Los partidos políticos de derecha extrema y extrema derecha PP y Vox, así como la burguesía neoliberal catalana representada por Junts, decidieron que como no se ofrecía a sus partidos lo que habían pedido, pues los casi 10 millones de pensionistas, se quedan a partir de febrero con su pensión congelada, es decir, sin incrementos y a “sufrir y aguantar” el robo que a través de los precios cada vez más caros (inflación le llaman), se lleva a cabo en los bienes básicos para vivir con alguna dignidad: vivienda, alimentación, energía, transporte, salud… Todos y todas las personas pensionistas, son atracadas doblemente: primero con la inflación y segundo con la detracción de parte de su pensión, que ahora será más escasa para vivir.

Millones de pensionistas (sobre todo mujeres, con pensión de viudedad), perciben la pensión mínima de 825,20€, muy por debajo del Salario Mínimo y absolutamente insuficiente para poder vivir con dignidad, bien en su hogar, bien en una residencia y el decreto decía que se subirán esas pensiones en un 9% para el 2025, es decir unos 50€. Su pensión pasaría a la “friolera de 875€” por 14 pagas, pues bien, los miserables e irresponsables del PP/Vox/Junts, los cuales representan al empresariado de las grandes corporaciones de la energía, la alimentación, la vivienda, la dependencia, decidieron que aún se puede dar una vuelta más de tuerca a quienes son más vulnerables y trasladar esos recursos a ellos mismos y su empresariado.

Si hablamos de pensiones asistenciales y/o IMV, las cantidades medias que se perciben no llegan a los 450€ y son varios millones entre asistenciales e IMV, a quienes se les “roba el 9%” y se les hace más pobres aún, cuando cada día vayan a la compra, paguen la energía, el alquiler, etc. Sería un avance muy importante para los pensionistas incluir la revalorización de las pensiones en la Constitución española como proponen desde la coordinadora de pensionistas Coespe, de forma que la actualización de los ingresos de las personas jubiladas deje de ser un premio que se disputan los principales partidos políticos.

La miseria de la política no termina aquí, sino que el esperpento y la burla se lleva al drama que se representó el miércoles 22 de enero en el congreso: el gobierno (PSOE/SUMAR), el PP, PNV, ERC, Coalición Canaria y UPN, aprobaron el decreto de reforma del sistema público de pensiones para permitir que se pueda ampliar voluntariamente la edad de jubilación hasta los 72 años, una iniciativa que entronca con la demanda europea de aumentar la edad media de jubilación, disfrazando de «opción voluntaria» lo que, para muchos trabajadores, será una simple necesidad. Reforma que viene avalada por las patronales y los sindicatos mayoritarios.

La norma aprobada también es discriminatoria, ya que, los trabajadores de menos recursos o aquellos que no han podido comenzar a cotizar en la juventud serán los que tendrán más razones para seguir trabajando hasta los 72 años cobrando un plus por retrasar la edad de jubilación.

La lógica capitalista, de detraer cada vez mayores recursos de lo Público, es de manual. Como las generaciones que entraron en los mercados de trabajo en la década de los 90 y posteriores, tienen salarios bastante precarios y escasos, sus cotizaciones en gran parte son sobre la base mínima y, además han sufrido alta rotación en los empleos, se van a ver obligadas a jubilarse más allá de los 67 años, si quieren “optar” a una pensión “escasamente suficiente” y además, si quieren optar a pensión “media”, les harán un Fondo de Pensiones con los salarios que no se les suben en sus nóminas sino se meten en la “hucha del fondo de inversión de turno” y el “robo es perfecto”: Extracción de recursos públicos por la doble vía, una robando en salarios y en cotizaciones y la otra, acortando el periodo de cobro de pensión pública, pues eso de jubilarse a los 72 años, se le parece mucho a la fecha de término de la “vida”.

En el decreto ómnibus derogado por el Congreso se incluía una batería de ayudas para los hogares afectados por la Dana de Valencia, el volcán de la Palma y la prórroga de muchas de las medidas del llamado ‘escudo social’ por la pandemia y la guerra de Ucrania: la moratoria del corte de suministros y de los desahucios para familias vulnerables que cumplan una serie de condiciones; las ayudas al transporte o el descuento ampliado para familias vulnerables del bono social eléctrico.

La clase trabajadora, el movimiento pensionista y la ciudadanía en general, tenemos que movilizarnos de manera contundente, contra esta barbarie, de quienes de manera sistemática y cruel vienen aplicando políticas inhumanas, precarizadoras de la vida de millones y millones de personas y generan cada vez más pobreza, más desigualdad, donde la vida cada vez se encuentra más amenazada a costa de sus privilegios.