La autorización de las obras en el hotel y los apartamentos Oliva Beach, firmada por el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, 72 horas antes de las elecciones del 28 de mayo, ha sido recurrida y tachada de “operación fraudulenta”, que “oculta” que los apartamentos y dúplex que se autorizan a demoler “se construyen en otra superficie de dominio público marítimo terrestre”, en contra de lo que establece la concesión en manos de la cadena hotelera RIU.

Mientras que ha trascendido el supuesto inicio de las obras para octubre, el Ministerio de Transición Ecológica tiene abierto desde julio del año pasado un expediente de caducidad de la concesión, por obras e instalaciones “sin título habilitante” en dominio público.

En diciembre de 2017, la cadena hotelera presentó ante la Dirección General de Costas un proyecto de reforma del hotel, otro para los apartamentos, y un tercero para la ejecución de piscinas. El departamento del Ministerio de Transición Ecológica lo que hizo fue iniciar la revisión de oficio de la concesión del dominio público otorgada en julio de 2003, para 59.768 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre.

Aquel expediente finalizó sin que se hubiera culminado al no cumplir con los plazos. Luego revisó a conciencia si RIU cumplía con las condiciones de la concesión y apreció irregularidades, de tal manera que le impuso una multa de 204.458 euros, por una infracción grave y dos leves.

Con la sanción en la mano, el Ministerio de Transición Ecológica inició en julio del año pasado el expediente de caducidad de la concesión, que se había modificado en abril de 2007 y que se prorrogó de forma extraordinaria en septiembre de 2016, con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, por un plazo de 75 años, hasta el 11 de febrero de 2089. Este trámite sigue vivo, en el margen de los 18 meses que marca la ley para resolver.

Con este complejo panorama legal, Valbuena autorizó el proyecto de RIU para el Oliva Beach, que en octubre de 2021 la empresa había retirado del Ministerio a la espera de que la comunidad autónoma asumiese la competencia en Costas.

Sin embargo, el Gobierno central defiende que las denominadas concesiones de régimen transitorio, que se otorgan como compensación porque terrenos y edificaciones privadas pasan al dominio público tras un deslinde, le siguen correspondiendo.

En su autorización, el consejero socialista trata de esquivar ese conflicto competencial, que sigue abierto. Valbuena señala que desde la prórroga extraordinaria a la ocupación del dominio público concedida por el Estado en 2016, RIU tiene que pagar unos dos millones de euros en concepto de canon, por lo que la concesión ya no sería para compensar que el suelo pasase a manos públicas.

En sus alegaciones, el colectivo Agonane, de Ecologistas en Acción, pide que se revoque la autorización de Valbuena y la considera “nula de pleno derecho” por invadir una prerrogativa del Gobierno central. “Lo contrario significaría un vaciamiento casi total de la capacidad del Estado de actuar sobre el dominio público marítimo terrestre, que es de su titularidad”.

“Imposibilidad”

Una de las partes más polémicas de la orden del Gobierno de Canarias justo antes de las pasadas elecciones es aquella en la que se reconoce que “debido a la complejidad de los edificios y la imposibilidad de tener acceso a los distintos proyectos y licencias que constan sobre las parcelas, así como las autorizaciones”, toda una Consejería de Transición Ecológica solicitó “el análisis urbanístico de los parámetros edificatorios que constan en los archivos del Ayuntamiento”.

El Ministerio mantiene abierto el expediente para caducar la concesión a RIU en las Dunas de Corralejo

La “alusión a la complejidad de los edificios (una simple torre de hotel y unos apartamentos de una a dos plantas) suena a exculpación”, quizás para “evitar informar sobre instalaciones no autorizadas”, apostillan los ecologistas.

De esta manera el análisis del proyecto se contrastó, apunta el Gobierno, “con el técnico municipal” de La Oliva. Luego se hizo una “visita de campo” y se concluyó que no había “aumento de volumen, superficie, ni altura de las edificaciones”. No consta que se consultase ni con la Demarcación de Costas de Canarias ni con el Ministerio de Transición Ecológica, pese a conocer la situación del Oliva Beach y el proyecto de RIU.

Según los ecologistas, “la realidad es que, en la autorización de la Consejería, se permite tanto aumento de volumen como de superficie construida” y “oculta que los apartamentos y los dúplex que se autorizan a demoler”, 14 en la planta primera, cuatro en la planta segunda y otras seis plantas primeras de dúplex, “se construyen en otra superficie de dominio público marítimo terrestre, contraviniendo palmariamente” la concesión.

Frente a esta afirmación, Valbuena sostiene que “se demuelen 1.481,23 metros cuadrados construidos” y que “se renuncia a la construcción del bar-salón que se incorporaba en la versión inicial del proyecto”.

Entre los ecologistas se cuestiona cómo es posible demoler y sostener, como hace el consejero en su resolución, que “no existe modificación en el número de unidades alojativas y plazas entre el estado actual y el reformado” si no se construye en otro emplazamiento.

El hotel Oliva Beach cuenta con 342 habitaciones y los apartamentos son 177 unidades en planta baja, 194 en planta primera y 52 dúplex en plantas segunda y tercera. El coste de las obras, según el Gobierno, sería de 12,4 millones de euros.