El Ayuntamiento de Pájara encargó su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGO) en mayo de 2020. Se hizo cargo de su redacción el equipo del arquitecto urbanista Jorge Coderch, con el objetivo de aprobar en 30 meses un nuevo documento que sustituya al que aún está en vigor, que se aprobó en el año 1989.

Los primeros pasos se dieron rápido. En diciembre de ese mismo año ya había un primer borrador con su Documento Inicial Estratégico y ese mismo mes se solicitó al Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único, adscrito a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, el inicio de la Evaluación Ambiental estratégica ordinaria.

El procedimiento de Evaluación Ambiental y el trámite de consulta del borrador se iniciaron en enero de 2021. Seis meses después, la Comisión Autonómica de Evaluación aprobó el Documento de Alcance para la redacción del estudio ambiental estratégico. Casi un año después, en mayo y en junio de 2022, se llevan a cabo sendos acuerdos para aprobar el Avance del Plan General junto a su estudio ambiental estratégico. De nuevo, un año más tarde, en sesión de 25 de mayo de 2023, se aprobó inicialmente el documento de Ordenación Estructural del Plan General.

Y al año siguiente ya parecía que se había recorrido todo el camino. El 6 de agosto de 2024 se enviaron al Gobierno de Canarias el Estudio Ambiental Estratégico, el Inventario Ambiental, el Estudio Básico de Riesgos, el plano del Diagnóstico Ambiental y los planos de la Información Ambiental. El acuerdo lo había tomado el pleno del Ayuntamiento de Pájara en su sesión del 30 de julio y todo hacía indicar que antes de final de año el documento estaría de vuelta para su aprobación definitiva. 

Onán Cruz, director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, señala que el Ayuntamiento de Pájara envió su documento definitivo de planeamiento a la Dirección general “a finales del año pasado” (aunque fue en verano), después de haber recabado los distintos informes sectoriales de otras administraciones que deben informar sobre el Plan General.

Antes de la aprobación definitiva, el único trámite que queda es el dictamen que tiene que hacer el propio Gobierno de Canarias sobre esos informes. “Nosotros tenemos que comprobar que todo está corregido y conforme, y una vez hecho, elaboramos el informe definitivo”, señala Cruz.

La redacción se encargó en mayo de 2020 para un plazo máximo de 30 meses

Respecto a la demora en elaborar este informe, Cruz asegura que están comprobando las dudas que pueda haber en esos informes sectoriales, teniendo en cuenta “las carencias que tenemos de falta de plantilla”.

Según Cruz, el informe lo está elaborando la Consejería con sus propios medios. “Algunas veces, por esta escasez de medios, se pide apoyo en casos puntuales a Gesplan, pero en esta ocasión lo redactamos nosotros, el mismo equipo que hizo los informes previos”, señala el director general, que reconoce que sí que hubo apoyo por parte de la empresa Gesplan en etapas anteriores de este Plan General. Una vez que el Gobierno dé el visto bueno a la evaluación ambiental, el Plan volverá al Ayuntamiento para que lo apruebe de manera definitiva.

Modificaciones

Por otra parte, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha iniciado 13 expedientes de otras tantas modificaciones menores del Plan General de Ordenación (PGO) de Pájara, así como los procedimientos de evaluación ambiental estratégica simplificada de dichas modificaciones. Lo hizo apenas unos meses después de que el pleno municipal aprobara de forma inicial el nuevo Plan General.

Las modificaciones puntuales que está acometiendo el Gobierno de Canarias de forma paralela nacen de una sentencia judicial del año 2011, aún sin ejecutar, que a su vez tiene su origen en la Ley de Medidas Urgentes de 2009, impulsada por el Gobierno de Canarias. Consisten en transformar en suelo rústico terrenos destinados a ser construidos en las parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Suelo Urbanizable Programado (SUP) número 1 de Morro Jable, en la trasera del puerto de la localidad, y en las parcelas C1, C4, C7 y C8 del área de planeamiento diferenciado APD-3 Mal Nombre-Tierra Dorada, una urbanización que cuenta con un complejo de apartamentos cerrado al público, que se explotó durante años como Dunas Caleta del Sol.

También se está haciendo lo mismo con la parcela 13 del área de Esquinzo Butihondo UAU número 2, el solar próximo al conocido Hotel Royal Palm. Las piezas de suelo pertenecen, en su mayoría, al Grupo Lopesan a través de varias sociedades, como Dehesa de Jandía SA.

El Gobierno de Canarias reconoce el retraso debido a “carencias por falta de plantilla”

Según los expertos consultados por Diario de Fuerteventura, la mayoría de estos suelos, que ahora pasarán de forma temporal a ser rústicos, debían haber sido desclasificados sin coste, porque no habían culminado sus obligaciones urbanísticas. El Gobierno de Canarias, además de hacer estas modificaciones, tiene que fijar, de forma paralela, o después de los cambios, la indemnización a pagar a los promotores. Ha decidido hacerlo cuando finalice el proceso urbanístico, así que siguen contando los intereses de demora.

Según señala Onán Cruz, el retraso en la contestación al nuevo Plan General para su aprobación definitiva y estas modificaciones no tienen ninguna relación. Cruz reconoce que después de llevar a cabo las modificaciones puntuales del planeamiento de Pájara hay que hacer la valoración de a cuánto asciende la indemnización. 

A finales de diciembre, el Gobierno de Canarias ordenó la publicación de los anuncios sobre la Evaluación Ambiental Estratégica de cada una de estas modificaciones puntuales del planeamiento, en ejecución de esa sentencia judicial. Las evaluaciones concluyen “la ausencia de efectos significativos en el medio ambiente como consecuencia del desarrollo de la modificación menor”.