La Audiencia Provincial de Las Palmas juzga el próximo miércoles a C.C.V. y a B.G.M., sargento y agente de la Guardia Civil que estaban destinados en el cuartel de Morro Jable (Pájara) cuando se cometieron los hechos por los que la Fiscalía solicita una condena por presuntos delitos de falsedad en documento público y detención ilegal.

Según indica la Fiscalía, en la mañana del 20 de agosto de 2012, el agente B.G.M., en connivencia con el sargento C.B.V., se puso en contacto con una mujer y le conminó a que acudiese junto a otra conocida al puesto de la Guardia Civil de Morro Jable por la supuesta implicación de éstas en un delito de hurto.

Sobre las cinco de la tarde, ambas mujeres acudieron al puesto de la Guardia Civil y, “a pesar de tener conocimiento los acusados poco después de que el supuesto perjudicado no quería presentar denuncia, las mantuvieron retenidas casi cuatro horas” en las dependencias del Instituto Armado.

La Fiscalía destaca que las retuvieron “en contra de la legalidad puesto que no existían indicios de criminalidad frente a ellas”. En cambio, los acusados “dijeron a las perjudicadas que estaban detenidas”, llegando el agente, según el Ministerio Fiscal, a decirle a una de las mujeres: “Te vas a comer el hurto”. Además, las mujeres no fueron asistidas por letrado alguno, como marca la normativa.

La fiscal Marta Rodríguez León destaca que “a sabiendas de la ilicitud de sus actos y a los efectos de dar apariencia de veracidad a los mismos”, el sargento “creó en el Servicio informático de la Guardia Civil (SIGO) el 29 de agosto de 2012 un hecho delictivo por hurto fruto de la supuesta denuncia que nunca se llegó a producir”.

“Posteriormente, el 31 de agosto de 2012, creó un hecho en el sistema relativo a la detención” de las dos mujeres, “así como un atestado en el que se incluía el acta de detención e información de derechos” a las dos afectadas, y otros trámites ficticios como la “diligencia de exposición, diligencia de entrega de atestado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario y el acta de puesta en libertad de cada una de las perjudicada”. “El atestado nunca llegó a entregarse en el Juzgado mencionada”, explica la fiscal.

Para el Ministerio Fiscal, el sargento cometió un delito contra la libertad individual, por el que pide siete años de inhabilitación para empleo público, y otro delito de falsedad en documento oficial, por el que solicita cuatro años y seis meses de prisión y otros cinco años de inhabilitación. Al agente le acusa de cómplice del delito contra la libertad individual y solicita tres años de inhabilitación.