Podemos Fuerteventura exige la restitución inmediata del servicio de atención a menores del Cabildo Insular que está suspendido de forma ininterrumpida desde el pasado mes de febrero, según alertaron varias madres en los medios de comunicación el pasado fin de semana.

El consejero y portavoz de Podemos en el Cabildo Insular, Andrés Briansó, ha criticado la política antisocial del Gobierno insular, de CC PSOE, al permitir la suspensión de este recurso necesario para la población majorera.

El SAM presta asistencia psicológica a menores víctimas de la violencia de género del Cabildo de Fuerteventura, en edades comprendidas entre los 2 y 17 años, bien sean huérfanos de madre como consecuencia de la violencia de género o se encuentren expuestos a la violencia de género. En agosto de 2018 el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes contra la Violencia de Género para aumentar la protección y asistencia a las víctimas y menores.

“Vamos a investigar lo sucedido y pedir que se depuren responsabilidades porque la administración pública tiene la obligación de ayudar a los menores, que se hallan desprotegidos y necesitan de forma inmediata atención y apoyo ante un problema tan grave” añade el portavoz de Podemos Fuerteventura.

La ley ya reconoce a los menores como víctimas directas de la violencia que sufren sus madres, pero en muchos casos siguen siendo invisibles. Una situación que deja una huella en las hijas e hijos de las víctimas de violencia machista ante la dramática situación que viven en sus hogares. Podemos preguntará en el Cabildo Insular qué ha supuesto la suspensión de este servicio, cuántas madres y menores han requerido este recurso en los últimos años. “Además queremos conocer cuáles han sido los motivos que han llevado al Gobierno insular a la suspensión de SAM, ya que si es por motivos presupuestarios nos parece reprobable y demuestra la falta de responsabilidad y sensibilidad de este Gobierno, al dejar desamparado al sector más débil de la sociedad majorera”,  ha explicado Andrés Briansó.

“Los menores víctimas de la violencia de género no son víctimas secundarias,  cuando la padecen sus madres, ellos y ellas también son sufridores en primera persona y por lo tanto víctimas directas”, ha indicado públicamente una residente, víctima de violencia de género y madre afectada por el cierre.

La protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género constituye uno de los ejes del Pacto de Estado que exige una respuesta más urgente. Por ello, la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género incluye importantes modificaciones, como desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad. En concreto la reforma que afecta al artículo 156 del Código Civil tiene como objetivo que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad.