Son las ocho y media del 24 de diciembre. Juantxu recoge la bolsa de alimentos que cada martes le dan en Cáritas. Hasta hace unas semanas, dormía en la playa. Ahora okupa una casa sin luz ni agua. Pasa la Nochebuena alumbrándose con velas.

Juantxu es una de las personas que se agarró a la Renta Canaria de Ciudadanía con la esperanza de recibir una ayuda para, al menos, poder alquilar un cuarto y dejar atrás los más de dos años que lleva durmiendo en las calles de Puerto del Rosario.

Dos años también cumple la Renta Canaria de Ciudadanía. Fue en diciembre de 2022 cuando el Parlamento autonómico  aprobó por unanimidad la ley, con la intención de “romper las barreras” de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), a la que sustituía, para llegar a más personas, sin límite de tiempo de percepción  y con la garantía de que era compatible con otras prestaciones no contributivas. Además, la nueva ley incluye una renta mínima garantizada y un sistema de apoyo a la inserción social y laboral efectiva que, entre sus objetivos, se marcaba permitir a la población más vulnerable escapar de la exclusión social y la pobreza.

No fue hasta marzo de 2023 cuando empezó a andar. Sin embargo, la iniciativa no termina de despegar en un archipiélago en el que el 33,8 por ciento de la población está en situación de riesgo de pobreza, según el último informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Canarias han denunciado los déficits que encierra la ley. Su presidenta en la provincia de Las Palmas, Lole Fabelo, considera que es una ley que venía acompañada de “buenos propósitos y buenas intenciones”, pero en el desarrollo “ha faltado recorrido”. “A la vista ha quedado que está costando su implementación dentro de todo el territorio canario. Todavía se siguen resolviendo PCI y la Renta lleva un retraso considerable, entre los 12 y 15 meses, motivado por la ficha presupuestaria y la falta de personal”, explica.

Juantxu solicitó la ayuda el 3 de junio de 2024 y sigue a la espera. Vive con lo que le ofrecen en Cáritas; lo poco que consigue vendiendo cartones y con los céntimos que le dan en la calle se compra un bocadillo cuando el estómago reclama atención. Piensa que la prestación sería la llave que le abriría las puertas al alquiler de una habitación. “Aunque luego me queden 20 euros en el bolsillo, la ayuda me permitiría tener una habitación con un colchón. Estaría acogido y sin pasar frío o calor”, cuenta.  En noviembre quiso saber qué camino llevaba la solicitud. Le dijeron que todo estaba correcto, pero que le tocaba esperar.

“En ningún contexto se valora ningún tipo de retrasos. Cuando se solicita es porque se tiene una necesidad y no porque se prevea que dentro de un año la vaya a tener. Ese año en el que te ves apurado, con necesidades o en una situación de vulnerabilidad de donde sale el apoyo es, al final, de las arcas municipales. Además, se da una visión más paternalista de te estoy ayudando cuando la Renta Canaria es un derecho de las personas”, recuerda la presidenta del colegio de Las Palmas.

Con datos de octubre de 2024, el número de beneficiarios en Canarias ascendía a 12.965. En Fuerteventura era de 344. La cifra de solicitudes entre el 29 de marzo de 2023 y el 31 de agosto de 2024 era de 16.385. 171 eran de Fuerteventura.

El perfil de los demandantes en Fuerteventura no difiere del resto del Archipiélago. Son  personas sin la prestación del SEPE, ni ninguna otra ayuda; en desempleo, mayores de 65 años sin derecho a ningún tipo de pensión, personas en sinhogarismo y mujeres víctimas de violencia de género.

Aunque el retraso oscila entre el año y los 15 meses no resulta difícil encontrar casos en Fuerteventura que llevan cerca de dos años de espera. Violeta es una de ellas. En febrero hará dos años que solicitó la prestación. Se vio empujada a pedirla porque con lo que recibía del Ingreso Mínimo Vital, 437 euros en aquellos momentos, no llegaba a cubrir los gastos. “La Renta Canaria de Ciudadanía recoge un apartado para cumplimentar este tipo de situaciones”, explica.

