Nueva Canarias, el grupo al que pertenece la diputada lanzaroteña Gladys Acuña, ha presentado 62 propuestas de mejora al Proyecto de Ley de Servicios Sociales, entre ellas, una renta básica que podría alcanzar al inicio a más de 50.000 personas, incluidas las que cuentan con pensiones no contributivas, las que están en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social y los trabajadores que tampoco pueden cubrir los gastos básicos para “vivir con dignidad”.

Ésta y otras enmiendas parciales al texto que el martes comenzará a trabajarse en ponencia han sido dadas a conocer hoy lunes en una rueda de prensa que ha contado con la presencia del portavoz del Grupo Parlamentario de NC, Román Rodríguez; el portavoz adjunto, Luis Campos, y el diputado Pedro Rodríguez.

La renta básica de garantía de ingresos, en opinión de Luis Campos, debe ser una de las prestaciones a desarrollar a través de esta nueva norma y la base del plan de lucha contra la pobreza, cuya puesta en marcha no debe prolongarse más allá de los seis meses desde la entrada en vigor de la ley.

En calidad de ponente, Luis Campos hizo hincapié en “la importancia de comenzar a desarrollar los servicios y prestaciones antes de que termine la actual legislatura en mayo de 2019, para lo que es necesario que el proyecto de ley se apruebe antes de que finalice el próximo mes de diciembre”.

La renta básica canaria, según Román Rodríguez, puede alcanzar a los 12.000 beneficiarios actuales de la Prestación de Inserción (PCI), a las más de 40.000 personas con pensiones no contributivas, a las personas y familias en riesgo de pobreza y a los trabajadores, que tampoco pueden garantizar con su sueldo los ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos para tener unas condiciones de vida dignas.

Para "complementar, integrar y dignificar" al 44,6 por ciento de canarios en riesgo de exclusión social, los nacionalistas de izquierdas plantean que se usen los 30 millones de euros conseguidos en los PGE de 2018 para combatir la pobreza más otros 170 millones de euros provenientes de los fondos de la PCI, otras políticas de empleo social y una modificación fiscal basada en la progresividad, como ya se planteó en la tramitación de los presupuestos canarios de 2018.

En total, 200 millones de euros “con los que empezar a desarrollar una medida que cumple con sus objetivos en las sociedades europeas más avanzadas y en territorios del Estado, como Euskadi desde hace más de una década”, incidió Campos.

El ponente invitó al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que analice la experiencia vasca, como hizo con la Formación Profesional, para que "se dé cuenta de su error de catalogar como populista esta medida".