La Audiencia Provincial de Las Palmas juzga la próxima semana, por el sistema de jurado, a Juan L.V., cabo primero de la Guardia Civil y patrón de la patrullera del Instituto Armado en Corralejo, por un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. El jurado se constituye el lunes y, ese mismo día, arranca la vista oral.

El cabo de la Guardia Civil montó una empresa náutica, con otros socios, a la que no se inspeccionaba, según destaca la Fiscalía, que plantea dos posibles penas alternativas: o 15 meses de prisión, multa de 5.400 euros e inhabilitación especial de empleo o cargo público, entre ellos el específico de agente del Instituto Armado, durante cuatro años y seis meses, o multa de 2.700 euros y suspensión de empleo o cargo público por tres años y seis meses. En cualquiera de los casos, se apartaría al cabo de la Guardia Civil.

Según el escrito de acusación de Fiscalía, el acusado estaba destinado al Destacamento Marítimo de la Guardia Civil de Corralejo y, entre al menos mayo y mediados de agosto de 2018, era uno de los patrones de la patrullera.

“A sabiendas de su ilegalidad y a pesar de tener competencias legales específicas en la inspección de embarcaciones de recreo (Lista sexta), consiguió, valiéndose de su puesto, y a diferencia del resto de las empresas competidoras dedicadas al mismo objeto comercial, que la sociedad de la que era socio -junto a su mujer y un tercero- Nautic Corralejo Charter SL”, no fuera objeto de inspección alguna por parte de la Guardia Civil.

En concreto, la citada empresa tenía una embarcación, denominada Siña María III, atracada en el puerto de Corralejo y dedicada a la actividad lucrativa de excursiones náuticas. La Fiscalía subraya que la compañía náutica del acusado obtuvo un “beneficio, materializado en la falta de necesidad de disponer de toda la documentación legal en regla”, con “el correlativo perjuicio” para las empresas “competidoras”.

El Ministerio Fiscal plantea en su escrito de acusación provisional que la conducta del acusado encaja en un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, si bien con dos opciones de condena, una más grave y otra más leve.

Denuncia en 2018

El caso estalló a finales de 2018, cuando la Fiscalía llevó a cabo una investigación y presentó una denuncia contra el guardia civil, al considerar que se estaría haciendo, supuestamente, la vista gorda con la situación de la empresa de este patrón de la patrullera de Corralejo.

La empresa se dedicaba principalmente a “excursiones turísticas para pesca en alta mar” o traslado de pasajeros al espacio natural protegido del Islote de Lobos. Según se incidía en la denuncia, esta actividad se estaría realizando “con graves irregularidades que impedirían la navegación” de la citada embarcación, que no fueron “nunca denunciadas” por el Destacamento Marítimo de la Guardia Civil de Corralejo, que era el competente en la materia.

La pasividad que la Fiscalía resaltaba en las tareas de inspección hacia la empresa fundada por el cabo contrastaba con que otras embarcaciones “sí han sido denunciadas y sancionadas” por “infracciones administrativas” en la zona, señalaba el Ministerio Fiscal en su denuncia. Así, citaba que carecía de la comprobación que hace Capitanía Marítima sobre “todos los buques y embarcaciones civiles” y, por tanto, “también las embarcaciones de recreo”, de que “cumplen con todos los requisitos exigidos por las normas legales” y la tripulación “adecuada”.

En la denuncia inicial del caso, la Fiscalía también subraya que en la investigación se constató que las embarcaciones de la empresa navegaban “con pasajeros a bordo sin persona al frente con el título de patrón”, o “con marinero desenrolado y sin certificado médico expedido por el Instituto Social de la Marina”. También navegaban “careciendo de preceptivo e indispensable seguro de responsabilidad civil” y se producía la navegación con marineros en embarcaciones “sin libreta de inscripción marítima”.