El Tribunal Supremo ha zanjado la reclamación de las empresas promotoras de la urbanización turística Rosa del Lago, en el municipio de Puerto del Rosario, y ha rechazado una indemnización de 68,8 millones de euros que exigían al Gobierno de Canarias por no haber desarrollado el plan parcial. La urbanización, de 2.500 plazas alojativas y más de 1,2 millones de metros cuadrados de superficie y campo de golf de 18 hoyos, se aprobó en agosto de 1999 pero lleva paralizada más de una década.

Las empresas promotoras, vinculadas entre otros a Pedro Agustín del Castillo, presidente de Binter, y Fernando del Castillo y Benítez de Lugo, del grupo empresarial Vega Grande, acusaron al Gobierno de Canarias de haber incurrido en responsabilidad patrimonial por no haber podido ejecutar su urbanización turística en Puerto del Rosario tras la entrada en vigor de la ‘moratoria’ de 2001, que mantuvo la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, de 2003.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) primero, y ahora el Tribunal Supremo, han echado por tierra la indemnización millonaria que reclamaban los promotores. En la sentencia se destaca que, “amparándose” precisamente “en las excepciones a la moratoria”, obtuvieron autorización previa y licencia de obras para construir un hotel de cinco estrellas.

El proyecto turístico de la urbanización Rosa del Lago contemplaba 2.500 plazas alojativas y un campo de golf de 18 hoyos

El Tribunal Supremo también añade que los propios promotores admitieron que no siguieron adelante con la urbanización al considerar “ilógico y antieconómico” abordar una fuerte inversión en un plan parcial turístico para construir solo un hotel.

En el procedimiento judicial se constató que los promotores no habían terminado las obras de urbanización del plan Rosa del Lago: la certificación de una constructora aportada en la causa apunta a que se habían invertido casi 1,7 millones, otra certificación municipal estimaba que habían sido unos 826.000 euros y el importe de ejecución global de las obras de urbanización ascendía a 6,7 millones.

“Las obras comenzaron a ejecutarse de forma inmediata tras aprobarse el proyecto de urbanización en el año 2000”, si bien por la “incertidumbre e inseguridad jurídica” que atribuían a la moratoria turística del Gobierno, los promotores ralentizaron los trabajos “ante el riesgo” de que terminaran siendo “inútiles”, según defendían en su demanda.

Los promotores solicitaron a Costas la autorización para ocupar el dominio público y ‘acondicionar’ la Playa del Charquito

En cambio, los tribunales consideran que en realidad “existió un incumplimiento del plan de etapas” en la ejecución de la urbanización, lo que implica “la inexistencia” de “aprovechamientos urbanísticos” consolidados, que se generan “cuando se cumplen los deberes y cargas” de la ejecución del plan parcial.

“Si no se ha continuado con las obras de urbanización es por razones ajenas a la situación legal” derivada de la moratoria turística, recalca el Supremo, que concluye que no cabe “indemnización”.

Además, en las sentencias se advierte la irregularidad de que el proyecto de urbanización, aprobado por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en diciembre del año 2000, tuviera luz verde antes de que se publicara la normativa urbanística del plan parcial, en 2007, lo que implica su “invalidez”.

Empezar por la playa

El último movimiento de los promotores de la urbanización turística Rosa del Lago ha sido solicitar a la Demarcación de Costas en Canarias, en junio pasado, la ocupación del dominio público marítimo terrestre para el “acondicionamiento y formación de playa estable” en la zona conocida como Playa del Charquito.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Roberto Padilla, señalaba a finales de octubre que los promotores no habían efectuado ninguna solicitud nueva con respecto a la urbanización turística.

Claves

URBANIZACIÓN. El plan parcial Rosa del Lago se aprobó en julio de 1999 y contempla la construcción de un número máximo de 2.504 plazas alojativas, con cuatro plantas de altura. Se recogió una parcela, villas y apartamentos turísticos, así como un campo de golf que rodearía las edificaciones.

GOLF. El campo de golf de 18 hoyos y otro campo de prácticas obtuvo una declaración de impacto ecológico con condiciones en 2004. Un año antes, la Agencia de Protección del Medio emitió una sanción por las obras del campo de golf, que ya habían comenzado. Los promotores alegaron entonces que “su legalización” era “cuestión de unos meses”.