Opáres y Verode- que suman 131 cuadrículas mineras y una superficie de 43,8 kilómetros cuadrados, desde el municipio de La Oliva al de Pájara.

En el Parlamento, Domínguez reconoció que eran necesarios informes sectoriales o una evaluación ambiental, “estratégica o de impacto”, antes de resolver sobre unas hipotéticas autorizaciones. En cambio, en vez de hacer hincapié en las deficiencias de los proyectos presentados para archivarlos, deslizó la posibilidad de alcanzar una “cesión o subrogación de los derechos” mineros, y al hacerlo encendió todas las alarmas en las instituciones majoreras, donde se ha dado por hecho que la unanimidad política allanaría el camino para enterrar las solicitudes de la constructora.

El contundente informe de Medio Ambiente. La Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad ha emitido un informe plagado de reparos a la investigación de tierras raras en la Isla. Señala que la documentación presentada “no determina de forma precisa las áreas de afección” y, en concreto, “los puntos de perforación y los accesos necesarios de la maquinaria”. Añade que el inventario ambiental presentado por Satocan es “claramente deficiente, dado que no se ha tenido en cuenta prácticamente ningún componente de la biodiversidad” de la zona, pese a que se afectaría a especies protegidas, hábitats naturales de interés comunitario y espacios integrantes de la Red Natura 2000.

En ese sentido, destaca que el permiso Verode afectaría a 334 hectáreas de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Cueva de Lobos, y que las tres solicitudes impactarían en 2.995 hectáreas de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Betancuria y de la de Lajares, Esquinzo y Costa del Jarubio.

Entre los hábitats de interés comunitario más afectados estarían las dunas costeras fijas con vegetación herbácea o las galerías y matorrales ribereños. Y, además de a la flora protegida, como el chaparro, perjudicaría a fauna silvestre en peligro crítico de extinción, como el guirre, “en todos los ámbitos de estudio que se ha inventariado la presencia de territorios de cría”. También a la lechuza majorera o al halcón tagarote. Y uno de los permisos, Muley, ocupa “en su práctica totalidad” un área de “máximo interés” y prioritario para la conservación de la hubara en Canarias.

En la actualidad, se tramitan los expedientes de tres solicitudes para perforar

El informe concluye que la actividad minera “no tendría cabida” dentro de las zonas de especial protección de aves y las acciones extractivas “no se considerarían compatibles” en la citada ZEC ni donde hay hábitats de interés comunitario. Por ello, cuestiona que se puedan autorizar unos “trabajos previos” si el “posterior desarrollo” de la extracción de tierras raras sería medioambiental inviable.

Denegar no genera indemnización. Un dictamen encargado por el Cabildo al jurista Martín Orozco concluye que la denegación de solicitudes de permisos de investigación o de concesiones de aprovechamiento “no genera derecho indemnizatorio”. Y, si el Gobierno otorgase el permiso de investigación “a sabiendas” de que una posterior concesión para explotar las tierras raras “resulta inviable” o se anula por ilegal, “el promotor podrá reclamar” los “perjuicios” del “daño emergente”, es decir, solos los “gastos inútiles efectuados”.

Este dictamen concluye que las solicitudes de Satocan ni siquiera se deberían tramitar por “carecer de documentación” y que el Gobierno canario debe “dejar sin efecto” los expedientes abiertos. Advierte que se debería haber obtenido el informe previo del órgano ambiental “sobre la incidencia en espacios de la Red Natura 2000” y recalca la “prohibición” de la minería en suelo rústico de protección ambiental, salvo para “usos puntuales” como la “arquitectura y agricultura tradicional”, pero “nunca” mediante “explotaciones industriales”.

Entre otras objeciones, destaca que “en el entorno de la montaña de Tindaya”, en un radio de tres kilómetros y hacia el mar, donde se ha pedido perforar, “se prohíbe toda actividad extractiva”, según el Plan Insular.