A un lado, el empresario Juan Miguel Sanjuán, al frente de un conglomerado de sociedades, el grupo Satocan, que va de la construcción al turismo -en Corralejo tiene el hotel Buendía- pasando por el sector industrial, que le sitúa como uno de los promotores más poderosos de Canarias. Aparece en la típica lista de los más ricos con un capital de 280 millones de euros. En frente, toda la isla de Fuerteventura: el Cabildo, los ayuntamientos, partidos, colectivos ecologistas y vecinos, que se oponen con rotundidad a la exploración minera de tierras raras, que son materiales utilizados en equipos tecnológicos.

Estas son las principales claves de una guerra abierta que recuerda a la oposición contra las prospecciones petrolíferas de Repsol en las costas de Fuerteventura y Lanzarote hace una década, pero con un factor añadido: hasta ahora, nadie en la Isla se ha mostrado a favor de esta actividad minera.

Opacidad en las solicitudes. Las instituciones de Fuerteventura aseguran que se han enterado de las solicitudes mineras del grupo Satocan cuando han salido publicadas en el Boletín Oficial, que no se les ha consultado con carácter previo. El preludio fue una comparecencia en el Parlamento de Canarias de un profesor de la Universidad de La Laguna, Jorge Méndez, destacando la existencia de tierras raras en la Isla y apostando por su exploración con el socorrido “si no investigamos nosotros lo van a hacer otros”.

Poco más de una semana después, a finales de febrero, se publicaba la primera solicitud de Satocan: 1,34 kilómetros cuadrados en Puerto del Rosario, en la proximidad del Puertito de Los Molinos. Este primer proyecto es el denominado Opáres y contra el mismo ya se han presentado una batería de alegaciones.

La segunda solicitud de prospección minera salió en la segunda mitad de marzo y las dimensiones escandalizaron: 19 kilómetros cuadrados, con un perímetro de más de 39 kilómetros de longitud, desde el pueblo de Ajuy, adentrándose en zonas con viviendas, hasta prácticamente la playa de Ugán, hacia el sur. Los vecinos del núcleo costero ya se han organizado y han puesto en marcha una campaña de protesta, que se ha visibilizado este domingo con una concentración en la que participaron centenares de personas, que se dieron la mano en una cadena humana.

Sin embargo, este proyecto, denominado Verode, no será el último: ha trascendido la existencia de otra solicitud en el municipio de La Oliva, todavía pendiente de publicar. Las instituciones majoreras han exigido transparencia al departamento de Minas del Gobierno de Canarias, que depende del vicepresidente Manuel Domínguez (PP).

Cascada de alegaciones. Se espera una gran cantidad de alegaciones, no solo institucionales sino también de colectivos y ciudadanos. En las presentadas por la asociación patrimonial El Efequén al permiso minero en Puerto del Rosario se destaca que el espacio “es uno de los escasos lugares de la Isla que quedan como reductos, poco antropizados, del paisaje y escenario natural de los ecosistemas insulares áridos”. El mero hecho de plantear una extracción minera a cielo abierto resulta “un sinsentido que solo se sostiene por la prevalencia de los intereses privados sobre los públicos, del interés particular sobre el interés comunitario”, añade el colectivo.

Las prospecciones afectan a espacios protegidos y a especies en peligro

En sus alegaciones, alerta de que la zona elegida para las prospecciones “se encuentra en suelos protegidos por la legislación regional y europea”, con figuras afectadas como el Parque Rural de Betancuria o de la Red Natura 2000 como las zonas de protección de aves de Betancuria y Lajares, Esquinzo y la costa del Jarubio. El Cabildo añade en sus alegaciones que los permisos serían incompatibles con el Plan Insular porque en suelo rústico protegido “las actividades extractivas están prohibidas”. La Corporación insular también advierte de la “incompatibilidad” con la zona núcleo y tampón de la Reserva de la Biosfera.

Otro elemento fundamental es que “el suelo donde se proyecta la solicitud” del grupo Satocan no es de su propiedad ni tiene ningún derecho sobre el mismo, sino que es del “mancomún”, es decir, terrenos que desde “tiempo inmemorial” pertenecen al municipio pero cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde a los vecinos. Esto sucede en el caso del permiso solicitado para Puerto del Rosario -donde “la zona de extracción se encuentra muy próxima” a dos yacimientos arqueológicos- pero también en el instado para la costa del municipio de Pájara.

