Lole Fabelo asumió la presidencia del Colegio Oficial de Trabajo Social de la provincia de Las Palmas en marzo de 2022. Defensora de unos servicios sociales con la persona como eje, esta profesional asegura que Fuerteventura tiene, por delante, un reto importante: dotar a la Isla de los recursos que “se merece y precisa”. Al mismo tiempo, apuesta por reforzar con profesionales de los servicios sociales a una comunidad, la canaria, con un ratio de un trabajador social por cada 15.000 personas. La institución que preside rechaza el decreto de Dependencia que ha presentado la Consejería de Bienestar Social porque considera que “agilizar los procedimientos de dependencia, sin tener en cuenta la población, como hace el decreto, no beneficia del todo”.

-¿Cómo valora el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas las políticas sociales que se están llevando a cabo en Canarias?

-Desde el Covid se hizo una toma de conciencia con la realidad social, pero aún seguimos desde el colegio profesional denunciando que las políticas sociales están enmarcadas en paliar problemas y en una visión muy centrada en grupos de vulnerabilidad y no en la población en general. Desde Trabajo Social decimos que los servicios sociales tienen que ser un derecho de toda la población y los ponemos a la altura de la sanidad o la educación. Cuando los servicios sociales están pensados para las personas mayores, con discapacidad o sin recursos económicos, tendemos a hacer guetos. Se tiene que trabajar desde la prevención y la normalidad.

-Y en el caso de Fuerteventura, ¿cómo valora las políticas sociales que se están desarrollando desde el Cabildo y ayuntamientos?

-Fuerteventura tiene por delante un reto importante, que es el de dotar a la Isla de los recursos que se merece y precisa. La Isla ha crecido de forma estratosférica durante los últimos años. Hace cinco años no tenía la cantidad de población que tiene ahora. Además, tiene un perfil de población muy característico. Era una isla que recibía muchos trabajadores de fuera, procedentes de otras comunidades, territorios europeos y extranjeros. Ahora, se juntan los nómadas laborales. Ese perfil, más el desarraigo que genera, hace que sea una población muy particular, mayoritariamente sin redes de apoyo. En Fuerteventura, salvo los originarios de la Isla, carecen de ese soporte.

“El sinhogarismo es un problema real en la Isla al que hay que dar una salida”

-¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los trabajadores sociales de Fuerteventura?

-Principalmente, que se dote a los recursos de los profesionales necesarios en todos los ámbitos; pero además, que se empiece por la base. Los ayuntamientos deben tener los trabajadores sociales que requiere su población para poder atenderla y acompañarla. Para que los trabajadores sociales salgan de sus despachos, se hace necesario tener un ratio adecuado. El Consejo General de Trabajo Social dice que un trabajador social tiene que atender un ratio de entre 1.000 y 1.300 personas. En Canarias, estamos en 15.000 por trabajador social. En la Atención Primaria, en salud, si no se da un buen soporte, los servicios especializados se petan. Lo mismo pasa en los servicios sociales.

-Los índices de pobreza en Canarias son cada vez mayores. Cada vez hay más población envejecida y también ha aumentado el número de migrantes que requieren de los servicios sociales, pero ¿hay suficientes trabajadores sociales en las Islas?

-Profesionales hay, lo que no hay son recursos para que puedan ejercer su profesión. Faltan centros de acogida, pero también plazas sociosanitarias. Falta un soporte de red de ayuda a domicilio y en la comunidad para que la población envejecida no tenga que terminar en plazas residenciales, y también profesionales sociales en el ámbito de la salud, donde se ha descubierto la importancia que tenemos para acompañar en los procesos de salud y que las recuperaciones sean mejores; y también en los servicios especializados.

-Finalmente, no ha salido adelante la reforma de la Ley de Extranjería para poder derivar a los menores migrantes que llegan a Canarias a otras comunidades. ¿Cuál es la postura del Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas?

