El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado las condenas de hasta cinco años de prisión que la Audiencia Provincial de Las Palmas impuso el pasado febrero a los dos responsables de un club cannábico de Fuerteventura, como autores de un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita.

En una sentencia difundida este lunes, la Sala de lo Penal del TSJC ha confirmado en todos sus términos la condena a un total de cinco años que impuso la sala de instancia el 7 de febrero de 2024 a los dos fundadores de la Asociación Cannábica de Morro Jable (Accamor).

Igualmente, el tribunal ha confirmado la condena a un total de cuatro años a un tercer acusado, el que se encargaba de cultivar y preparar la marihuana y el aceite de cannabis, que mantenía con la asociación “un contrato de colaboración a tal fin”.

El TSJC confirma el relato de hechos probados obrante en el fallo de la Audiencia, según el cual los dos acusados principales “fundaron el 28 de noviembre de 2017 la denominada Asociación Cannábica De Morro Jable (Accamor), dándole la apariencia de asociación sin ánimo de lucro, aprobando unos estatutos en los que, entre sus fines, no aparecía la entrega de drogas a los socios, a pesar de lo cual la misma fue utilizada para, a través del local que posee, proceder distribuir, sin control en cuanto a su uso, a terceras personas, marihuana y aceite de cannabis”. Detalla que esta droga era procesada y preparada por el tercer acusado, contratado a tal fin.

El tribunal impone cuatro años al “contratado” que preparaba la marihuana y el aceite de cannabis

Señala la sentencia ratificada por el TSJC que los asociados recibían, “a cambio del pago de una cuota a la asociación, en su sede, las sustancias referidas y se las llevaban consigo para su consumo fuera de las instalaciones si lo deseaban, pues no existía un control al efecto”.

El 26 de junio de 2018, se practicó la entrada y registro en el domicilio del encargado de procesar la droga en el municipio de Tuineje y se incautaron de 750 gramos de aceite de cannabis y 7.276 gramos de marihuana conteniendo THC, cuyo valor de venta al público ascendería a 1.581 euros el aceite y 9.918 euros la marihuana.

La asociación, “una pantalla”

El TSJC ratifica el criterio de la Audiencia de que la asociación no era sino una “pantalla para la realización de una actividad que se sabía ilícita”, y explicita que el verdadero fin del club cannábico era “la venta indiscriminada de droga mediante precio, y para da apariencia de legalidad se exigía una previa inscripción a cambio de una pequeña cantidad de dinero sin mayores comprobaciones, concurriendo por lo tanto todos y cada uno de los requisitos que el tipo legal del tráfico de drogas exige para su aplicación”.

Recuerda la Sala que la doctrina tiene claramente establecidos los requisitos que debe cumplir una asociación cannábica ajustada a la Ley: que se trate de “consumidores habituales o adictos” que se “agrupan” para consumir la sustancia, lo que pretende evitar supuestos de favorecimiento del consumo ilegal por terceros; que el consumo se lleve a cabo "en lugar cerrado", y que la actividad se circunscriba a “un grupo reducido de adictos o drogodependientes, siendo estos identificables y determinados”. Además, que las cantidades de droga que se manejen sean “reducidas, limitadas al consumo diario”.

Nada de esto se cumplía en el caso de autos, según el TSJC, en el cual “la entrega de droga con presuntos fines terapéuticos ni era una labor controlada ni se ajustaba a pauta alguna de consumo limitado. Los socios lo eran no porque formasen parte de un grupo concreto de amigos o personas que pidieran conocerse como adictos, sino que eran captados a través de amigos de amigos, por informaciones de internet o simplemente cuando pasaba alguien por el local”.