“Es una ley que no está hecha para la realidad”, apunta Mónica, trabajadora social

Mientras espera respuesta, reconoce que su situación es bastante complicada. “Vivo ajustándome y reduciendo gastos que podían ser necesarios”, asegura. Lleva una vida bastante austera renunciando, en ocasiones, a poner en su nevera algunos alimentos básicos. Ahora vive con el Ingreso Mínimo Vital de 400 euros al mes. “Estuve trabajando y me están descontando injustamente lo que trabajé. Sin embargo, en ningún momento llegué al mínimo estipulado”, explica.

Dos años después de solicitarla y ver que no tiene respuesta, Violeta no duda en calificar la situación de “vergonzosa”. A su juicio, “ha sido un problema de gestión. Hay un grupo de trabajadores sociales que no da abasto. Dada la situación generalizada de pobreza en Canarias, creo que no la diseñaron con suficientes recursos humanos para atender la demanda”.

Entre las acciones que recoge la Renta Canaria de Ciudadanía está que sus beneficiarios participen en acciones personalizadas de inserción social y laboral a través de un itinerario de inclusión diseñado desde los servicios sociales comunitarios en coordinación con los servicios públicos de empleo.

Lole Fabelo asegura que “escasean” los trabajadores sociales para que sean estos profesionales los que acompañen en el proceso de inserción. “En la Consejería reconocen la escasez de personal y también en los municipios. Las compañeras están saturadas y no se les puede esperar que asuman los recorridos”, insiste.

Los ayuntamientos

Mónica Santana es trabajadora social del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la persona encargada, desde el Consistorio, de dar apoyo en el tema de la Renta Canaria de Ciudadanía. También tendrá que hacer los planes de intervención cuando se consigan sacar adelante. No oculta su desánimo tras ver que, dos años después de su aprobación, la ley no ha cumplido con las expectativas iniciales.

“Se pensó como algo novedoso. Con la Prestación Canaria de Inserción los trabajadores sociales hacíamos labores administrativas y quedaba poco tiempo para la intervención. Con la Renta Canaria de Ciudadanía se creyó que era una mejora donde los ayuntamientos íbamos a poder centrarnos en la intervención de las personas”. Sin embargo, no ha sido así.

Para Mónica el primer fallo  ha sido “no escuchar a los ayuntamientos, a pesar de que somos los que, realmente, conocemos la realidad. Se ha aprobado una ley sin tener en cuenta a los ayuntamientos. Es una ley que no está hecha para la realidad”.

Almacén de Cáritas en la capital majorera.

Violeta solicitó la renta en febrero de 2023 y desde entonces está a la espera

“Se están mirando expedientes de marzo de 2023. Hay gente en la Isla que está en situaciones muy graves a nivel social: en situación de sinhogarismo, en la calle pendientes de que se le resuelva; otras con casos de violencia de género o con enfermedades graves. Hay un sinfín de situaciones que se quedan en total desamparo”, lamenta. Al final, alerta, “este retraso favorece la economía sumergida” y agrega que “con estos retrasos, cuando se coge el expediente hay que volver a solicitar la documentación a la persona para actualizar su situación”.

Además, recuerda que el reglamento aún no se ha aprobado y es el documento el que “determina cómo se van a desarrollar muchas partes de la ley”. Y pone como ejemplo las personas que están trabajando a las que la ley dice que pueden recibirla, “pero debe estar establecido reglamentariamente hasta dónde llega la cuantía”, apunta. “Pedimos a la Dirección General de Servicios Sociales la implicación de los ayuntamientos y que se nos escuche en la elaboración de ese reglamento”, insiste.

La Renta Canaria de Ciudadanía incorporaba complementos a las pensiones no contributivas, a la vivienda y a la educación. Dos años después no se han materializado y hasta que no haya un desarrollo reglamentario no se podrá contar con esos complementos.

“Hoy en día no sé cuál es la finalidad real de la renta, cómo se va a desenvolver y qué papel real van a tener los ayuntamientos. Habrá que saber con qué recursos contamos o, por ejemplo, qué repercusión va a tener que una persona no quiera seguir el plan de intervención; hasta dónde los ayuntamientos pueden decir: hasta aquí la intervención”.