En todo el tema del turismo como motor económico de Canarias hay algo que no me cuadra. Mientras sus majestades mandamases están en FITUR gastando dinero público en requetepromocionar un destino turístico que lleva décadas más que vendido y explotado, nosotros nos quedamos aquí leyendo y atando cabos.

Por un lado, tenemos los presupuestos anuales de 2025 y, por otro, toda la normativa pendiente de aprobación. Me llama la atención la de municipios turísticos.

El primer pensamiento que me asalta es… ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién define lo que es un municipio turístico? ¿Quién define los requisitos para ser declarado como tal? Nos encontramos que la proposición de ley de municipios turísticos de Canarias presentada en verano de 2024 la firma el alcalde de Tías, respaldándose en la Asociación de Municipios Turísticos en la que se encuentran tres municipios de Fuerteventura: La Oliva, Antigua y Pájara. Lo que propone el texto es que, para ser declarado municipio turístico, entre otras cosas, la población turística anual sea cinco veces superior a la población empadronada, el número de plazas turísticas sea mínimo de 4.000 plazas a finales del año anterior y que haya plazas alojativas de 5 estrellas iguales o superiores al 10 % de la población empadronada.

Ahora que nos movemos en un limbo jurídico en tantos frentes, al menos en el municipio de La Oliva, que es el que más transito, veo construcciones nuevas por doquier. Son manzanas completas de apartamentos u hoteles de hasta mil camas. Si consulto el nuevo registro de viviendas vacacionales —también en el limbo jurídico—, me doy cuenta de que existen viviendas de esta modalidad registradas hasta en casas abandonadas en medio del jable, así como en Zonas Especiales de Protección para las Aves que carecen de planes de gestión.

Me pongo con esto y me dan los sofocos. Voy al médico y me dice que tiene más del doble del cupo de pacientes porque no quiere dejar desamparadas a las personas que vivimos aquí. Me manda a estar tranquila, salir a pasear por la playa o la montaña —ya saben, o deberían saber los 60.000 canarios y canarias que están en depresión—, pero eso agudiza el malestar.

Mientras se colapsa nuestra sociedad, esperamos que sus señorías aprueben alguna normativa que nos permita vivir en paz, sin la impunidad que vemos cada día en nuestros entornos, porque no hay agentes de medioambiente suficientes, ni de policía local, ni de SEPRONA. Ellos mismos se quejan de no poder hacer suficiente porque hemos puesto todos los huevos en otra cesta. ¡Invoco desde aquí a la Policía Canaria! ¿No es el caso de Fuerteventura el mejor motivo para solicitar que estén presentes en la isla ejerciendo su competencia de vigilar y proteger nuestro entorno natural y nuestro patrimonio?

En el texto propuesto por los municipios turísticos para adoptar una normativa que los regule a sí mismos se dice que la protección del patrimonio, del paisaje y del medioambiente debe ser una obligación de tales municipios, pero ¿quién controlará que eso realmente se produzca? El papel lo aguanta todo, y la isla también, pero el infierno que estamos creando como lugar para vivir es real, empírico. Las fotos del paraíso muestran una realidad que no es acorde a las vidas de los canarios y canarias, y en concreto de los majoreros y majoreras. Nuestra isla se está degradando a un ritmo exponencial que no sabemos cuándo va a aflojar. El decrecimiento es el tabú que sus excelencias no quieren ni mentar.

Volviendo a la definición de municipio turístico, no es lo mismo un municipio en Fuerteventura que en Gran Canaria o Tenerife. Por su historia señorial, nuestra isla tiene seis municipios y una extensión de 1.660 kilómetros cuadrados. De ahí, mil kilómetros cuadrados, casi dos tercios de nuestra superficie insular, suponen esos 3 municipios turísticos. Total, declaren ya Fuerteventura isla turística, ¡Y que viva la diversificación!

Al mismo tiempo, nuestra isla es extensa pero no está tan poblada como otras. La carga demográfica es de poco más de 60 habitantes por kilómetro cuadrado. Declarar un municipio como turístico es inequívocamente atraer más población destinada a trabajar en esa actividad económica.

No es por hacer sangre, pero el personal del Patronato de Turismo de Fuerteventura se lleva medio millón de euros, y el de la Reserva de la Biosfera casi 130.000 euros. ¿Por qué?, ¿para qué? Mientras no hay Plan General de Ordenación de La Oliva aprobado, se está tramitando una modificación sustancial del PIOF, se traza la nueva autovía, sigue sin aprobarse una ordenanza de acampadas y autocaravanas y está pendiente la zonificación para la instalación de energías renovables, nos llegan continuamente fotos y vídeos de coches en plena playa saltándose la delimitación de costas, caravanas aparcadas indefinidamente en lugares inhóspitos, influencers promoviendo subir a la Montaña de Tindaya, grafiteros cobardes pintando edificios históricos, ciclistas y motoristas abriendo nuevas pistas, y luces iluminando sin sentido la noche, deslumbrando aves y ocultando nuestro magnífico cielo estrellado. Queremos ver que algo tiene consecuencias y la impunidad se acaba ya, que hay alguien al mando más allá de dietas, papeleos y postureos.

Si sus altezas mandamases tuvieran realmente el bienestar de la vida de los majoreros y majoreras como objetivo principal de su mandato, y no llenarse el bolsillo o cumplir intereses personales, no estaría la cosa como está. Atiendan a la sanidad, a la seguridad de nuestras calles, a controlar los espacios naturales, a la diversificación económica, a la movilidad sostenible. Y córtense un poco ya con el mamoneo.

*Portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura