La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha remitido al Juzgado decano de Puerto del Rosario la denuncia interpuesta el pasado 3 de julio por el concejal de Votemos Fuerteventura en La Oliva, Álvaro de Astica, contra Domingo González Arroyo (alcalde en las fechas de los hechos denunciados) y tres asesores que presuntamente cobraron retribuciones superiores a las que les correspondían por su categoría profesional.

La fiscal encuentra indicios de posible delito de prevaricación en los hechos, que se remontan al 17 de julio de 2015, cuando el entonces alcalde norteño firmó varios decretos nombrando personal eventual de confianza a Ana María Luisa Martín, Juan Francisco González Pérez y Rafael Benítez García con una retribución anual de 28.283,90 euros brutos.

Esa remuneración corresponde a funciones laborales de categoría C1 (bachiller o similar), "sin que conste que los citados cargos de confianza se hallasen en posesión de tal titulación”, se indica en el decreto de la Fiscalía.

Además, los nombramientos contemplaban carácter retroactivo desde el 15 de junio de 2015, lo que fue rechazado por la tesorería general de la Seguridad Social, dándose de alta a los asesores con fecha 23 de julio.

Se da la circunstancia de que una semana después González Arroyo fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario a nueve años de inhabilitación para cargo municipal, por el caso de la explotación de una cantera.

El alcalde, sin embargo, desoyó la citada sentencia y continuó en el puesto hasta el 31 de diciembre, lo que también dio lugar a la apertura de un procedimiento abierto, que sigue pendiente de juicio oral.

El juicio contra González Arroyo por ejercer como alcalde pese a estar inhabilitado está fijado para el próximo 5 de febrero. En este procedimiento, la Fiscalía pide para el exalcalde de La Oliva una condena de cuatro años de prisión.

Indicios de prevaricación continuada

Por otra parte, en esta nueva causa que se abre en los Juzgados de Puerto del Rosario, la fiscal también encuentra indicios de prevaricación en la continuidad de los asesores en su cargo hasta el 7 de enero, cuando en los decretos se especificaba el cese del personal eventual, en el mismo momento que el de la autoridad que los nombró.