El exalcalde de La Oliva y actual concejal no adscrito, Pedro Amador, ha denunciado este lunes  una "campaña de acoso y derribo" y ha sostenido que la querella presentada por el actual alcalde, Isaí Blanco, contra él y un asesor de su etapa es "infundada".

El Ayuntamiento de La Oliva informó el pasado mes de octubre de la interposición de la querella por una serie de presuntos delitos en relación a un supuesto abono de cantidades a la empresa Nombredo, propietaria de la urbanización Origo Mare de Majanicho.

En el escrito de la querella se atribuía a Amador y a su asesor jurídico externo la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, malversación, deslealtad profesional, falsificación de documentos públicos, administración desleal y usurpación de funciones públicas.

La decisión de presentar esta querella tiene su origen en el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de La Oliva a la entidad Nombredo, a través de los decretos dictados por el exalcalde de una serie de gastos de mantenimiento y otros servicios relacionados con la urbanización Origo Mare, por un importe de 439.043 euros en concepto de abono de facturas, y otros 26.807 euros en concepto de indemnización, unos 465.851 euros en total.

Amador sostiene que la querella "carece de fundamento". "Siendo alcalde de La Oliva pusimos en marcha una iniciativa del grupo Votemos que pedía cobrar la deuda que mantenían con el Ayuntamiento una serie de sujetos, de modo que acabásemos con la morosidad", señala Amador.

El exalcalde indica que "entre los morosos figuraba la empresa Nombredo". "Nos pusimos en contacto con ellos para cobrar la deuda que tenían con el Ayuntamiento y nos dan a conocer una sentencia del 2 de febrero de 2009 que condenaba al Ayuntamiento a asumir parte del coste del mantenimiento de los servicios públicos de la urbanización Origo Mare", explica Amador.

Según Amador, "en aquel momento, siendo alcaldesa Claudina Morales no asumió la sentencia, por lo que Nombredo dejó de pagar los impuestos municipales para compensar lo que el Ayuntamiento debía asumir según aquella sentencia”.

Según señala Amador, “cuando conocimos la sentencia, encargué un informe al asesor jurídico externo que teníamos contratado, que es práctica habitual en el Ayuntamiento de La Oliva por la notable escasez de recursos humanos".

"Aquel informe relataba una serie de compensaciones económicas entre Nombredo y el Ayuntamiento, fundadas en aquella sentencia que la mentora del alcalde Blanco no acató”. Con ese informe, Amador dictó un decreto en noviembre de 2016 cuantificando la deuda y otro en febrero de 2017 fijando la deuda.

En el transcurso del procedimiento, Amador dictó el 5 de mayo de 2017 la suspensión del mismo para "aclarar si el mismo se había hecho de forma correcta, lo que la legislación de procedimiento administrativo llama revisión de oficio de actos propios", señala en un comunicado. "Esa revisión paraliza el procedimiento, es decir, no se había abonado ni compensado cantidad alguna porque el acto administrativo no se había llevado a término", explica.

En el documento del 5 de mayo de 2017, el entonces alcalde Pedro Amador solicita a la entonces secretaria de la Corporación, que había ratificado todo el procedimiento, "que emita un informe sobre si existen indicios de nulidad en el procedimiento, además de otros requerimientos entre los que se encontraban en último paso elevar el expediente al Consejo Consultivo de Canarias para que emitiese dictamen sobre el procedimiento".

“El 16 de mayo prosperó una moción de censura por lo que era el nuevo gobierno el que debía elevar el expediente al Consultivo, lo cual no hicieron, sino que el 17 de diciembre de 2017 vuelven a firmar una nueva solicitud de dictamen al Consejo Consultivo", añade.

"Pero la sorpresa es que ese documento firmado en diciembre lo envían el 18 de junio de 2018. Ante esto el Consultivo responde el 24 de julio que la solicitud está caducada ya que entre la firma del documento de solicitud dictamen y su remisión al órgano no deben pasar más de 10 días y este gobierno dejó pasar más de seis meses”, señala Amador. “Es decir, a día de hoy el Consejo Consultivo no se ha pronunciado sobre la tramitación de este procedimiento”

“Ahora, el 15 de octubre el alcalde Blanco, usando el gabinete de prensa de la institución, emite un comunicado en el que anuncia esta querella alegando que existe un informe de un técnico municipal que dice que durante mi época como alcalde se abonaron una serie de facturas a esta empresa", lo que "es rotundamente falso", según Amador.

El exalcade pidió el 18 de octubre un certificado sobre los pagos o compensaciones a esta empresa. "El 9 de noviembre se me contesta en un escrito ,firmado por el propio alcalde Blanco y la secretaria de la corporación, que contiene un informe del interventor municipal donde, de manera literal se dice que 'no constan cantidades reconocidas, abonadas ni compensadas a nombre de Nombredo SL por el concepto mantenimiento de la urbanización Origo Mare', por lo que el alcalde miente”, afirma Amador.

“Es importante que quede claro que yo ni aboné ni compensé cantidad alguna a esta empresa, porque el procedimiento no se finalizó. Son completamente falsas las afirmaciones que hace el alcalde Blanco”, afirma Amador. En su opinión, “estamos ante un hecho extremadamente grave, porque tenemos un alcalde que presenta una querella falsa e infundada. Es muy grave que un alcalde no se informe primero de las cosas antes de salir así a los medios de comunicación y poner en tela de juicio a mi persona”.

“En estos momentos la querella no ha sido admitida a trámite ni tengo conocimiento oficial de la misma, lo que sé de ella es a través de los medios de comunicación”, apunta Amador, que destaca: “Lamentablemente soy víctima de una campaña de acoso y derribo, llevan meses intentando desprestigiar mi persona saliendo a la prensa con informaciones falsas".