La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga el próximo miércoles a los empresarios Andrés y Carlos Bardeau de la Vega, para los que la Fiscalía solicita una condena de 20 años de prisión por crear un entramado empresarial para evitar pagar casi ocho millones a la Agencia Tributaria.

Ambos empresarios estaban detrás de las sociedades Oasis Duna de Corralejo, Inversiones Turísticas El Cotillo, Oasis Papagayo y Oasis Village, con establecimientos alojativos e inmuebles en la localidad de Corralejo.

Las citadas mercantiles acumulaban unas deudas millonarias con la Agencia Tributaria, como consecuencia de no abonar las retenciones por el trabajo del personal de las empresas. La primera adeudaba más de 2,9 millones, la segunda más de 1,7 millones, la tercera 1,4 millones y la última otros 1,7 millones de euros.

Para eludir el pago de las deudas, en 2009 constituyeron otra empresa, denominada Explotaciones Reunidas de Corralejo, y cedieron “verbalmente” la explotación de la actividad turística de las mercantiles sancionadas por Hacienda, pese a carecer de “medios humanos ni materiales”.

El objetivo era evitar que la Agencia Tributaria les embargase, porque de toda la facturación generada a través de esa sociedad instrumental, solo retornaba a las empresas en torno al 30 por ciento de los ingresos totales, lo justo para pagar a proveedores.

El “grueso de la facturación”, destaca la Fiscalía, se derivaba a otras empresas vinculadas, como Blokimax y Amanecer de Corralejo, controladas por los hermanos Bardeau de la Vega.

Sin embargo, la Agencia Tributaria se dio cuenta de la operación y expedientó a la empresa instrumental, Explotaciones Reunidas de Corralejo. ¿Qué hicieron entonces? La Fiscalía destaca que un familiar directo de los acusados creó en Austria otra empresa, denominada Fue Sonnen Reisen GMBH, a la que desviaron “toda la facturación” de la actividad turística en Fuerteventura.

Cuatro delitos de alzamiento de bienes

En febrero de 2017 se rescindió este segundo acuerdo debido a la inspección fiscal, en una operación conjunta de funcionarios españoles y austriacos. En aquel momento, los acusados “deciden desviar, ya directamente, la facturación de la meritada actividad turística entre distintas sociedades vinculadas” a las que tenían las deudas millonarias con Hacienda, pero que estaban limpias, “sin antecedentes penales”.

La acusación de Fiscalía concluye que se han producido cuatro delitos de alzamientos de bienes, uno por cada empresa deudora de Hacienda. Para ambos empresarios pide que se le imponga a cada uno cinco años de prisión por cada delito, lo que eleva la petición de pena de cárcel a 20 años.

Además de las multas -198.000 euros para cada empresario y 432.000 euros para cada empresa- y de la indemnización a la Agencia Tributaria, el Ministerio Fiscal solicita la disolución jurídica de las mercantiles.