El Ayuntamiento de Pájara tiene previsto acometer la “ejecución forzosa” del cierre de los hoteles de la cadena SBH, del empresario Gregorio Pérez, sobre los que se haya resuelto su expediente sancionador. En situación comprometida se encuentran los hoteles Costa Calma Beach, Mónica, Taro y Nautilus.

Así, por ejemplo, en una resolución del pasado mes de septiembre que afecta al hotel Costa Calma Beach, el Ayuntamiento le concede al empresario un mes de plazo para proceder al “cierre voluntario” del establecimiento hotelero ubicado en la calle Agustín Millares de Costa Calma.

Una vez transcurrido el plazo, el Ayuntamiento de Pájara “procederá a la ejecución forzosa” del cierre del hotel, advierte el Consistorio en el decreto. La decisión del Ayuntamiento se produce después de que el Juzgado de lo contencioso administrativo desestimase las medidas cautelares solicitadas por el empresario.

Desde el Ayuntamiento, gobernado por PSOE y CC, se da por inminente el inicio de los precintos de los establecimientos expedientados. En el caso del Costa Calma Beach, en marzo se incoó expediente sancionador por infracción administrativa en materia de actividades clasificadas no haber cursado la preceptiva comunicación previa y declaración responsable.

El Ayuntamiento consideró los hechos una infracción muy grave, con una sanción que se mueve entre los 15.001 y 30.000 euros, si bien finalmente le impuso la multa más baja. Entre las medidas adoptadas se encontraba también la suspensión temporal de la actividad, “sin perjuicio de la eventual legalización posterior de las instalaciones o actividad”.

Entonces, se conminó a la empresa Fuert Can, de Gregorio Pérez, para que en un plazo no superior a un mes promoviese “la legalización de la conducta ilícita mediante las oportunas comunicación previa y declaración responsable, acompañadas de la documentación preceptiva”. También se dio traslado a la denunciante de las supuestas irregularidades, Margarita Martín, que fue concejal en Tuineje.

En abril, la empresa presentó alegaciones, pero la Junta de Gobierno, en junio, desestimó las alegaciones presentadas. Así, consideró probado que el hotel SBH Costa Calma Beach Resort está en funcionamiento sin haber cursado la preceptiva comunicación previa a la apertura, puesta en marcha o inicio de la actividad y declaración responsable.

Ante la sanción económica y el “cierre” del hotel “como medida definitiva” hasta que se produzca una “eventual legalización” de las instalaciones, la empresa solicitó la suspensión cautelar de la clausura del establecimiento e interpuso acciones judiciales.

En julio, el alcalde, Rafael Perdomo, suspendió de forma provisional la ejecución de la orden de cierre hasta que se pronunciara el Juzgado, que lo hizo finalmente desestimando la medida cautelar interpuesta por la empresa. En septiembre, el Ayuntamiento dio el citado plazo de un mes a Gregorio Pérez para llevar a cabo el cierre voluntario antes de que intervenga el propio Consistorio.

Desde el Ayuntamiento se apunta, en relación a la ejecución de los expedientes sancionadores, que incurrirían en prevaricación si no se llevasen a la práctica, mientras que el empresario considera que las órdenes de cierre obedecen a una campaña en su contra.