Y El Efequén también resalta una paradoja: precisamente las tierras raras que se quieren localizar y concretar la viabilidad económica de su extracción, son las que dotaron al espacio de la consideración como Lugar de Interés Geológico. Este complejo basal sobre el que se sustenta la Isla y aflora en el centro y la parte occidental de Fuerteventura, es el “más antiguo” de Canarias, “alcanzando el Jurásico”.  “La diversidad y extensión de estos afloramientos no se presentan tan completos en ninguna isla del mundo”, señala el Instituto Geológico Minero.

Cuadrículas con las zonas de exploración minera en Pájara y Puerto del Rosario.

Más riesgos y especies afectadas. En las alegaciones de El Efequén también se alerta de que en los proyectos presentados por Satocan “no se especifican cómo serán ni cómo se harán las perforaciones ni los trabajos de restauración”. Tampoco se aporta “ninguna información sobre el tipo de maquinaria a utilizar, ni el diámetro o profundidad” de las muestras que se extraerán, “ni qué medidas concretas de restauración se aplicarán”. A esto se suma que “no existen viales adecuados para llevar la maquinaria necesaria para realizar las prospecciones”, por lo que se tendrían que abrir nuevas pistas por zonas protegidas.

Por su parte, las alegaciones de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria al permiso de Puerto del Rosario ponen el foco en las especies de aves que se podrían ver afectadas. Se trata de una zona donde “nidifica la pardela cenicienta atlántica”. Dos rapaces que están en peligro de extinción, como el guirre o el halcón tagarote, están registradas en la zona.

En cuanto a las aves esteparias, destaca la avutarda hubara, en peligro de extinción, y también el corredor sahariano, la ganga ortega y la tarabilla canaria, un endemismo majorero. “La puesta en marcha de este ámbito extractivo supondrá una grave amenaza para la avifauna local, tanto por la destrucción física de una parte no despreciable del hábitat ocupado por muchas especies” como “la emisión de polvo y los importantes ruidos generados durante la extracción de las tierras raras”, alerta la asociación.

Rechazo institucional. “No queremos ni vamos a permitir que Fuerteventura se convierta en el solar de experimentos de Canarias”, proclama la presidenta del Cabildo majorero, Lola García (CC). “Que escarben en Tenerife y Gran Canaria y destrocen el territorio de esas Islas, pero no aquí”, dice el vicepresidente Blas Acosta (PSOE). “El territorio hay que protegerlo, pero hay que protegerlo siempre”, apostilla Claudio Gutiérrez (PP). “Es nuestra obligación proteger nuestra Isla del expolio que estos permisos pueden conllevar”, añade Sonia Álamo (NC). Y Sergio Lloret (AMF) sentencia: “Las zonas que se están planteando son de alto valor ambiental y, sean raras o no, esas tierras están bien como están”.

Se teme que permisos para investigar deriven en derechos para extracción minera

Este catálogo de declaraciones se produjo en el pleno del Cabildo que rechazó por unanimidad los permisos. El primer viernes de abril, todos los grupos políticos de la Corporación insular escenificaron su rechazo en la presentación de las alegaciones en el Cabildo. También Puerto del Rosario y Pájara se han posicionado en contra. El responsable de Minas del Gobierno, Manuel Domínguez, dice que “no habrá extracción de tierras raras si no se respeta el medio ambiente”, pero también que cumple con la legislación al dar trámite a las solicitudes.

Una de las claves, que ya ha salido a relucir en el debate, es que de acuerdo con la legislación minera, que se remonta a la época franquista, una posible concesión de permisos de investigación conllevaría derechos de explotación para la empresa. Se espera que el siguiente paso del conflicto pase al Parlamento de Canarias, que en septiembre aprobó “intensificar” con las universidades “los proyectos de investigación sobre los yacimientos de materias primas críticas en las Islas” y “poner en valor” en Europa las tierras raras de la Isla. Al menos en Fuerteventura se defiende todo lo contrario: no tocar el territorio.