-Nosotros tiramos de las orejas a la Consejería de Bienestar Social y al Gobierno de Canarias cuando hay que tirarle, pero en este caso mostramos nuestra solidaridad con las demandas de la consejera. Para ninguna administración es sostenible tener más de 6.000 menores a su cargo. Esta gente, que cruza el Atlántico buscando una alternativa de vida, busca soporte y cuando son menores tenemos por delante los derechos de la infancia. Nos guste o no. Estamos completamente de acuerdo con que la solución pasa por que las otras comunidades arrimen el hombro y apoyen. Es insostenible gastar más de un millón de euros todos los meses en un soporte cuando no sabes cuántos menores vas a tener el mes que viene o pasado mañana, porque puede llegar un cayuco con cien más. La previsión es imposible.

“En Fuerteventura faltan servicios sociales de base y plazas residenciales”

-Un país como España, con 48 millones de personas, está siendo incapaz de dar respuesta a la acogida de 6.000 menores. Esto dice mucho del  país...

-Dice mucho de este país y de la solidaridad entre comunidades autónomas o del concepto de territorio o ciudadanía que tenemos en este momento en España, donde mi espacio es este y de aquí no salgo y además voy a intentar parapetarme y levantar los muros. Nos separa el mar, pero somos territorio español, aunque algunos partidos políticos no nos han considerado dentro del propio territorio. Se ve insolidaridad por todos lados.

-Luego, está el tema de los menores cuando cumplen la mayoría de edad y salen de los centros de acogida totalmente desprotegidos...

-La Administración General del Estado es la que tiene que regular y tarda lo más grande. Eso repercute en una falta de acceso a los recursos de protección o al propio mercado laboral y eso favorece la economía sumergida. Hay que ser consciente de que la mayoría de la población migrante, tanto la que llega en cayuco como en avión, son un importante sostén del marco económico del sistema económico español. Hay que mirar cómo favorecer que esos niños, que cumplen 18 años, no terminen en un parque buscándose la vida. No podemos culpabilizarlos de que acaben delinquiendo. El problema es de quienes no hemos sabido protegerlos durante todo este tiempo. Tampoco es una cuestión de echar toda la responsabilidad a la Comunidad Autónoma de Canarias porque regularizar a una persona es responsabilidad de la Administración General del Estado.

-La subida del precio del alquiler y la falta de vivienda social están obligando a muchos residentes en Fuerteventura a okupar. Se trata de un colectivo en el que se hallan personas en situación irregular, familias vulnerables... ¿Qué puede pasar cuando estas personas se tienen que enfrentar a una orden de desahucio en una isla en la que no se invierte en vivienda social desde hace años?

-No se invierte en vivienda social por parte de las administraciones locales y de la Administración insular. Fuerteventura tiene un problema considerable y esto va a hacer que se tenga que revisar el gasto; buscar situaciones de emergencia; alojamiento alternativo a familias, sobre todo, a aquellas que estén con niños o personas mayores. Por otro lado, hay que tener un posicionamiento por parte de los ayuntamientos respecto al alquiler vacacional, como ha hecho Barcelona, o la propia Comunidad Autónoma sacando ya la Ley de Vivienda que regule el alquiler vacacional. Vivimos en una sociedad de libre mercado, pero también la vivienda es un derecho de los españoles.

“Hay unos 5.000 expedientes pendientes de la Renta Canaria de Ciudadanía”

-La Renta Canaria de Ciudadanía lleva más de un año activa, pero no termina de despegar. ¿Por qué?

-Los colegios profesionales hemos dado un tirón de orejas a la Consejería. Entendemos que un año es un plazo suficiente como para que una nueva norma y prestación se ponga en marcha. Ellos responsabilizan al elevado volumen de PCI (Prestación Canaria de Inserción) pendiente de tramitar y que quisieron dar salida, pero no se puede tardar 15 meses en el reconocimiento de una prestación que viene a dar una garantía económica para la cobertura de las necesidades básicas. Reconocemos y exigimos a la Comunidad Autónoma que dote de personal suficiente para que esos expedientes, que están pendientes de tramitación, se generen.

