Un cabo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil al que se acusa de evitar que se inspeccionara a un barco de excursiones turísticas que operaba en Corralejo, en Fuerteventura, y del que era copropietario junto a su pareja y otro socio, ha afirmado este lunes ante la Audiencia de Las Palmas que "jamás" actuó para que se le diera un "trato de favor".

En la primera sesión del juicio con Jurado que se sigue contra J.V.L., el procesado ha negado los hechos que le imputa la Fiscalía por presuntos delitos de negociación y actividades prohibidas a funcionarios, y por los que pide una condena de 15 meses de prisión y expulsión del cuerpo durante ocho años o subsidiariamente una multa de 27.000 euros, que obedecen a una "denuncia maliciosa", según su abogado.

El acusado ha dicho ser objeto de una "persecución" y cree que la persona que denunció estos hechos, el que fuera concejal Álvaro de Astica, lo hizo para perjudicar a su pareja, quien en esa época era también concejal y formaba parte del grupo del gobierno del Ayuntamiento.

En su declaración, que se ha extendido cerca de tres horas, ha explicado que, mediante un contrato privado, el 1 de julio de 2018 tanto él como su pareja vendieron las participaciones que tenían de la sociedad Nautic Corralejo Charter SL a la que pertenecía la embarcación dedicada a excursiones turísticas Siña María III, la señalada por la Fiscalía como beneficiaria de un trato de favor.

Y su venta que, según ha explicado no pudo elevarse a escritura pública hasta el 14 de agosto, se debió a que no había logrado la compatibilidad profesional que había solicitado, por lo que ha negado que estuviera relacionada con la denuncia, ya que ha indicado que salió en los medios de comunicación posteriormente, en el puente de diciembre.

El acusado, cabo primero de la Guardia Civil destinado en el Destacamento Marítimo en Corralejo, ha detallado al Jurado que adquirió las participaciones de la empresa en 2016 y que compró el 24 por ciento de las acciones; un 26 por ciento eran de su pareja y el 50 por ciento restantes del socio, que fue el que se quedó finalmente con la sociedad.

Además, ha manifestado que como consecuencia de la denuncia se le abrió un procedimiento interno que concluyó que no había incurrido en ninguna infracción disciplinaria.

El procesado ha afirmado que en lo único que ha intervenido en relación a la empresa es en ayudar a su pareja, que era la que la administraba hasta que entró a formar parte del grupo de gobierno, para que toda la documentación estuviera en regla y que nunca ha ejercido ninguna actividad profesional en relación a la citada embarcación.

"Yo hubiera sido el primero en denunciar" si hubiera visto algo indebido, ha afirmado el acusado, quien ha recalcado que, aunque disponía de acciones en la empresa, "jamás" ha dicho "a esa no la inspecciones e inspecciona a las otras", y además “tampoco tenía capacidad sobre los otros nueve guardia civiles que ejercían de patrones" en las patrulleras de la Isla.

“Sí hubo trato de favor”

El fiscal Tomás Fernández ha señalado al tribunal al inicio de la vista que considera que "sí hubo trato de favor" por parte del acusado, aunque "las pruebas son indiciarias y no directas", mientras que el abogado defensor, José Fernández de la Cigoña, ha traslado su "absoluta" convicción de que su cliente ha sido objeto de una "denuncia maliciosa" y que la acusación pública "se equivoca".

Según la defensa, J.L.V. no es un corrupto ni ha obtenido "aprovechamiento de nada" por su condición de guardia civil, solo destinó sus ahorros a un negocio, lo cual es algo legítimo.

El juicio continuará este martes con la declaración de los testigos, ha informado magistrado presidente del tribunal, Nicolás Acosta.