El exdiputado del PSOE en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo, al que se señala como cabecilla de la supuesta trama de corrupción conocida como caso Mediador junto con el general jubilado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, exigía presuntamente a los empresarios un primer pago de 5.000 euros para iniciar gestiones en su favor.

Según consta en la investigación, hay constancia de tres pagos por ese importe de empresarios implicados en la trama mediante transferencia bancaria a la cuenta del Club Deportivo Tetir que presidía el parlamentario en Fuerteventura, de donde es natural y donde fue detenido el pasado lunes tras renunciar a su acta como diputado.

Para introducir a los empresarios en la trama, supuestamente aprovechaba su condición de diputado y organizaba visitas al Congreso y al despacho de Espinosa en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y celebraba comidas y fiestas en restaurantes y clubes de alterne, así como en el hotel Victoria, donde se alojaba semanalmente para asistir a la sesiones de la Cámara Baja.

Los gastos corrían a cargo de los empresarios, que en esos contactos hacían entregas de dinero en efectivo al diputado canario, sostienen los responsables de la investigación policial supervisada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

Fuentes Curbelo accedió al Congreso por el movimiento de cargos públicos al que dio lugar en el PSOE de las islas el nombramiento de Carolina Darias como ministra de Sanidad: a Darias la reemplazó como consejera de Economía del Gobierno de Canarias la diputada socialista Elena Máñez y ésta dejó libre su escaño.

Hasta ese momento, el presunto cabecilla del caso Mediador era director general de Ganadería del Gobierno canario, puesto en el que le sucedió su sobrino, Taishet Fuentes, otro de los detenidos, hasta que fue destituido el verano pasado por "pérdida de confianza".

Según la investigación, siendo ya diputado, contactó con Marcos Antonio Navarro Tacoronte para que actuara como mediador (función que da nombre al caso) y fue éste quien le presentó a los empresarios en la trama, tanto a los de la península como a los relacionados con el sector de la ganadería en Canarias.

Fuentes Curbelo se ofrecía para hacer gestiones a empresarios de la península para que se pudieran implantar en la Zona Especial Canaria (el área de baja tributación), lo que tramitaba a través de una asesoría de su propiedad, si bien la red también planteaba la posibilidades de recibir subvenciones, adjudicaciones directas o conseguir el archivo de algún expediente sancionador, conforme a la información facilitada a EFE.

De acuerdo con la investigación policial, los empresarios veían "grandes posibilidades de medrar en sus negocios", ya que el exgeneral Espinosa contaba con contactos en las islas del periodo que estuvo al frente de la Comandancia de Las Palmas.

En el caso del empresario José Santiago Suárez, que se encuentra en libertad con cargos por esta causa, no solo pretendía vender sus drones a las ganaderías y queserías de Canarias a través de Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet, sino también a la Consejería de Sanidad para el transporte de material sanitario, siempre según las mismas fuentes.

Suárez fue uno de los que, presuntamente, pagó 5.000 euros para implantar su empresa en la ZEC mediante las gestiones de Fuentes Curbelo, pero sus negocios no llegaron a "cuajar", por lo que reclamó al diputado que le devolviera 44.000 euros que supuestamente le había abonado.

El exdiputado es el detenido número 13 del caso investigado por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, por la supuesta comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.