La Lajita 2000 es la mayor pieza de suelo por desarrollar en el municipio de Pájara: casi 512.000 metros cuadrados. También es la mayor zona de expansión urbana, con hasta 2.556 viviendas previstas. Y, además, es el espacio elegido para la construcción del futuro Centro de Atención Especializada (CAE) por parte del Servicio Canario de Salud, una de las demandas históricas del sur de Fuerteventura. Sin embargo, todo hace indicar que el rumbo trazado en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Pájara va camino de encallar en los tribunales.

De hecho, la Junta de propietarios del suelo acaba de acordar impugnar la decisión del Ayuntamiento de Pájara, plasmada en el nuevo Plan General, que cambia la forma en la que se tiene que desarrollar la urbanización. Hasta ahora, estaba contemplado un sistema de ejecución privado, en el que eran los propietarios del suelo quienes se encargaban de desarrollar la urbanización.

En cambio, el Ayuntamiento varió la fórmula por un sistema de ejecución de iniciativa pública, de tal manera que la responsabilidad pasa a ser de la propia Corporación municipal. Así se plasmó en la parte del Plan General que se aprobó por el pleno municipal en septiembre del año pasado, con Alejandro Jorge en la alcaldía, aunque el documento venía de la etapa de Pedro Armas como primer edil.

El siguiente paso que dio el Consistorio sureño ocurrió el 15 de enero de este año: inició el procedimiento para asumir la gestión urbanística del suelo urbano no consolidado de La Lajita 2000, encargó el proyecto de reparcelación y el de urbanización, y requirió a la Junta de Compensación, que agrupa a los propietarios de suelo, para que entregasen todo el dinero recaudado en cuotas, la contabilidad y todos los proyectos y documentación técnica elaborada. También le ordenó que se abstuviera de seguir adelante con la “gestión urbanística y en la transformación del suelo”.

La respuesta llegó un mes más tarde. La Junta de los propietarios de los terrenos aprobó en asamblea una batería de medidas de respuesta al Ayuntamiento: desde presentar alegaciones y recurrir ante la Justicia la decisión de apartarles de la iniciativa para urbanizar el polígono de La Lajita a impugnar incluso el nuevo Plan General de Ordenación, lo que supondría la primera prueba de fuego para el recién estrenado planeamiento de Pájara, diseñado por el equipo del urbanista Jorge Coderch y que ha actualizado el que estaba en vigor, que se remonta a finales de la década de los 80.

“Obstáculos y trabas”

A la citada asamblea de propietarios acudieron las empresas que representan el 53 por ciento del suelo. No acudió el Ayuntamiento de Pájara, que tiene siete parcelas. La Junta cifra en más de 1,1 millones de euros la deuda que, a su juicio, la institución municipal arrastra con el órgano que ha venido gestionando el polígono de La Lajita. Cabe destacar que dentro de sus límites hay bloques de viviendas ya construidas pero, al tener la categoría de suelo urbano no consolidado, para que se den licencias de obra antes, en teoría, se tiene que culminar la urbanización.

Arriba, ordenación prevista en el nuevo Plan General de Pájara para La Lajita.

La urbanización La Lajita 2000 es la mayor pieza de suelo por desarrollar en el municipio sureño, con casi 512.000 metros cuadrados

La Junta la controlan cuatro sociedades que representa el conocido empresario Gregorio Pérez Saavedra, que es el presidente del órgano y concentra casi el 49 por ciento de los derechos de voto. A la asamblea acudieron también un propietario minoritario -que puso en cuestión la legitimidad de la Junta- y la mercantil AJA Inversiones, de la que son caras visibles los hermanos Domínguez, propietarios de la cadena de supermercados Hiperdino. Dentro del sector de suelo de La Lajita hay casi 16.000 metros cuadrados de uso terciario, en los que se podría edificar el doble de superficie y se permite un gran establecimiento comercial, según el nuevo Plan General.

Gregorio Pérez destacó los “continuos obstáculos y trabas” que atribuye al Ayuntamiento de Pájara, consideró “impensable” que los dueños del suelo “quieran bloquear el proyecto de urbanización” y recalcó que la Junta “no se ha opuesto en ningún caso a la cesión de las parcelas para la construcción del CAE y del instituto”. En principio, el centro sanitario estaría desbloqueado porque está aprobada, desde diciembre de 2022, la modificación menor del Plan General de Pájara que habilitó una pieza de suelo para equipamiento sanitario de unos 12.000 metros cuadrados, agrupando dos parcelas en el polígono de La Lajita.

Polémica vacacional

Una de las objeciones de la Junta que agrupa a los propietarios es que el nuevo Plan General de Pájara prohíbe el uso turístico tanto en el casco de La Lajita como en la urbanización La Lajita 2000. Es uno de los primeros instrumentos urbanísticos en Canarias que incorpora esa prohibición, para frenar la expansión de las viviendas vacacionales y que se extiende a otros núcleos tradicionalmente residenciales, como Pájara y Toto. Los dueños de suelo en el área de expansión de La Lajita consideran que esta medida les “perjudica”, al igual que se haya descartado la construcción de viviendas de unos 35 metros cuadrados, un modelo orientado habitualmente al uso turístico.

Los dueños de suelo creen que se les perjudica en el Plan General de Ordenación de Pájara al prohibir el uso vacacional en la zona

Lo que se ha establecido en el Plan General son, con carácter general, viviendas con una superficie mínima de 70 metros cuadrados en la mayor parte de las parcelas, aunque en algunos casos la superficie mínima se eleva a 90 metros cuadrados. Y la altura de las edificaciones fluctúa desde las dos plantas hasta las cinco.

En la asamblea de propietarios se abogó, según el acta a la que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, por que empiecen cuanto antes las obras del centro sanitario y del instituto, y que el propio Ayuntamiento construya viviendas sociales en sus parcelas. A priori, La Lajita está llamada a ser la gran zona de expansión urbana en el sur de Fuerteventura, pero el conflicto abierto entre la Junta de propietarios y el Ayuntamiento amenaza con bloquearla.