La participación ciudadana se invoca con frecuencia en los discursos institucionales, pero en Fuerteventura su práctica real se limita, demasiadas veces, a cumplir el expediente. Reglamentos hay; voluntad de escuchar, no siempre. Cuando la participación incomoda, se reduce, se pospone o directamente se niega. Desde SOS Fuerteventura denunciamos estas prácticas y reclamamos que la democracia no sea solo un trámite formal.

Cuando la participación ciudadana se reduce a mínimos legales

La participación ciudadana se ha convertido en un eslogan cómodo. Se invoca en discursos institucionales y se exhibe en reglamentos, pero en Fuerteventura su práctica real dista mucho de ese relato. Aquí, la participación se tolera mientras no cuestione, no incomode y no interfiera en la toma efectiva de decisiones. Cuando lo hace, se limita, se pospone o, directamente, se niega.

No estamos ante una carencia normativa. Cabildo y ayuntamientos disponen de reglamentos de participación ciudadana. El problema es que esos reglamentos se aplican en clave restrictiva, como un marco para contener la participación, no para garantizarla. Se cumple el mínimo legal y se vacía el contenido democrático.

Hablar no es participar

Permitir una intervención sin consecuencias no es participar. Es escuchar por cortesía. Cuando los órganos participativos son meramente consultivos, cuando las propuestas ciudadanas no obligan a respuesta alguna, y cuando no existe rastro público de por qué se aceptan o se rechazan determinadas aportaciones, la participación se convierte en una ficción administrativa.

La ciudadanía habla, pero el poder decide en otro lugar. Y lo hace sin tener que explicar demasiado.

El Punto de Participación Ciudadana como espacio residual

Esta concepción se refleja con nitidez en los plenos. El Punto de Participación Ciudadana suele relegarse al final del orden del día, cuando el debate político ya ha terminado. No es casualidad. Es una forma clara de decir que la voz ciudadana no forma parte del proceso decisorio, sino que se admite cuando ya no puede influir.

Pero el problema no acaba ahí. La gestión de este punto se ha convertido en un ejercicio de discrecionalidad política incompatible con una democracia saludable.

Nuestra experiencia desde SOS Fuerteventura

Desde SOS Fuerteventura lo hemos comprobado directamente. En varias ocasiones hemos solicitado intervenir en el Punto de Participación Ciudadana para trasladar cuestiones de interés general, con documentación, argumentos y respaldo social. La respuesta ha sido la negativa.

No una negativa motivada, razonada y transparente, sino negativas poco claras, mal justificadas o directamente injustificadas. Se nos ha impedido intervenir sin una explicación sólida que permita entender por qué se limita un derecho reconocido en los propios reglamentos.

Esto no es un problema técnico ni organizativo. Es una decisión política. Y como tal, debe ser señalada.

Cuando una institución pública decide quién puede hablar y quién no, sin criterios claros y sin motivación suficiente, está ejerciendo un poder arbitrario. Y la arbitrariedad es incompatible con la democracia.

Negar la palabra es una forma de censura institucional

Impedir la intervención de un colectivo ciudadano no es proteger el orden del pleno. Es controlar el discurso público. Es evitar voces críticas. Es enviar un mensaje inequívoco: hay opiniones que molestan y, por tanto, no se escuchan.

Desde SOS Fuerteventura no pedimos trato de favor. Exigimos reglas claras, iguales y aplicadas sin discrecionalidad. Exigimos que la participación no dependa del grado de incomodidad que genere.

Sin réplica, la participación es un simulacro

A esta limitación se suma otra igual de grave: la ausencia de derecho a réplica. En los plenos, los cargos públicos pueden responder, desacreditar o reinterpretar una intervención ciudadana sin que quien ha hablado tenga la posibilidad de contestar.

Esto no es diálogo. Es una relación jerárquica, donde la ciudadanía habla una vez y el poder tiene siempre la última palabra. Una democracia que funciona así no es participativa; es paternalista.

Escuchar después de decidir no es escuchar

Si la participación fuera realmente una prioridad democrática, abriría los plenos. La ciudadanía hablaría antes de que se voten los acuerdos, no después. Colocar la participación al inicio del orden del día no es una cuestión de protocolo, sino de voluntad política.

Escuchar al final es escuchar sin consecuencias. Es permitir que se hable, sabiendo que ya no se va a cambiar nada.

Otros modelos, otras decisiones

En otros territorios se ha entendido que la participación fortalece las instituciones. En Cataluña o el País Vasco, las administraciones están obligadas a responder públicamente a las propuestas ciudadanas y a justificar sus decisiones. Aquí seguimos instalados en el miedo a la crítica.

Salir del mínimo democrático

Avanzar no requiere grandes reformas, sino decisiones políticas valientes:

-Reconocer la participación ciudadana como un derecho efectivo.

-Situar el Punto de Participación Ciudadana como primer punto del pleno.

-Garantizar el derecho a réplica.

-Prohibir denegaciones arbitrarias y exigir motivaciones claras y públicas.

-Obligar a responder en plazo a las propuestas ciudadanas.

Mientras esto no ocurra, la participación seguirá siendo un decorado.

Democracia sin ciudadanía no es democracia

La participación ciudadana no es una amenaza. La amenaza es gobernar sin escuchar, decidir sin explicar y limitar la palabra cuando incomoda. Eso genera desafección, distancia y desconfianza.

Desde SOS Fuerteventura no vamos a aceptar una democracia de mínimos. No vamos a aceptar que la participación sea una concesión ni un trámite vacío. Hablar, replicar y ser escuchados no es un privilegio: es un derecho.

Cuando la participación ciudadana se reduce a mínimos legales, lo que se degrada no es solo la participación. Se degrada la democracia.