La Ley de Dependencia cumple la mayoría de edad. La normativa, que pretendía convertir la atención a las personas en un derecho, alcanza los 18 años sin cumplir muchas de las expectativas trazadas cuando fue aprobada en el Congreso en 2006. Canarias, aunque ha reducido en 74 días la espera para recibir la ayuda, es, después de Andalucía, la segunda comunidad con más tiempo de espera: 574 días, según datos de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de noviembre de 2024, fallecieron 23.351 personas en las Islas esperando por la ayuda a la dependencia. Lucas Vargas fue una de ellas. El joven, con una enfermedad rara, murió en 2020 en Fuerteventura después de dos años esperando para ser evaluado.

Falta de personal para evaluar, retrasos, listas de espera para recibir la ayuda y la escasez de recursos sociosanitarios han marcado el día a día de la Ley de Dependencia en Fuerteventura desde que echó a andar.

La Isla cuenta con 1.092 personas en situación de dependencia, según datos del servicio de Dependencia del Gobierno de Canarias, dados a conocer a principios de este año coincidiendo con una visita del viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, a Fuerteventura. Este aseguró que no existía lista de espera para la valoración de dependencia en la Isla.

Sin embargo, Fuerteventura no se libra de otras colas. El consejero del área de Acción Social del Cabildo majorero, Víctor Alonso, aseguraba en una entrevista con Diario de Fuerteventura, el pasado mes de enero, que casi 200 personas están en lista de espera en la Isla para residencias de mayores, teleasistencia y ayuda a domicilio.

Fuerteventura cuenta con 1.092 personas en situación de dependencia

Si Fuerteventura se ha sentido olvidada en dependencia durante estos 18 años, el sur aún más. El informe Estudio sobre las necesidades de recursos y servicios de atención a las personas mayores con dependencia de Fuerteventura, realizado por el sociólogo Cristian Sima por encargo del Cabildo y presentado en 2022, alertaba del aislamiento que sufría la zona sur en materia de dependencia.

El documento destacaba la falta de recursos de apoyo, como centros de día y residencias sociosanitarias en los municipios del sur, a lo que se unían las dificultades para recibir la ayuda a domicilio de Dependencia del Gobierno de Canarias por falta de personal en las empresas acreditadas para prestar el servicio.

Cuando se cumplen 18 años de la Ley, Diario de Fuerteventura analiza la situación en el municipio de Tuineje, uno de los agujeros negros de la dependencia en la Isla, para conocer cómo se las ingenian las personas enfermas y sus cuidadores para salir adelante día a día.

Fátima Marrero abre las puertas de su vivienda en Gran Tarajal. Sus padres son dependientes. Él, con 88 años, tiene asignado un grado uno de dependencia. A su madre, de 83, la han valorado con un grado tres, el máximo, debido a la enfermedad de Parkinson que arrastra desde hace más de 50 años.

Fátima ha tomado la lucha por los derechos de las personas mayores como una prioridad y el cumplimiento de la Ley como una obligación. Resume todo el proceso con la palabra impotencia. “Solicitarla es un proceso bastante laborioso. Si no manejas las tecnologías, tienes que buscar ayuda; tardas dos años para que llegue la resolución y luego se ofrecen varias empresas contratadas por el Gobierno de Canarias que no cumplen. Al final, te ves impotente”, asegura.

En el informe del Cabildo de Fuerteventura, se cuestionaba la funcionalidad del servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia. Además de recoger que las horas eran muy limitadas, lo que resultaba “insuficiente” para liberar a la persona cuidadora y que pueda trabajar fuera de casa, se señalaba que el dinero destinado a las empresas “no es proporcional” a las horas de servicio prestadas. “Se ha convertido en un negocio, más que en un servicio para la ciudadanía”, se alertaba en el informe.

“Las empresas que prestan la ayuda no tienen personal suficiente y cualificado para solventar la cantidad de personas dependientes que hay en el municipio de Tuineje”, asegura Fátima. Y pone como ejemplo su propia situación. Su madre tiene asignadas nueve horas a la semana de ayuda, pero no siempre la empresa cumple. Tampoco mantienen el mismo horario cada día.

“Las personas mayores y dependientes deben tener una rutina. Puede que esté acostumbrada a ducharse a las ocho de la mañana. La trabajadora no puede venir un día a las siete de la mañana y otra trabajadora, otro día, a la una de la tarde y sin avisar previamente”, sostiene. Ese es su día a día en su casa.

Cansada de la mala gestión de la empresa, Fátima solicitó acogerse a otra modalidad del PIA (Programa Individual de Atención) en la que se le da una parte del dinero a la familia para que sea quien se encargue de buscar a la persona cuidadora. Pidió el cambio en marzo del pasado año y sigue a la espera de respuesta.

