Ben Magec-Ecologistas en Acción se ha pronunciado después de que el Tribunal Constitucional rechazara por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno de Canarias con el que “intentaban conseguir las competencias en materia de costas”. Un recurso que llegaba tras conocerse, el pasado febrero, la caducidad de la concesión y la orden de derribo del hotel RIU Oliva Beach, en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo.

“Este contundente rechazo es un nuevo ridículo del Gobierno canario (CC-PP) que vuelve a demostrar su nula intención de defender el territorio y el interés general, posicionándose abiertamente a favor de la continuidad de un hotel que ha incumplido reiteradamente la legalidad y que, a día de hoy, ocupa la costa ilegalmente”, señala el colectivo ecologista en nota de prensa.

La respuesta del Tribunal Constitucional se suma al dictamen del Consejo de Estado, que reiteró las competencias estatales sobre costas, y la respuesta del Gobierno de España al Gobierno de Canarias que volvió a repetir lo que ya se sabía: “el Ejecutivo autonómico no tiene competencias en este asunto”.

“Este afán por conseguir las competencias en materia de costas resulta, como poco, alarmante. ¿Qué haría el gobierno canario si tuviera esas competencias? ¿No cumpliría la legalidad? ¿Haría la vista gorda y dejaría que el hotel siguiese ahí?”, se pregunta la federación ecologista.

La orden de derribo del RIU Oliva Beach es el resultado de los reiterados incumplimientos por parte de la cadena hotelera de unos requisitos establecidos en la concesión. Entre ellos, construcciones ilegales que los ecologistas ya denunciaron en 2020, como una rotonda entre el hotel y los apartamentos, una carretera de acceso y el vallado y cerramiento de zonas públicas.

Unas obras por las que el Ministerio para la Transición Ecológica multó a RIU con 204.000 euros por una infracción grave en 2022 y les ordenó demoler las construcciones, orden que incumplieron y se inició entonces el expediente de caducidad de la concesión.

Cabe recordar que en agosto del pasado año, el Gobierno formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, liderado por Fernando Clavijo (CC) concedió el premio Turismo Islas Canarias al hotel RIU Oliva Beach, calificándolo de “pionero en la apertura de Canarias al mercado turístico europeo, con un factor de dinamización y modernidad en el Archipiélago” y defendiendo que el hotel ha contribuido al “desarrollo en el empleo local y la riqueza de la Isla”.

“Un reconocimiento inaceptable que denunciamos públicamente y que fue concedido a un establecimiento que no cumple con la legalidad, que ocupa un espacio público y que además participa en el deterioro de los entornos naturales protegidos de las islas, fomentando el turismo de masas que depreda nuestro territorio, que hace un uso privativo de nuestras costas y que además las degrada pasando por encima de cualquier normativa o protección”, dice el colectivo.

“Tanto la propia hotelera como el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura tratan de centrar el debate en los puestos de trabajo y no en las ilegalidades que han cometido”, continúa Ben Magec-Ecologistas en Acción.

“Intentan hacer creer que esto es una batalla entre el estado y los trabajadores y trabajadoras para usarlos como escudo y justificar así la permanencia del hotel. No es una batalla del estado contra un hotel ni contra la plantilla del mismo, es el cumplimiento de la legalidad. RIU ha hecho lo que ha querido durante décadas y cuando llegan las consecuencias tratan de victimizarse y desviar la atención. La concesión estaba clara, ocupan un lugar protegido y los condicionantes para permanecer en él eran sencillos, aún así los incumplieron reiteradamente, ¿a quién intentan culpar?”, señalan.

“Las personas que trabajan en el hotel y que se van a ver afectadas tras el derribo son responsabilidad de RIU, que es quien ha cometido las ilegalidades”, sostienen. Es a la cadena hotelera a quien se le debe exigir una solución para su plantilla y no la cadena hotelera quien se la exija a las instituciones.

El Gobierno canario debería velar porque ésta cumpla la ley y exigir que sus trabajadores y trabajadoras sean recolocados en otro de sus establecimientos, asegurándose de que no se vean perjudicados por la “irresponsabilidad” de sus contratantes.

Desde Ben Magec-Ecologistas en Acción insisten en la demolición inmediata del RIU Oliva Beach, que “lleva décadas incumpliendo la legalidad, ocupando el dominio público, degradando un espacio natural protegido, haciendo un uso privativo de nuestras costas y que a día de hoy está operando con una concesión caducada, que le impide permanecer ahí, y una orden de derribo que no han ejecutado”.

Al Gobierno de Canarias y a Fernando Clavijo le piden, que por una vez “den ejemplo” y “se sitúen del lado de la legalidad”. “El derribo del Oliva Beach es la victoria de quienes defendemos estas islas y el interés general y luchamos por un modelo turístico sostenible y respetuoso con nuestro territorio y con quienes lo habitan”, concluye el comunicado.