La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sancionado al Cabildo de Fuerteventura por la baja, “sin amparo jurídico alguno”, del presidente Sergio Lloret, con la que trató de eludir el descanso obligatorio por el nacimiento de su último hijo, este pasado mes de enero.

La decisión de Lloret, adoptada cuando ya gobernaba el Cabildo solo con el consejero Juan Nicolás Cabrera, tras la salida del Partido Popular, le costará a la institución insular casi 7.000 euros: 3.750 euros por una infracción al no estar dado de alta en la Seguridad Social y otros 3.186 euros por “las cotizaciones dejadas de ingresar”.

Sergio Lloret figura de baja en el régimen general de la Seguridad Social por cuenta del Cabildo de Fuerteventura el 14 de enero de este año. El actual presidente estaba de alta con cargo al Cabildo desde el 9 de julio de 2019, después de la toma de posesión como consejero tras las elecciones insulares.

El presidente permaneció dos meses justos dado de baja en la Seguridad Social. Así, el 14 de marzo de 2023 volvió a ser dado nuevamente de alta. Lloret fue dado de alta el mismo día que la Seguridad Social le remitió una segunda citación para comparecer por la denuncia de Agonane-Ecologistas en Acción. La primera, enviada el 1 de marzo, no había sido atendida.

“Alegando problemas de agenda”, el presidente del Cabildo demoró hasta el 22 de marzo, a las 11.45 horas, su comparecencia ante la Seguridad Social, junto a la directora de la Asesoría Jurídica del Cabildo majorero, María del Rosario Sarmiento.

La Inspección de Trabajo le solicitó el parte de alta inicial en el Cabildo, la solicitud de baja al departamento de Recursos Humanos, las nóminas de los tres últimos meses de 2022 y la de enero de 2023, el acta del pleno en el que se hubiese aprobado su renuncia al sueldo de presidente, el presupuesto del Cabildo para 2023 o la agenda política del presidente durante los tres primeros meses del año. En la comparecencia se entregó la documentación, salvo la agenda, que fue facilitada más tarde por correo electrónico.

Lloret fue cuestionado por la Inspección de Trabajo por su baja y manifestó que, “debido a su reciente paternidad”, lo había hecho para “poder proseguir con su actividad política”. También dijo que “cuando fue alcalde de Tuineje”, en el pasado mandato, ya ejerció el cargo “sin darse de alta en la Seguridad Social y sin cobrar”, por lo que entendía que, ahora, “no habría problema alguno por seguir ejerciendo sus funciones y actividad política sin estar dado de alta”.

En la comparecencia ante la Inspección de Trabajo, Lloret dijo desconocer si el reglamento orgánico del Cabildo permite que el presidente renuncie unilateralmente a su sueldo. Sin embargo, preguntado por si había cobrado por su asistencia a las ferias turísticas FITUR en Madrid e ITB en Berlín, reconoció que “acudió y cobró por ello”. La directora de la Asesoría Jurídica alegó que esos pagos “estarían amparados” legalmente, aunque “tampoco” justificó la disposición “que ampare la baja en la Seguridad Social por decisión propia del presidente del Cabildo”.

En el acta de la Inspección de Trabajo, a la que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se recoge un comunicado del propio Cabildo con declaraciones de Lloret en las que sostiene que le “habría gustado” disfrutar de las seis semanas de permiso de paternidad, pero que se había dado de baja en la Seguridad Social en “un ejercicio de ponderación entre ese deseo y las necesidades del Cabildo de Fuerteventura”. El organismo estatal cita una veintena de referencias a la actividad política de Lloret, extraídas de los medios de comunicación y de la propia agenda del presidente del Cabildo.

Eludir una obligación

La Inspección de Trabajo destaca, con respecto al caso de Lloret, que la Ley General de Seguridad Social establece “expresamente” que deben estar dados de alta los miembros de las corporaciones locales y de los cabildos insulares que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva o parcial. “En el caso que nos ocupa, se comprueba que la dedicación al cargo, a pesar de la baja en el régimen general de la Seguridad Social, no ha dejado de ser en ningún momento exclusiva”, con “actos, reuniones, entrevistas y otros, que abarcan desde las 7.00 horas hasta las 20.00 horas en muchos casos”, subraya.

Lloret ha eludido una obligación en materia de Seguridad Social, no respetando el descanso obligatorio por la “paternidad” y de cara al “cuidado del menor”

En ese sentido, la Inspección de Trabajo subraya el “fraude de ley” que supone que “un trabajador”, ante “una inminente paternidad y el descanso obligatorio que la misma lleva aparejado”, de 16 semanas, seis de ellas inmediatas y sin que se puedan interrumpir tras la fecha del nacimiento, “decide darse de baja en la Seguridad Social para así poder proseguir con su agenda política y su dedicación exclusiva en el cargo”.

También incide en que la decisión de Lloret supuso “evitar el descanso obligatorio” por paternidad, tal y como se regula desde el año 2019, para garantizar “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo”. “Estamos ante un supuesto en el cual, el trabajador de referencia, ha eludido una obligación en materia de Seguridad Social, no respetando el descanso obligatorio previsto legalmente que conlleva el hecho de la paternidad”, de cara al “cuidado del menor”, sirviéndose para ello “de una baja en el régimen general” durante los dos meses posteriores al nacimiento del niño.