Este martes ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial el juicio contra el exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, acusado de usurpar la alcaldía y ordenar el cambio de cerraduras para impedir la celebración de un pleno en el que debía tomar posesión como concejal su sustituto en el Ayuntamiento.

La Fiscalía mantuvo su acusación de que González Arroyo cometió un delito de usurpación de funciones públicas, por el que pide tres años de prisión, y un año de cárcel adicional por un presunto delito de coacciones. En el caso de que el tribunal no aprecie el delito de usurpación, plantea la existencia de un delito de prevaricación, con inhabilitación para cargo público durante 12 años.

La fiscal Clara Serrano ha recalcado que González Arroyo, que se negó a responder a sus preguntas, tenía conocimiento de la sentencia por prevaricación que le inhabilitaba y que le “impedía ser alcalde”. Esa sentencia se dictó el 24 de junio de 2015, poco después de la toma de posesión tras las elecciones municipales de mayo de 2015.

En vez de notificar la sentencia que le inhabilitaba al pleno del Ayuntamiento de La Oliva, el 14 de julio pidió una aclaración de la resolución al Juzgado, que lo hizo mediante un auto del 15 de octubre. En cambio, recordó la fiscal, “tuvieron que ser seis concejales de la oposición” quienes pidieran un pleno extraordinario para dar cuenta de la sentencia que apartaba a González Arroyo de la alcaldía.

El citado pleno, convocado a instancias de concejales de la oposición, se celebró el 24 de noviembre y en el mismo se tomó conocimiento de la sentencia condenatoria contra el conocido como 'Marqués de las dunas'. De la sesión se dio traslado a la Junta Electoral Central y el 17 de diciembre entró en el Ayuntamiento la credencial del concejal Rafael Benítez, que tenía que sustituir a González Arroyo en la Corporación.

A pesar de ello, insistió la fiscal en sus conclusiones, González Arroyo “continuó dictando decretos que la secretaria del Ayuntamiento se negaba a firmar”. La entonces secretaria accidental, Rosa Delia Cabrera, recalcó en su declaración el criterio de que tras el pleno en el que se dio cuenta de la sentencia condenatoria, González Arroyo “ya no era el alcalde”.

De hecho, la secretaria del Ayuntamiento envió un correo al personal de la institución informando de que el alcalde en funciones era Pedro Amador, primer teniente de alcalde. Cabrera relató un encuentro en el despacho de alcaldía, en el que se encontraba González Arroyo: “Me dijo: 'el alcalde soy yo', y me puse nerviosa”.

La secretaria: “No era el alcalde”

En su declaración ante la Audiencia, la secretaria se emocionó y recordó que aquellos días el Ayuntamiento vivió “una situación complicada”, con “muchas discusiones”. Como se negaba a firmar los decretos de González Arroyo, éste le advirtió de que iba a cesarla. “Le dije que no podía porque no era el alcalde”.

El 23 de diciembre estaba fijado el pleno en el que se tenía que haber tomado conocimiento de la incorporación del concejal Rafael Benítez en sustitución de González Arroyo, pero no se pudo celebrar porque se habían cambiado las cerraduras. 

El exalcalde declaró este martes que era algo habitual el cambio de cerraduras cuando había un cambio de gobierno, pero el concejal Cirilo González, de Votemos, aseguró que vio a un trabajador municipal efectuando el cambio pocos días antes de aquella sesión, en la que también se debía elegir a un nuevo alcalde.

Por su parte, Pedro Amador también aseguró que el trabajador municipal encargado de notificar las convocatorias de los plenos se negó a repartirlas entre los concejales y añadió que tampoco la Policía Local le hizo “caso” y que rechazó llevar a cabo la notificación entre los ediles de la sesión plenaria en la que debía tomar posesión el sustituto de González Arroyo.

Al pleno “entré presionada”

El pleno que sí se celebró fue otro, el 28 de diciembre, con la secretaria accidental del Ayuntamiento en el Hospital por una crisis de ansiedad. Entonces, González Arroyo se dirigió a otra trabajadora municipal para que ejerciera de secretaria. En su declaración ante la Audiencia Provincial, la trabajadora afirmó que cuando la llamaron le dijeron que solo debía “dar fe” para “recoger una documentación” relacionada con una subvención.

Sin embargo, luego se enteró de que se trataba de un pleno y, en un principio, se negó a participar porque no estaba “nombrada para asistir como secretaria” a las sesiones plenarias. Varios funcionarios del Ayuntamiento también se negaron. “Entré presionada” al pleno, aseguró la funcionaria, quien relató que González Arroyo le dijo que le responsabilizaría personalmente de la “pérdida” de una subvención que se aprobó en el pleno, en el que no participó la oposición.

La Fiscalía niega “confusión”

La fiscal Clara Serrano insistió en que no había ninguna “confusión” jurídica sobre la situación de González Arroyo, que fue el argumento al que se aferró la defensa del exalcalde, que ha pretendido hacer valer una comunicación de la Delegación del Gobierno, que el presidente del PPMajo interpretó como que seguía siendo primer edil, para justificar que durante varios días siguiese ejerciendo el cargo, de forma simultánea al alcalde en funciones, Pedro Amador.

En cambio, la Fiscalía subrayó que era “ilógico” que González Arroyo se amparase en la Delegación del Gobierno, que “lo que le decía era que convocase un pleno para cesar” en el cargo, “no para seguir ejerciendo como alcalde”. En ese sentido, hizo hincapié en que González Arroyo en ningún momento dio cuenta de forma voluntaria de la sentencia que le inhabilitaba y no convocó ninguna sesión plenaria para cesar como alcalde.

Causa penal

El procedimiento penal por el que Domingo González Arroyo se sentó este martes en el banquillo de los acusados se inició a raíz de una denuncia de Álvaro de Astica, de Votemos. Astica recordó que la sentencia que inhabilitaba al 'Marqués' era “vóx pópuli” en La Oliva y que empezó a dirigirse a diferentes administraciones, al Juzgado y a la Fiscalía a la vista de que el entonces alcalde se negaba a comunicarla al Ayuntamiento y que se formalizara su cese.

Astica también destacó que “hubo un momento” en el Ayuntamiento de La Oliva de “duplicidad total entre el alcalde legal”, Pedro Amador, y Domingo González Arroyo, que llegó a emitir una circular a los trabajadores arrogándose ser el auténtico alcalde. El portavoz de Votemos subrayó que “hubo trabajadores que apoyaron en este motín a González Arroyo”, lo que justificaría que, hasta el 30 de diciembre, cuando la Delegación del Gobierno manifestó públicamente que el alcalde era Amador, González Arroyo no fuese desalojado del Consistorio.