El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado enviar a los Juzgados de Puerto del Rosario la querella presentada por la Fiscalía contra los dos últimos presidentes del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera y Marcial Morales, por presuntas irregularidades en la gestión del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF).

La Fiscalía presentó la querella en el TSJC el pasado 5 de octubre al encontrarse entre los querellados el diputado autonómico Mario Cabrera. Con el nuevo Estatuto de Autonomía, que entró recientemente en vigor, Cabrera ha perdido su condición de aforado, razón por la cual ahora el Tribunal Superior de Justicia ha decidido remitir la querella para su reparto en los Juzgados de Puerto del Rosario.

La querella del Ministerio Fiscal se presentó contra Mario Cabrera y Marcial Morales, así como contra Manuel Miranda, que estuvo al frente del CAAF en la etapa de Cabrera, contra el actual consejero de Aguas del Cabildo, Andrés Díaz, y contra Rafael Melián. En la querella se aprecian, por parte de la Fiscalía, indicios de presuntos delitos de prevaricación y falsedad.

El pasado 16 de octubre, el Parlamento de Canarias notificó la condición de diputado autonómico de Mario Cabrera y el 23 de octubre la Fiscalía dio traslado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias de un escrito de Carmelo Hernández, presidente del comité de empresa del Consorcio de Abastecimiento de Aguas, para que se uniera a las diligencias previas abiertas en el tribunal.

Asimismo, el pasado 7 de noviembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó una providencia en la que acordó el traslado a la Fiscalía para que informara de la competencia del TSJC para afrontar la instrucción después de que el día anterior se hubiese publicado en el boletín oficial el nuevo Estatuto de Autonomía, que elimina la condición de aforados de los diputados y de los miembros del Gobierno de Canarias.

El 9 de noviembre, la Fiscalía emitió un dictamen en el que consideró que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias “no es competente” para conocer de la causa abierta sobre las presuntas irregularidades en la gestión del CAAF.

En un auto dictado este martes, el TSJC acuerda la remisión de la causa a los Juzgados de Puerto del Rosario. La Sala de lo Penal está compuesta por las magistradas Margarita Varona, Carla Bellini y el presidente del TSJC, Antonio Doreste, que emitió un voto particular contrario al auto.

Investigación

En la querella se pide que se investigue el levantamiento de reparos a determinadas contrataciones de suministro de agua para consumo humano y su vertido en los depósitos del Consorcio, cuyo principal beneficiario durante el periodo investigado habría sido el propietario de pozos de agua y empresario del sector Fermín Pérez Armas.

El representante del Ministerio Público que ha investigado preliminarmente el caso, Ernesto Vieira, no ha querido dar detalle alguno de la misma, pero las cantidades facturadas oscilarían entre los 43.000 y 100.000 euros, según las facturas obrantes por la compra de agua por parte del Consorcio de Abastecimiento.

Además, en la querella se apuntan otras vías de investigación relacionadas con el suministro de maquinaria diversa, como retroexcavadoras, cuyo montante rondaría los 100.000 euros, así como la contratación de transporte de agua en cubas, cuyo valor estimado sería de 50.000 euros, según las primeras pesquisas abiertas.

Uno de los indicios de delito para la Fiscalía sería la adquisición de agua al depósito de Tequital, que no estaba conectado a las redes de distribución del Consorcio. El Ministerio Fiscal apunta a que la contratación a Fermín Pérez se habría efectuado durante al menos 10 años.