Al abrir el último domingo de mayo La Provincia me encontré con un extenso reportaje sobre los tres proyectos mineros de tierras raras en Fuerteventura, donde se hablaba de sus bondades, de su valor como “nuevo oro o petróleo”, así como de la urgencia imperante de conocer todos los recursos estratégicos de los que disponemos. Me picaba la curiosidad de cómo la redactora, que me había entrevistado para el reportaje, había “encuadrado” el tema. El “encuadre” se utiliza en periodismo para que el artículo sea como una ventana cuyo marco delimita la realidad a la que el público tiene acceso, centrando la atención en un aspecto específico y limitando la percepción de otra realidad diferente. En este sentido, la redactora hizo un buen trabajo, por lo que cuando la felicité cuando la contacté para decirle que mi nombre era Elena Solís y no Silvia Solís me dijo que estaba muy contenta de haber logrado “una visión muy amplia, con todos los actores implicados”.

Los tres artículos que componían el reportaje, firmados por la redactora como “periodista científica”, un “conservador de mineralogía” y el geólogo José Mangas, desprendían un tufillo que me resultaba extremadamente familiar. Me acordé de similares declaraciones “científicas” y proposiciones morales de “expertos” que habían aparecido en los medios de comunicación de Castilla la Mancha, apoyando incondicionalmente al primer proyecto de minería de tierras raras en España, al sur de Ciudad Real. La línea de discurso no había variado mucho diez años después: si queremos seguir usando nuestros aparatos electrónicos o implantar más energías renovables, debemos extraer los materiales que hacen posible estas tecnologías en Europa y así no depender de que China “nos corte el grifo”.

Este discurso, sin embargo, utilizado hasta la saciedad por “expertos” cercanos, de una manera u otra a la industria minera, conlleva un mensaje oculto: debemos elegir entre extraer tierras raras en la “remota isla” de Fuerteventura o el avance de la humanidad estaría condenado. En otras palabras, “no hay alternativa”, el eslogan que puso en boga la Dama de Hierro con el fin de justificar sus políticas despiadadas y que nuestra “periodista científica” vuelve a usar cándidamente en su reportaje, concretamente, cuando nos plantea: ¿se puede aunar el cuidado del medioambiente con la necesaria autosuficiencia económica y energética?, aun a sabiendas de que la consecuencia lógica de esta proposición es: ¿Si estos dos imperativos no se pueden aunar, debemos asumir el “sacrificio” de Fuerteventura como inevitable? 

En realidad, este supuesto dilema es un constructo moral, un falso universal que parte de la premisa de que existe un conflicto implícito entre mantener la integridad del territorio majorero, por un lado, y la obligación de no parar el avance tecnológico o energético, por otro, planteando así la posibilidad de que conseguir esto último es más importante que lo primero. Este tipo de relatos, disfrazados de máximas del cuerpo de producción de conocimiento pero en realidad diseñados por las tecnologías del poder, introduce en el imaginario colectivo una idea falsa de “racionalidad” para que los intereses de los actores económicos dominantes (en nuestro caso el conglomerado Satocan) impere sobre los de la sociedad en general y así obtener el consentimiento social e institucional en Fuerteventura.

En cualquier caso, aun si aceptamos este supuesto dilema, está claro que para poder elegir hay que “conocer” entre lo que se elige. Los académicos del reportaje enfatizan la importancia del conocimiento. El profesor Mangas nos dice que “conocer es poder”.  ¿Poder para quién y para qué? ¿Poder para que la Administración, amparada por una ley de minas franquista, expropie las propiedades afectadas de los vecinos de Fuerteventura, las regale al promotor de turno para que este a su vez subaste las tierras raras extraídas al mejor postor en el mercado internacional de metales, embolsándose los beneficios menos un uno por ciento de impuestos y dejando a los majoreros el marrón ambiental?

El hecho es que los vecinos de Fuerteventura, los ecologistas y hasta políticos locales, que no le están bailando el baile al Gobierno de Canarias y al promotor, saben muy poco de los proyectos, ya que estos carecen de los obligatorios estudios de impacto ambiental que nos informen de sus riesgos. Por ello “recelamos”, como puntualiza el profesor Mangas, pero agradecemos que ponga “su conocimiento a disposición del ‘pueblo’ para resolver las dudas sobre los riesgos de los proyectos”.

Lo primero, nos gustaría que el profesor Mangas nos diera su opinión acerca de si estos proyectos pueden conllevar la degradación de hábitats únicos y de las muchas áreas de protección natural de la Unión Europea afectados, donde se albergan especies protegidas y en peligro de extinción, como afirma el informe de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura (Gallardo, 2024). También, querríamos saber si cree que el Instituto Británico Geológico tiene razón cuando establece que el procesamiento de todas las tierras raras consume cantidades ingentes de agua, energía y productos químicos (ReportonRareEarths, 2011). Porque en verdad, como bien puntualiza el profesor, la “ignorancia es muy osada” y no es conveniente hacer declaraciones públicas sin ton ni son en contra de los proyectos de tierras raras en Fuerteventura. 

Los proyectos carecen de los obligatorios estudios sobre los riesgos

En particular, nos gustaría que el citado profesor, habiendo dado él mismo evidencia científica de que las rocas de donde se pretende extraer tierras raras en Fuerteventura contienen el elemento radiactivo torio (Mangas et al, 1993), nos explicara su rotunda afirmación de que “el grado de radioactividad de estas tierras raras es despreciable al no contener más de 10 gramos de torio por tonelada de roca”. Esto no lo acabamos de entender, sobre todo cuando hay igualmente evidencia científica de que las metacarbonatitas tienen entre 1 y 140 gramos de torio por tonelada y las sienitas tienen entre 28 y 2.100 gramos de torio por tonelada (Ahijado, 2002). Me pregunto si debemos considerar estos niveles “despreciables”, máxime dado que el promotor de los proyectos ha calificado los residuos mineros como “inertes no peligrosos”, sin aportar justificación alguna, y no se ha consultado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), como obliga la ley, más que nada para valorar si el impacto potencial radiológico es significativo para los trabajadores que harán las prospecciones y también para las poblaciones cercanas a los proyectos en caso de explotación. ¿Cómo puede asegurarnos el profesor Mangas, sin el informe del CSN, que la extracción, triturado y situación en la superficie de los residuos de estas rocas que contienen torio, una vez expuestas a la acción de los agentes externos (agua y viento) no dispersen y disuelvan este elemento radioactivo en las aguas de escorrentía o de infiltración o a través del viento? ¿O debemos confiar en sus declaraciones a los medios?

“El pueblo”,  señores “expertos”, tiene derecho a que ustedes valoren conveniente y objetivamente los riesgos de estos proyectos y no se dediquen a “avalar científicamente” proyectos mineros irredimibles. Lanzar alegremente justificaciones ideológicas y morales, presentadas de manera racional y “científica” por medios de comunicación a sueldo, les hace cómplices e instrumentos en el proceso general de ofuscar los graves impactos ambientales y a la salud de las personas de este tipo de proyectos. El compromiso con el medio ambiente y la salud se demuestra haciendo las cosas bien, dando toda la información y valorando las consecuencias.