Se atribuye a un antiguo alcalde de Puerto del Rosario la afirmación de que el Cabildo de Fuerteventura era el único que tenía dos presidentes: Mario Cabrera y la presidenta de la República Independiente de Recursos Humanos. Aquel alcalde nunca identificó a la presidenta, así que nadie supo a quién o a qué se refería: si a una persona, o a un sistema o forma de gestión de esa unidad administrativa.

Cuando Marcial Morales (Asamblea Majorera/Coalición Canaria) llegó a la presidencia del Cabildo en 2019 sabía que era más fácil controlar el pacto con el PSOE de Blas Acosta que lo que sucedía en Recursos Humanos. Cuando dio un paso para que el funcionamiento de esa unidad se rigiera por las mismas normas que el resto del Cabildo -y de cualquier otra Administración Pública- se dio cuenta que no se enfrentaba a una persona sino a un sistema de gestión que satisfacía a todos sus integrantes. La “intromisión” de Morales provocó que su propio partido así como el sindicato SEPCA le montaran tal algarada que tuvo que dar marcha atrás para dejar las cosas como estaban. Demostró una absoluta falta de autoridad (la misma que cuando era alcalde de Puerto del Rosario) e hizo el ridículo, quedando en evidencia dentro y fuera del Cabildo.

El mayor reto que tenía Lola García cuando llegó a la Presidencia del Cabildo en 2023 era desmontar el entramado creado alrededor de Recursos Humanos por Mario Cabrera para que dejara de parecer una agencia de colocación al servicio de AM/CC. No era un asunto fácil de gestionar debido al significado e importancia que esa unidad tiene para el partido. Es verdad que en AM hay personas que son conscientes de que la gestión que se realiza en Recursos Humanos deteriora la imagen del partido y, lo que es más importante, de la primera Institución Insular, y confiaban en que Lola fuera capaz de revertir la situación.

Consideraban, además, que siendo la presidenta una funcionaria de Educación que accedió al cuerpo por oposición y que había manifestado su disconformidad con la forma de gestión de Recursos Humanos, actuaría de forma coherente. En el momento en que la actual presidenta hizo el reparto de las áreas de gobierno asignó a su consejera de confianza, Nuria Cabrera, la gestión de los recursos humanos. O sea, coloca al frente de la gestión de personal a quien, junto a su marido, dirige al sindicato mayoritario del Cabildo, el SEPCA. Es sabido que el SEPCA en Fuerteventura es la sección sindical de Asamblea Majorera/Coalición Canaria, y representa mejor que nadie los intereses del núcleo del partido. Así que ahora es el SEPCA quien dirige el departamento de Recursos Humanos del que algunos empleados de la Corporación Insular consideran que cuando ponen el pie allí, no saben si se está en un órgano del Cabildo o en la sede del SEPCA.

No sabemos si Lola García, al tomar aquella decisión, hizo lo que estimó oportuno o no le quedó otro remedio que asumir los intereses que el aparato de su organización política tiene en Recursos Humanos. Cabría alegar en su descargo que no parece contar con el suficiente poder o todos los apoyos necesarios en AM para afrontar ese reto. Sea como fuere, no le queda otro remedio que asumir que lo que se decide en Recursos Humanos para la selección de personal es lo que mejor conviene en AM-SEPCA, pero debería tener en cuenta -y suponemos que Lola lo tiene- que los intereses de la Institución Insular no son los mismos que los de AM.

Desde que Marcial Morales abrió la veda con las bolsas de reserva, el Cabildo se convirtió en un coladero de personas (la mayoría, por supuesto, cercanas a AM/CC) que accedieron a un empleo público sin una prueba cualificada que permitiera verificar un mínimo de conocimiento para el desempeño de la función pública. Cierto es que, no solo el Cabildo, sino todas las demás Administraciones Públicas, hacen gala de idéntica fórmula.

