El pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado, por unanimidad, una moción mostrando su apoyo a la declaración de emergencia energética de Canarias, siempre y cuando se acepten una serie de condicionantes que garanticen el suministro energético de manera compatible con la sostenibilidad, la preservación del territorio y la calidad de vida de las personas.

Según ha expresado la presidenta del Cabildo, Lola García, "estamos de acuerdo con todas las medidas que permitan resolver la emergencia energética y garantizar el suministro. Sin embargo, no queremos que esta declaración de emergencia sirva a las grandes multinacionales para que se implanten sin control y sin tener en cuenta el paisaje, el territorio y las singularidades de Fuerteventura".

"Tampoco que se haga a través de procedimientos extraordinarios que invadan las competencias del Cabildo y les permita saltarse el planeamiento en Fuerteventura", añadió.

El vicepresidente, Blas Acosta, explicó que "los recursos y valores naturales de Fuerteventura deben utilizarse para el interés común de la población de la Isla, y no para el beneficio de grandes inversores que quieren utilizar nuestro territorio".

Asimismo, el Cabildo de Fuerteventura manifiesta que no se aceptará ninguna prórroga de permanencia y explotación de la Central Térmica de El Charco, e insta al Gobierno de Canarias y al Estado a tomar las medidas necesarias, junto con Unelco Endesa y las administraciones implicadas, para agilizar y ejecutar, de una vez por todas, su traslado.

Con esta moción, propuesta por el grupo de gobierno insular, el Cabildo insta al Gobierno de Canarias a elaborar de manera urgente planes de ahorro y eficiencia energética y se compromete a poner en marcha de planes de instalación sistemas de energía solar fotovoltaica en sus dependencias e insta al resto de administraciones (regionales y locales) a hacerlo en sus techos institucionales, sanitarios, educativos, deportivos, culturales, puertos y aeropuertos.

Entre otras medidas, se propone, además, la creación de una mesa de diálogo que involucre al Gobierno de Canarias, los ayuntamientos, el sector empresarial y la sociedad organizada con el objetivo de abordar colectivamente el modelo de transición energética en la isla.

El acuerdo aprobado será trasladado a los ayuntamientos de Fuerteventura, Gobierno de Canarias y resto de cabildos insulares.