El Consejo de Estado tiene en su poder, desde este pasado 4 de diciembre, la documentación complementaria que reclamó al Ministerio de Transición Ecológica para decidir sobre la propuesta de caducar la concesión al hotel y los apartamentos Oliva Beach para ocupar el dominio público marítimo terrestre en las Dunas de Corralejo.

El pasado 20 de septiembre, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, remitió al Consejo de Estado el expediente abierto al establecimiento de la cadena hotelera RIU, que tiene como objetivo caducar la concesión otorgada en julio de 2003.

En octubre, el Consejo de Estado devolvió el expediente al Ministerio, “de cara a la incorporación al mismo de determinada documentación necesaria para la emisión del oportuno dictamen, así como para la cumplimentación de determinados trámites”.

“Una vez recabada la documentación solicitada, así como practicado el trámite de audiencia” a los interesados, se volvió a enviar el expediente al Consejo de Estado, que tendrá que emitir su informe al respecto de la continuidad del Oliva Beach en Las Dunas.

Cabe destacar que, tal y como publicara Diario de Fuerteventura este pasado mes de julio, la propuesta de resolución del Ministerio de Transición Ecológica incluye “declarar la caducidad de la concesión” del dominio público marítimo terrestre que ocupa el hotel RIU Oliva Beach en las Dunas de Corralejo.

Además, el Gobierno central propone “ordenar el levantamiento y retirada del dominio público de las instalaciones” del Oliva Beach, así como ordenar a la Demarcación de Costas de Canarias que lleve a cabo el acta de reversión de los terrenos.

La propuesta del secretario de Estado de Medio Ambiente, por sustitución de la directora general de Costas, Ana María Oñoro, contra la que se ha querellado la cadena hotelera, se firmó el pasado 20 de julio, tres días antes de las elecciones generales. Con el nuevo Gobierno, tras la investidura de Pedro Sánchez, se le ha dado continuidad a Morán en el Ministerio.

Después de dar audiencia “a los interesados” en el expediente, la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica se ha elevado al Consejo de Estado. El Ministerio ya había recibido el aval de la Abogacía del Estado y del Consejo de Obras Públicas para caducar la concesión del Oliva Beach.

El procedimiento lo tiene que resolver, en última instancia, el propio secretario de Estado de Medio Ambiente. El expediente de caducidad se incoó el 26 de mayo de 2022 y el Gobierno central tiene 18 meses para culminarlo, si bien en las idas y venidas del expediente al Consejo de Estado se ha acordado la suspensión de plazos.

Sanción a RIU

En noviembre de 2020, el personal de la Demarcación de Costas de Canarias “constató la ejecución” por parte de RIU “de nuevas obras e instalaciones posteriores al otorgamiento del título concesional”, concedido en abril de 2003, modificado en abril de 2007 y prorrogado en septiembre de 2016, “que no se ven amparadas por el mismo”.

En concreto, se cita el vallado de la parcela, “que impide el acceso a la superficie otorgada en concesión”, unos 18.122 metros cuadrados, a los que se debe poder entrar de forma pública y gratuita. También destaca la “construcción de carretera y aparcamiento”, además de una “acera”, la “transformación de terrenos para zona ajardinada”, la instalación de contenedores para residuos, un “contenedor marítimo”, un depósito de propano, otro de “agua sin tratar”, así como “instalación eléctrica”.

“Las actuaciones descritas no constituyen obras de reparación, mejora, consolidación o modernización, y sin embargo sí que implican aumento de volumen, y superficie de la construcción existente”, destaca el Ministerio de Transición Ecológica. “Implican un aumento de superficie y volumen de un 22 por ciento del total autorizado”, precisa Costas, que ya dictó una sanción de 204.458 euros en marzo del año pasado, lo que dio pie para el expediente de caducidad de la concesión.

Más propietarios

Otro de los aspectos que detalla la propuesta de resolución del Ministerio de Transición Ecológica es que “de las 442 fincas registrales correspondientes a los respectivos apartamentos” Oliva Beach, “un total de 20” fueron vendidas por la empresa Geafond Número Uno Lanzarote SA, controlada por RIU.

Esas ventas se produjeron antes del otorgamiento, en el año 2003, de la concesión del dominio público. Sin embargo, solo RIU solicitó y obtuvo la concesión, lo que para el Ministerio se ha considerado una irregularidad.