Fátima Marrero explica su caso.

“No ha habido empatía con la gente mayor del sur”, sostiene Fátima

Sila Hernández es otra vecina de Gran Tarajal. En su casa, la palabra dependencia está en la boca de todos cada día. Tiene una hermana de 68 años de edad con Alzheimer desde hace cinco años; una madre de 88 también dependiente y su marido con Parkinson.

Cuenta cómo su hermana ha tenido que mudarse a casa de su madre para que entre todas las hermanas le echen una mano. Cuando la evaluaron, le asignaron un grado tres.

De martes a viernes, acude a su domicilio una trabajadora de la empresa adjudicataria del servicio para sacarla a pasear durante una hora. “Viene a la hora que le parece”, denuncia la mujer. “No la mandan todos los días. A veces, la empresa nos llama para decirnos que no viene porque está enferma o porque no tienen a quién mandar”, explica.

La familia solicitó hace tres meses que se le revisara el caso, pero aún no ha recibido la visita de la evaluadora. “Vamos a tener que ponerle una mujer las 24 horas del día para su cuidado”, dice preocupada.

Fátima Marrero no duda en señalar la necesidad de que el Gobierno canario cuente con personal encargado de hacer un seguimiento a las empresas que prestan el servicio de ayuda a domicilio para ver si están cumpliendo o no. “No es lícito que el Gobierno de Canarias esté dando dinero público a una empresa que no está cumpliendo el servicio”, sostiene. Y añade: “Hay veces que la empresa no viene, pero cogen el dinero de la mensualidad”.

En La Mata, en Tuineje, vive Francisco Díaz, de 91 años y con Alzheimer. Le cuidan su mujer y sus hijos. Inma es una de ellas. “La  empresa que presta ayuda a domicilio no funciona”, asegura, uniéndose al resto de quejas que suelen tener las personas cuidadoras del municipio.

“Las empresas que prestan la ayuda no tienen personal suficiente y cualificado”

Inma se ha intentado cambiar a otra empresa de ayuda a domicilio, pero se tropieza con que desde la otra entidad le dicen que también tienen falta de personal. Mientras tanto, sólo le queda armarse de paciencia. “He estado hasta más de un mes sin que manden a nadie. Hace unos meses, incluso, me dijeron que la chica se iba de vacaciones y no tenían cómo sustituirla. De tanto llamar e insistir, me trajeron a una persona una hora al día de las dos que tiene asignadas”, denuncia.

“No cumplen, pero desde que les entra el dinero a la cuenta lo sacan entero. Me deben días porque no vienen, pero cogen el dinero igualmente”, denuncia.

Sila Hernández.

Sin respiro

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura aprobó, a finales de octubre, la licitación de la redacción de proyecto, obra y equipamiento de la Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal, con un presupuesto de 15.387.888 euros. La infraestructura se ubicará en el valle del Aceitún y tendrá una capacidad de 60 plazas de atención las 24 horas y un centro de estancia diurna ‘centro de día’ con 30 plazas. Se espera que el proyecto esté adjudicado en breve.

Mientras llegan mensajes de esperanza desde el Cabido, Sila, Fátima, Inma y el resto de cuidadoras del municipio ponen los pies en el suelo y se preguntan cuándo estará abierta y si el número de plazas previstas en su día serán suficientes para cubrir la demanda que existe en la actualidad.

“Ha faltado planificación, gestión y corazón”, dicen las afectadas

Fátima cree que “la residencia de Gran Tarajal tardará años en abrirse”. “Ha faltado planificación, gestión y corazón. No ha habido empatía con la gente mayor del sur. Nadie ha tenido en cuenta que tenemos un sector muy vulnerable”, denuncia. Y añade que  “el municipio está olvidado en materia de dependencia. La ley de dependencia se ha cebado con Tuineje”.

Mientras espera que se ponga la primera piedra para la construcción de la residencia y el centro de día, Sila insiste en que en el municipio de Tuineje “hacen falta muchos servicios”. Demanda un centro de día donde personas como su hermana puedan acudir y, a la vez, se les estimule cognitivamente. “Un lugar donde tuviera compañía y, también, fuera un respiro para la familia”, explica.

“Mi madre vive en un mundo sin conocer, prácticamente, a nadie” porque las 24 horas del día las dedica a cuidar a su marido, asegura Inma Díaz. “A mi padre ya le coge bastante avanzado de edad para ir a un lugar de estas características. Lleva 20 años enfermo, pero en su momento, le hubiera venido muy bien un centro de día y mi madre, como cuidadora, hubiera tenido mejor calidad de vida”.