El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, aseguró este miércoles en el Parlamento que solicitará al Gobierno central “paralizar” el expediente abierto por la Dirección General de la Costa y el Mar al hotel Tres Islas, de la cadena RIU, ubicado en las Dunas de Corralejo.

El Ministerio para la Transición Ecológica tiene en marcha el expediente para declarar la “caducidad” de la concesión del dominio público marítimo terrestre que ocupa el Tres Islas, unos 30.438 metros cuadrados, por haber construido de forma ilegal varias habitaciones en la azotea del establecimiento alojativo.

Valbuena señaló que el Gobierno de Canarias no fue notificado y consideró que sí se le debería haber avisado al estar en marcha el proceso para el traspaso de competencias en materia de Costas, del Gobierno central a la comunidad autónoma. “Se nos tenía que haber informado al respecto”, dijo en el pleno de la Cámara autonómica.

El consejero de Transición Ecológica avanzó que su departamento está preparando la solicitud al Gobierno central para “paralizar cualquier tipo de decisión” sobre el expediente al Hotel Tres Islas o que se “revise” la concesión, otorgada en 2007, “en tanto en cuento” se traspasen las competencias de Costas al Ejecutivo autonómico.

“Lo tendremos que resolver nosotros”, consideró Valbuena sobre el expediente, por lo que reclamó “conocer al detalle” todos los elementos que forman parte del procedimiento que instruye el Ministerio para la Transición Ecológica y que puede derivar en que se anule la concesión del Hotel Tres Islas en las Dunas de Corralejo.

Aunque Valbuena admitió que “la Ley de Costas es la misma, la aplique el Gobierno de España que el Gobierno de Canarias”, dio a entender su malestar por que el expediente al Tres Islas se haya iniciado “en agosto” y en la “fase final” del traspaso de competencias a la comunicad autónoma. De hecho, reiteró que “este será de los primeros expedientes que resuelva el Gobierno de Canarias”.

La diputada no adscrita Sandra Domínguez, que interpeló al consejero de Transición Ecológica en el Parlamento, mostró su “absoluto estupor” por el procedimiento incoado al Hotel Tres Islas y defendió que se da un “conflicto de competencias” entre el Gobierno central y el autonómico, que en su opinión obliga al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres a “intervenir”.

Concesión en entredicho

La concesión de Costas al Tres Islas se otorgó el 12 de abril de 2007 por 30 años, hasta 2037, sin posibilidad de prórroga, en un documento firmado por el entonces director general de Costas, José Fernández, y la empresaria Carmen Riu.

En el acta de la concesión también se autorizaba a la empresa a la realización de obras de rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones de este hotel, un proyecto visado en el Colegio de Arquitectos de Canarias el 16 de noviembre de 2006.

Sin embargo, en el pliego de condiciones, el entonces denominado Ministerio de Medio Ambiente recalcaba que no se permitía aumento de volumen ni edificabilidad alguna. “El incumplimiento de cualquiera de las anteriores prescripciones dará lugar a la caducidad de la concesión con independencia de la tramitación del expediente sancionador que corresponda”, indicaba el documento aprobado.

El 11 de junio de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica lleva a cabo una citación a la empresa RIU Hoteles SA para la inspección sobre el terreno del cumplimiento de la orden de demolición de las obras declaradas ilegales en un expediente sancionador a la empresa.

En ese escrito, el Ministerio advierte de que ha finalizado el plazo concedido para proceder a la demolición de las obras declaradas ilegales, que fue recibido por la empresa el 2 de marzo de 2020.

Por ello, la Demarcación de Costas procedió a realizar una visita de inspección a las instalaciones del hotel Tres Islas para comprobar el cumplimiento de la demolición ordenada, que no se ha llevado a cabo.

Anteriormente, ya se habían realizado requerimientos para que se restituyera la situación del hotel a su anterior estado, pero se ha mantenido por parte de la empresa una nueva construcción en la planta azotea de una altura y, al menos, cuatro habitaciones en explotación turística.

El expediente sancionador a RIU por parte de la Demarcación de Costas se remonta a septiembre de 2008. En el mismo se subraya que el proyecto de obras de mantenimiento visado en el Colegio de Arquitectos es totalmente distinto a lo que finalmente se ejecutó en el establecimiento hotelero.

Costas ya advirtió entonces que “sobre la finca objeto de la concesión no podrá llevarse a cabo obra o construcción alguna”. “Únicamente, previa autorización de está Administración, podrían permitirse obras de reparación y mejora, siempre que no impliquen aumento de volumen de las construcciones existentes”, destacaba el departamento gubernamental.

“Obras declaradas ilegales”

El citado requerimiento, al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, explica claramente que “las obras declaradas ilegales son aumento de volumen, altura y superficie, por lo tanto no legalizables al ser de aplicación la orden ministerial de otorgamiento de la concesión”.

Además, la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas establece sobre la concesión del dominio público que, mientras esté “vigente”, su titular podrá “realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes”.

La construcción de estas habitaciones en la azotea ha supuesto una sanción por parte de Costas de 10.885 euros al Tres Islas.