El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la condena a tres años de cárcel por un delito de cohecho al empresario Gregorio Roberto V.G., después de que un jurado de la Audiencia Provincial declarase probado que intentó sobornar en abril de 2016 con 2.300 euros al entonces concejal de La Oliva Álvaro de Astica para conseguir que le otorgaran la explotación del servicio de hamacas en las playas.

La condena ratificada implica tres años de prisión e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con entes públicos y obtener beneficios fiscales por un periodo de cinco años, así como una multa de 12 meses con una cuota de ocho euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas impagadas.

La condena impuesta por la Audiencia Provincial y ahora ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se asemeja a la solicitud de pena instada por la Fiscalía, que pidió cuatro años de privación de libertad.

Cabe destacar que el tribunal que juzgó el caso se opuso a que se otorgue el indulto a Gregorio Roberto V.G., pero no a que se le conceda una suspensión de la pena de prisión, si corresponde, ya que se trata de la primera vez que es condenado.

El denunciante del caso Hamacas, Álvaro de Astica, afirmó en el juicio que el empresario Gregorio Roberto V.G. le entregó los 2.300 euros del supuesto soborno en un sobre, tras haberlo citado en su casa, y que al salir de la vivienda el procesado fue detenido por la Policía, que tenía conocimiento de la cita.

En la segunda sesión del juicio en la Audiencia de Las Palmas, el entonces edil de Votemos en el Ayuntamiento de La Oliva detalló que la entrega de dinero para conseguir un trato de favor en la adjudicación del servicio de hamacas se produjo la tarde del 27 de abril de 2016.

El dinero se lo entregó el acusado en un sobre blanco que llevaba el nombre de Roberto, ha indicado el denunciante.

Así mismo, ha explicado que decidió grabar en un teléfono móvil la entrega y que como Gregorio Roberto V.G. le había dicho que le iba a pagar 3.000 euros, por temor a que la Policía pensara que se había quedado con la diferencia, le preguntó por los 700 euros pendientes y este le dijo que se los entregaría una vez que consiguiera la concesión del servicio de hamacas.

El denunciante indicó en el juicio que el 28 de marzo de ese año contactó el empresario con él para interesarse por la adjudicación de las hamacas, pero no le denunció a la Policía hasta el día 6 de abril porque fue en el intervalo de esos días cuando tuvo "claro" las intenciones del empresario.

Así mismo, señaló que con anterioridad a la cita del 27 de abril mantuvieron otra, en la calle, para la entrega del dinero, que también conocía la Policía, pero que en esa ocasión el empresario le dijo que no había podido reunir la cantidad.

El denunciante consideró en el juicio que el acusado, que se acogió a su derecho a no declarar, tiene como "estrategia no decir nada de todo lo que sabe", pues, según su información, iba a utilizar a un testaferro para que se presentara al concurso porque como tenía deudas no podía hacerlo él.

El exedil rechazó en la vista oral la versión de la defensa de que era él quien le pedía dinero al empresario debido a deudas que tenía: "Un reconocimiento de mi honestidad y de que ni robaba ni me metía a pactos con golfos", recalcó Astica.

Además, sostuvo que sus deudas eran de conocimiento público en las redes sociales y esa versión del acusado surgió a partir de 2019, tres años después de denunciar los hechos.

A preguntas de la defensa, explicó que la acusación popular, ejercida durante la instrucción por Votemos, se retiró del caso porque cuando se acabó el mandato él no se volvió a presentar a las elecciones y se quedaron sin fondos para pagar a los abogados.