-Ahora mismo, ¿cuántos expedientes están pendientes de tramitación?

-Hay unos 5.000 expedientes pendientes de tramitar, unos 3.000 son renovaciones de solicitudes que están por revisar.

-En estos momentos, ¿las familias más necesitadas de la Isla tienen facilidades para acceder a las ayudas?

-Creo que sí, pero necesitamos más profesionales dentro de la administración local para que los ratios sean menores y el trabajo no solo sea el de facilitar el acceso a la prestación, sino también el acompañamiento a esas personas. Son unidades familiares que, en ocasiones, son disfuncionales y en las que hay que hacer un trabajo terapéutico y educativo. Se trata de acercárselo al vecino y que este no solo venga porque necesita una ayuda económica. Los trabajadores sociales no solo gestionamos ayudas económicas, sino que acompañamos en procesos de cambio y evolución. Sin embargo, esto no se puede hacer con el volumen de atención que tienen las compañeras. Se pierde la perspectiva social y prima la económica.

-La pobreza es cada vez mayor, según los informes de Cáritas y otras ONG. ¿Qué está fallando?

-Seguimos pensando lo mismo, falla la estructura de base. No damos cobertura a las necesidades reales y no se hace un trabajo educativo. No nos ponemos en el foco de cubrir las necesidades reales que puede tener esa persona a nivel de crecimiento laboral, mirar el origen de esa persona, en qué entornos se ha desenvuelto y en qué indicadores de protección podemos trabajar para que pueda crecer, empoderarse, autocuidarse y acceder a un mejor empleo, y así deje de generar una dependencia económica de los servicios sociales.

“Profesionales hay, lo que no hay son recursos para ejercer su profesión”

-¿Por qué han pedido que se retire el decreto de Dependencia?

-Somos conscientes de que la dependencia es un problema que hay en Canarias, pero consideramos que agilizar los procedimientos sin tener en cuenta a la población, como hace el decreto, no beneficia del todo. Cuando hablamos de que no se tiene en cuenta la población, no queremos parecer más papistas que el Papa pero sí entendemos, por ejemplo, que el decreto establece que si la persona no acude a una cita o no se le localiza en determinado tiempo, tiene que volver a iniciar el procedimiento de dependencia o cabe la vía contenciosa para reclamar. Si pensamos en el perfil que llega al sistema de dependencia, vemos que no son, precisamente, personas cuya habilidad sea manejarse por los recursos públicos. Son dependientes, con una cuidadora principal que trabaja. No queremos que perjudique a la población.

-También se recoge en el decreto la posibilidad de reducir las dos visitas de valoraciones a una...

-Podemos estar de acuerdo en reducir las dos valoraciones a una, pero hemos planteado a la Consejería que hiciera una prueba piloto. No desmontar un sistema para montar otro sin tener garantías de que vaya a ser efectivo porque, al final, trabajamos el doble. Tanto la provincia de Las Palmas como la de Santa Cruz tienen dos servicios de dependencia que han sido la cara visible del sistema de dependencia durante muchos años y son el soporte del sistema. Puede que haya muchas cosas que cambiar, pero también tienen muchas cosas buenas y a esos trabajadores no se les ha tenido en cuenta para hacer un cambio en la valoración o sentarse a analizar ese decreto. Además, tenemos que adecuarlo al territorio canario. Somos ocho islas y eso dificulta la movilidad de los profesionales. Necesitamos que se haga una norma que proteja a las personas y no las desampare todavía más.

-¿El Colegio Profesional ha presentado alegaciones al decreto?

