Clean Ocean Project ha iniciado un proceso de denuncia ante la Comisión Europea por el “megapuerto” previsto para Corralejo, impulsado por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.

La asociación ha desvelado este miércoles que el Servicio de Biodiversiad del Gobierno de Canarias informó de forma desfavorable el proyecto y que señalo que “la ampliación planteada implicaría, sobre un entorno ya deteriorado, un impacto de graves e irrecuperables consecuencias”.

La organización medioambiental considera que el proyecto, que incluye un nuevo dique y rellenos, supone una infraestructura “innecesaria” y “sobredimensionada”, que ha sido rechazada por los propios servicios medioambientales de la comunidad autónoma.

Así, reclama al Ejecutivo regional “la caducidad definitiva del expediente”, que se inició en la pasada legislatura, con Sebastián Franquis (PSOE) en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, con el majorero Gustavo Santana como viceconsejero.

También solicita el impulso de un nuevo proyecto “que garantice el cumplimiento de la legislación ambiental” y la “asunción de responsabilidad de los cargos públicos involucrados en las presuntas y múltiples irregularidades detectadas”.

Clean Ocean Projecto aseguró en un comunicado que este mes de junio recurrirá a la Comisión Europea para denunciar la ampliación del puerto de Corralejo, “diseñado responde una visión obsoleta y de alto impacto ambiental, totalmente contraria a los preceptos de sostenibilidad y de protección ambiental establecidos por normativas vigentes de obligado cumplimiento”.

La asociación subraya que la población canaria ha reclamado que se evite “la destrucción del territorio” y “controlar el crecimiento desmedido en las Islas”. El proyecto de ampliación, según el colectivo, resulta “totalmente incompatible con la legislación ambiental europea, estatal y canaria”.

Además, denuncia “el oscurantismo, falta de transparencia  y presuntas irregularidades” que asegura haber “detectado en la gestión de los anteriores responsables gubernamentales de este proyecto”.

Por otro lado, Clean Ocean Project “no acepta que las alegaciones presentadas al megapuerto por diferentes entidades en el periodo de exposición pública del proyecto abierto por la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias -que además incumplió el plazo al ser inferior al establecido por ley- hayan sido evaluadas y respondidas por la misma empresa privada que redactó el Estudio de Impacto Ambiental”.

Tampoco se entiende que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria haya emitido, en junio de 2022, un informe sobre la ampliación del puerto que no fue sometido a consulta pública y en el que se afirmaba que “no se producirán efectos negativos” “sobre la presencia y distribución de las especies y hábitats marinos prioritarios”, una valoración opuesta a la emitida por el órgano ambiental del propio Gobierno de Canarias.

Responsables majoreros

“Del mismo modo, no se explica que el anterior viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias haya afirmado en mayo de 2023 que los informes analizados no suponen efectos ambientales distintos a los previstos originariamente en el Estudio de Impacto Ambiental ni contradicen ni alteran ningún análisis ni conclusiones del mismo”, añade el colectivo.

El colectivo apunta a los políticos majoreros Gustavo Santana y José Domingo Fernández Herrera y “no se explica” que no confirmaran los informes críticos con el proyecto

En esa fecha, aquel alto cargo, el citado Gustavo Santana, “conocía perfectamente que los informes analizados y elaborados por el organismo ambiental del gobierno canario reflejaban exactamente lo contrario”, recuerda Clean Ocean Project. Santana es el actual director general de la Marina Mercante en el Ministerio de Transportes.

Asimismo, Clean Ocean Project expresa su sorpresa cuando, también en mayo de 2023, el entonces director general de Lucha contra el Cambio Climático, José Domingo Fernández Herrera, afirmaba públicamente que en el proceso administrativo de este megapuerto “no se ha emitido aún ningún documento”, cuando su propio departamento “había redactado en esa fecha al menos cuatro informes cuestionando la infraestructura de Obras Públicas”. Fernández Herrera es ahora director insular del Cabildo de Fuerteventura.

Alternativas respetuosas

La asociación señala que desde octubre del año pasado ha propuesto al Gobierno de Canarias “alternativas muy documentadas para orientar la reforma portuaria hacia un modelo menos costoso y respetuoso con la naturaleza y los recursos costeros de Corralejo, si bien hasta la fecha no ha obtenido respuesta institucional alguna”.

Clean Ocean Project valora “positivamente” que el alcalde de la Oliva, Isaí Blanco, haya declarado públicamente su oposición a este “megapuerto en Corralejo de alto impacto ambiental, innecesario desde la perspectiva económica, social y marítima, e irregular por incumplir las leyes que protegen la naturaleza”.

Sin embargo, la organización medioambiental reclama que el posicionamiento del alcalde sea ratificado por la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias “para garantizar que la reforma que finalmente se lleve a cabo cumpla con la legislación ambiental y atienda las necesidades reales de tráfico portuario, de seguridad y de medidas que preserven el paisaje, además de contemplar una gestión energética, hídrica, de residuos y de uso del suelo eficiente y actualizada con los máximos estándares de sostenibilidad”.

Por último, Clean Ocean Project agradece “a las miles de personas y decenas de organizaciones majoreras, canarias e internacionales que apoyaron y apoyan las reivindicaciones uniéndose a las protestas expresando su opinión, y reivindicando un modelo de desarrollo respetuoso y legal que impida llenar de cemento y destruir el maltratado litoral costero canario de forma indiscriminada”.