Un estudio reciente publicado en prensa ha puesto de manifiesto que el funcionario isleño es un 25% menos productivo que el asalariado medio. El origen de ese bajo rendimiento tiene entre sus causas el sistema de acceso al empleo público a través de las bolsas de reserva. Si el aspirante no ha tenido que esforzarse para acceder a un empleo público, no hay razones para esforzarse para un mejor desempeño en el trabajo, ni tan siquiera para conocer los rudimentos básicos del mismo. La responsabilidad política y sindical en esa realidad es absoluta. Cuando los sindicatos exigen un empleo de calidad se refieren exclusivamente al concepto de fijeza laboral, pero no a si la persona que accede al puesto tiene los conocimientos necesarios para el desempeño de la función pública. Dan por supuesto que por llegar y estar en el puesto ya saben desempeñarlo, aunque sea de sobra conocido que la arbitrariedad es la constante en el acceso al mismo. Enchufismo, se llama.

Los planes de estabilización previstos en la ley apenas resuelven el problema de la temporalidad en el sector público. La aspiración sindical y política era que la ley les permitiera convertir a todos los interinos (incluso a los que entraron hace media hora) en fijos.

Como la ley no cubrió las expectativas para permitir colocar a todos los interinos, Recursos Humanos-SEPCA-AM/CC han intentado buscar un atajo para estabilizar al margen de la ley a más de ochenta interinos (la mayoría en la órbita del partido) a través de su inclusión en la Oferta de Empleo Público de 2023. Cuando lleguen las próximas elecciones será el momento de recordarles a todos esos interinos y sus familias quién los hizo fijos y a quién deben votar.

Como la presidenta García podrá comprobar, hasta en una “simple” oferta de empleo público hay intereses ajenos a la Institución Insular. En realidad, casi toda la gestión de Recursos Humanos es ajena a los intereses del Cabildo, circunstancia que, por supuesto, no pasa desapercibida para los aspirantes en los procesos selectivos de los que casi nadie se queja pues saben cómo se las gastan en Recursos Humanos.

Es de dominio público, o al menos así se pulsa en la calle Primero de Mayo, que la gestión de Recursos Humanos es el principal punto de fricción en el pacto CC-PSOE, e incluso, dentro del grupo de consejeros de CC. Todos ellos se preguntan quién da las ordenes en esa unidad, si Mario Cabrera, Nuria Cabrera o Lola García, si lo hacen todos o ninguno. Nadie se hace cargo de lo que sucede en Recursos Humanos, ni siquiera Lola García.

Se comenta que Lola García está harta de la República Independiente de Recursos Humanos y de ver cómo el apellido Cabrera (de diferentes familias, pero todas de AM/CC) empieza a ser el más común entre los empleados públicos de la Isla. Lola parece no querer reconocer, aunque sea perfectamente consciente de ello, que Recursos Humanos es un sistema perverso implantado por su partido.

Una destacada dirigente del PP dice que a Lola García se le está poniendo cara de Marcial Morales, quizás porque Marcial fue conocido siendo alcalde por decir “sí sí” a todo lo que le pidieran, aunque después no hiciera nada. Es posible que Lola acredite la misma falta de autoridad que Marcial y por ello olvide lo esencial en semejante nido de víboras; olvida que su autoridad en el Cabildo está por encima de los intereses de su partido, o simplemente le interesa olvidarlo para evitar ser defenestrada, tal es la ambición de figurar.

No me cabe duda de que la presidenta del Cabildo sabe que el Cabildo se viene administrando como una casa de mala reputación y que ella quiere seguir ahí sabiéndose útil y utilizada para la satisfacción de los intereses de terceros. Es casi lo peor para una mujer que accede a un cargo público: que tras milenios de ostracismo, para una que llega y que se declara feminista, lo haga tan mal como sus antecesores varones, y que compruebe en sus propias carnes que se es decente en el ejercicio de un cargo público hasta que se deja de serlo. Efectivamente, nada de esto es imputable al género sino a la naturaleza de cada cual.