El Gobierno de Canarias ha informado de forma “desfavorable” el parque temático y comercial Dreamland, a los pies del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, lo que aboca al fracaso al proyecto capitaneado por el empresario José Antonio Newport.

La Consejería de Transición Ecológica destaca en su informe, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, la “vulneración” de la Ley de Evaluación Ambiental.

El proceso está viciado desde el principio: los promotores y el Cabildo han tratado la construcción de Dreamland como la ejecución de “un proyecto que no comporta ordenación”. En cambio, la Consejería recalca que Dreamland implicaría la urbanización de una pieza de suelo de 160.001 metros cuadrados, “con carácter aislado”, a través de “la creación de una ‘ciudad’ en toda regla mediante la transformación total de un suelo rústico”.

Esto implica que el parque temático y comercial deba someterse, “en cualquier caso, al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, sin perjuicio de su sometimiento a la de impacto ambiental”.

De esta manera, el trámite ambiental debería ser mucho más minucioso. La “omisión” de una evaluación ambiental estratégica, apunta Transición Ecológica, “implica que no se realice la correcta valoración de los efectos sobre el espacio natural más cercano”, a unos 400 metros.

De hecho, el Gobierno de Canarias afea al Órgano Ambiental del Cabildo de Fuerteventura que “no haya cuestionado” este aspecto tan relevante, “aún siendo su deber”.

La Consejería de Transición Ecológica también analiza “la vulneración de la legislación estatal y autonómica en materia de suelo” y subraya que “todo” el suelo rústico “que aquí nos ocupa”, en referencia a los terrenos en la zona de Huriamen, “tiene un valor natural y ambiental que debe ser tenido en consideración y es digno de protección”.

Una de las objeciones más duras del Gobierno de Canarias pasa por negar el carácter estratégico a Dreamland. En el informe se incide en que los proyectos de interés insular deben atender “necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes”. “Estas circunstancias”, recalca Transición Ecológica, “deberán estar justificadas debidamente”.

Sin embargo, no es el caso del parque temático y comercial junto a las Dunas: “El hecho de que la actividad cinematográfica y audiovisual conforme un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra economía, y la existencia de políticas de impulso de la industria […], por muy loables que sean dichos propósitos, no convierte a cualquier proyecto o iniciativa privada en el ámbito territorial o urbanístico en estratégico, porque nuestro ordenamiento jurídico protege otros valores e intereses que deben ser tenidos en consideración a la hora de que la Administración pública encuentre una solución justa”.

En la misma línea, el Gobierno de Canarias precisa que el proyecto Dreamland “no tiene carácter estratégico”. Cuestiona “la magnitud e intensidad de sus parámetros urbanísticos” sobre una bolsa de suelo rústico con una edificabilidad bruta de 112.000 metros cuadrados y “con edificaciones que pueden alcanzar las cuatro plantas y los 25 metros de altura”. Además de censurar su ubicación, en una zona que “tiene un valor natural, paisajístico y ambiental”, que generaría “una nueva ciudad” o núcleo urbano aislado, lo que “contraviene” la legislación del suelo, tanto la estatal como la autonómica.

Emplazamiento elegido por los promotores para el parque temático, junto al espacio natural protegido de las Dunas. Foto: Carlos de Saá.

Impedir la especulación

En su informe, la Consejería de Transición Ecológica recuerda que la normativa impide “especulación” y aboga por “preservar de la urbanización” el suelo rural, además de que las instalaciones no limiten “el campo visual para contemplar las bellezas naturales” ni rompan “la armonía del paisaje” o lo “desfigure”.

El Ejecutivo autonómico descarta que el proyecto abanderado por el promotor José Antonio Newport tenga “carácter estratégico”

El Gobierno de Canarias considera que la tramitación del parque temático y comercial por la vía de declararlo de interés insular no cumple con el criterio de que existe una necesidad “sobrevenida”. El Ejecutivo regional llega a manifestar que, en el acuerdo del pleno del Cabildo del pasado 28 de noviembre, donde la declaración de interés insular salió adelante con el voto de calidad del presidente Sergio Lloret, “la opción elegida no atiende a la satisfacción del interés general”.

“No se tiene en consideración ni prevalece el derecho de los ciudadanos a la adecuada ordenación del territorio y a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, sobre los intereses particulares del promotor”, sostiene la Consejería de Transición Ecológica. Y añade: “Tampoco se observa y cuida en el ejercicio de la potestad planificadora la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”.

La Ley del Suelo de Canarias establece además que el interés insular de un proyecto vendrá determinado por las competencias de la institución que lo aprueba, “debiendo acreditarse su carácter estratégico”. “Sin embargo”, añade el Gobierno autonómico, en el caso de Dreamland no se identifica “cuál es la materia que sea competencia del Cabildo dentro de la cual se pueda considerar incluida la naturaleza del proyecto que nos ocupa”.

“Dicho defecto, falta o carencia también afecta a la motivación del ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística, viciándola”, sentencia la Consejería de Transición Ecológica.

Sobre la ejecución de este proyecto “en el suelo rústico pretendido”, el Gobierno concluye que “no es la ubicación idónea para una actuación de transformación urbanística con carácter aislado” de la que derive un complejo con uso industrial, terciario, turístico y comercial, “al tratarse todos ellos usos propios de un suelo urbano, tal y como ha quedado acreditado al implantarse, dicha actividad cinematográfica, en suelos urbanos de las islas de Gran Canaria y Tenerife”.

Además de este informe, de carácter técnico y jurídico, la Consejería de Transición Ecológica ha emitido otro, del Servicio de Biodiversidad, que alerta de que donde se quiere levantar Dreamland “se ha detectado la presencia de al menos 16 especies protegidas de fauna”, entre ellas el guirre, el cuervo y la hubara, en peligro de extinción, o la musaraña canaria, con la categoría de vulnerable.

En este otro informe se hace hincapié de forma especial en la “afección a la hubara y su hábitat” que supondría la construcción del parque temático.

El Gobierno decide

La tramitación del parque temático y comercial junto a las Dunas se ha llevado hasta el momento por el Cabildo, primero bajo la presidencia de Blas Acosta (PSOE) y ahora bajo la de Sergio Lloret (AMF). Sin embargo, la legislación autonómica establece que si el municipio en cuyo territorio va a implantarse el proyecto manifiesta su “disconformidad” con el mismo, “el expediente se elevará al Gobierno de Canarias” para que “adopte la decisión que sea pertinente en consideración al interés público que deba prevalecer”.

Las fuentes jurídicas consultadas entienden que el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de La Oliva, del pasado mes de diciembre, que manifiesta la “firme oposición” a la ubicación elegida por los promotores, el suelo comprado a RIU a 50 céntimos de euro el metro, supone un rechazo como el que se refleja en la Ley del Suelo. De esta forma, el expediente de Dreamland, añaden las fuentes, deberá ser elevado al Gobierno de Canarias, que a su vez lo ha informado en sentido negativo.