-Hicimos una alegación a la totalidad. Se nos ha planteado que no se va a recoger a la totalidad, pero sí se van a tener en cuenta nuestras alegaciones a los distintos puntos, y en aquellos en los que se pueda hacer una valoración y una mejora, se iban a considerar. En la última conversación que tuvimos con la consejera, se nos informó de que se estaban revisando las alegaciones y que, antes de que se publicara el nuevo borrador con las alegaciones incorporadas de los colegios profesionales y de otras organizaciones y entidades, se nos volvería a convocar. [El Gobierno ha publicado un nuevo borrador de Decreto, con algunos cambios, pero todavía no se ha aprobado].

-¿Qué ha fallado en la Ley de Dependencia para que sigamos hablando de colapso?

-Se sacan leyes con presupuesto cero, sin ficha financiera. En Canarias, se quiso implementar una ley muy potente al menor coste posible. Las leyes requieren de inversión. Además, los servicios sociales se tienen que mirar como una inversión y no como un gasto. Hemos arrastrado, durante todo este tiempo, el déficit de la implementación de la norma.

-¿Cuál es la radiografía de la situación de la dependencia en Fuerteventura?

-Faltan servicios sociales de base; servicios sociosanitarios de base y plazas residenciales. Estamos en un plan residencial de hace 20 años. Hemos creado una residencia grande, que se abrió hace poco, cuando la visión de las políticas sociosanitarias es implementar muchas miniresidencias en distintos espacios del territorio. Vamos retrasados, pero sobre todo falta una cobertura en la base, en lo comunitario. La gran mayoría de las personas en situación de dependencia no quieren salir de sus viviendas. Sin embargo, las políticas en dependencia y la previsión de cuidados no pueden pasar por desarraigar a las personas y almacenarlas en una estructura. Pueden tener las mejores camas y profesionales, pero puede que esa persona donde quiera terminar su proceso de vida es en su casa.

-En el último año, el Cabildo no ha parado de anunciar nuevas infraestructuras sociosanitarias en la Isla. ¿Es esa la solución?

-No creo que esa sea la perspectiva. Tenemos que pensar en recursos de cercanía y en que esas personas mayores tengan un sistema de ayuda a domicilio de calidad, no de una hora un día sí y otro no. También necesitamos, desde el ámbito sanitario, más recursos comunitarios: fisioterapia a domicilio, una rehabilitación en los centros de salud y que los servicios sociales no solo limpien la casa o aseen a la persona sino también que tengan servicios de catering a domicilio para personas mayores, respiro familiar para los cuidadores...

-Y luego están las personas que viven en el hospital con un alta médica...

-Los pacientes de alta hospitalaria son un problema también de la sociedad y no sólo del hospital de Fuerteventura, sino de todos los hospitales en aquellos entornos donde se carece de recursos alternativos. Fallan los servicios primarios de base del ámbito sanitario y social, que están destinados a converger e ir de la mano. Como administraciones, todas estamos fallando. En vez de empoderar a la persona y buscar alternativas, lo que hacemos es culpabilizarla de que no se lleve a su familiar. Los hospitales no son la solución porque manteniendo personas en ellos bloqueamos el sistema sanitario.

-Fuerteventura sigue sin tener albergues municipales. ¿Cómo está afectando a las personas sin techo de la Isla?

-Damos un tirón de orejas a las administraciones locales, que son las que tienen competencia en materia de sinhogarismo. Todavía queremos vivir en la realidad de la Fuerteventura de hace 10 años, cuando se encontraba fácil una vivienda porque se encontraba fácil un trabajo. Fuerteventura no es la de hace unos años y la población es mayor y a eso se une el problema de la vivienda. El número de personas que termina en el albergue que hay en la Isla es considerablemente mayor al que había hace unos años. Creo que no hay ningún recurso que se deba poner, en exclusiva, en manos de una entidad, sea del color o de la confesión religiosa que sea, ni de la entidad gubernamental. Las competencias públicas deben ser asumidas por las administraciones o, por lo menos, bien supervisadas. Las corporaciones locales tienen que empezar a reconocer que el sinhogarismo es un problema real en Fuerteventura al que hay que dar una salida.