María Lareo y Beatrice Kunz suman muchos años de lucha a sus espaldas por los derechos de las personas inmigrantes que llegan a Canarias. La primera fue durante 15 años abogada de Cruz Roja en Canarias, 14 de ellos en Fuerteventura. La otra ha sido voluntaria en ONG especializadas en inmigración como Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Después de años codo con codo en Cruz Roja, han decidido crear en Fuerteventura el Proyecto Ikual, una organización sin ánimo de lucro que presta asesoramiento jurídico en materia de extranjería y mediación intercultural y social. En esta entrevista dan a conocer el proyecto y analizan la política de acogida en Canarias desde la perspectiva de dos profesionales que estuvieron en primera línea en la crisis de los cayucos y que ahora vuelven a pisar los centros de acogida instalados en Fuerteventura.

-¿Por qué surge Ikual y con qué objetivos?

-María Lareo (M.L.): Surge de la necesidad que existe entre la población migrante que vive en Fuerteventura de tener acceso a la información sobre su situación y la legalidad que les incumbe. Se trata de que esa información venga de un servicio especializado, accesible y asequible y con una continuidad en el tiempo.

-Beatrice Kunz (B.K.): Se trata de crear un proyecto que se pueda, de alguna manera, autofinanciar con las colaboraciones de las personas que se atienden a través de cuotas por las intervenciones realizadas. El pago es mínimo, pero ayuda a mantener el proyecto sin tener que depender de las instituciones.

-¿Cuándo surge el proyecto?

-M.L.: La idea estaba desde el año pasado, cuando el proyecto de integración de migrantes de Fuerteventura de Cruz Roja tuvo que desaparecer después de 20 años. En él, se llevaba a cabo un asesoramiento legal especializado a una cantidad enorme de usuarios y usuarias. Las dos trabajábamos codo con codo en el proyecto y, una vez finalizado, pensamos en hacer algo donde se pudiera trabajar de otra manera.

-¿Cuáles son los objetivos del proyecto Ikual a medio y largo plazo?

-B.K.: El objetivo es dar una atención continua en temas de extranjería a la población migrante de Fuerteventura. Hay mucha demanda y muy pocas posibilidades para ellos de acceder a las informaciones de manera correcta. También estamos organizando clases de castellano, charlas informativas y, a largo plazo, pensamos en proyectos como pisos de acogida o, incluso, un comedor.

-Hablamos de la inmigración de las personas que llegan a la costa, pero ha seguido llegando gente por el aeropuerto. ¿Cuál es el perfil de los usuarios que están atendiendo?

-M.L.: Llevamos poco tiempo y nos hemos centrado en lo más urgente, que es colaborar con las asociaciones que están haciendo la acogida dentro del programa de atención humanitaria. Hemos atendido a muchas personas llegadas por mar, pero realmente el grueso en Fuerteventura no son ellos, sino gente de Latinoamérica, Marruecos y población saharaui. Nos volcamos en la atención a las personas llegadas a la costa porque lo creíamos necesario, pero el grueso que atendemos fuera es el de gente de Latinoamérica y Marruecos. Son personas que han llegado, por ejemplo, con un visado, pero que siguen teniendo necesidad de un asesoramiento jurídico para temas como renovar la autorización, la reagrupación familiar o, incluso, acceder a la nacionalidad española.

-¿Qué diferencias hay entre las personas que migraban en la anterior crisis migratoria y las que han llegado en el último año?

-M.L.: Las situaciones que motivan la llegada no han cambiado. La diferencia es que en 2006 (fecha culmen de la crisis de los cayucos) eran mayoritariamente hombres jóvenes. Sin embargo, no había tantos menores como hay ahora. Aunque ahora la mayor parte siguen siendo hombres, vemos mucha presencia de mujeres y también de mujeres con niños, mucho más que en la llamada crisis de los cayucos. Además, ha habido un incremento en menores no acompañados respecto a 2006. Estamos en el 10 por ciento. También hay que tener en cuenta que muchos menores no acompañados están reseñados como mayores y aún se está por determinar su minoría de edad. Por tanto, ese 10 por ciento podría, incluso, aumentar.

“Ikual surge para dar un servicio jurídico especializado a migrantes”

-¿Y en la acogida?

-M.L.: En 2006 hubo, desde casi el principio, una derivación a la Península o eran devueltos a sus países de origen y no se quedaban en Canarias. Ahora, hemos visto que, por una falta de planificación y de red de acogida establecida en Canarias junto a una descoordinación por parte de los diferentes ministerios (Migraciones e Interior) y la situación sanitaria de la COVID, se ha producido un efecto tapón. La falta de planificación y de red de acogida adecuadas ha hecho que se trabaje constantemente en la emergencia y la improvisación.

-En teoría, se está dando asesoramiento jurídico a las personas inmigrantes que llegan a la costa, pero ¿qué está ocurriendo en la práctica?

-M.L.: Ha habido quejas sobre la asistencia jurídica que reciben a la llegada, durante las primeras 72 horas en las que se realiza la filiación. Ha habido muchas denuncias de organizaciones y del Defensor del Pueblo y ahora se está trabajando para mejorar la asistencia jurídica.

-B.K.: Hemos dado charlas en los centros y les hemos preguntado si han tenido un abogado cuando han llegado y nos han dicho que no. Muchas veces no se dan ni cuenta. El abogado tiene que atender a cinco o diez personas a la vez y con un traductor por teléfono. Estas personas acaban de llegar, un poco mareadas aún del viaje, y no saben muy bien dónde están y tampoco son capaces de asimilar que hay un abogado que los atiende ni entienden lo que se les dice.

-¿Y en los campamentos de acogida se les está informando sobre las posibilidades, por ejemplo, de solicitar protección internacional?

-M.L: En todos los campamentos de Canarias está previsto el asesoramiento legal y es una de las actividades básicas, al igual que detectar vulnerabilidades y la atención a personas susceptibles de protección internacional o posibles víctimas de trata. En la práctica creo que, motivado por la situación de emergencia y la falta de planificación, el asesoramiento legal no ha llegado en el momento inicial. En Fuerteventura, en la práctica, ha habido hasta el momento carencias en el asesoramiento legal.

-B.K.: En los centros ha sido muy difícil acceder a un asesoramiento en protección internacional.

-¿Se les está dando tratamiento psicológico a las personas que llegan a la Isla?

-B.K.: El año pasado, en la acogida de emergencia, no estaba prevista la atención psicológica. No ha habido una atención correcta ni psicológica ni legal por la circunstancia de que era una emergencia y la gente se iba. Sin embargo, ha habido quienes han pasado aquí ocho meses sin psicólogos, con una atención jurídica mínima y con cursos, por ejemplo de español, mínimos.

-M.L.: Se ha hecho atención de emergencia, pero no ha sido una situación de emergencia, porque una situación de emergencia es temporal. No se puede tratar como emergencia lo que ya es una permanencia bastante larga.

-Un auto judicial ha concluido que las personas migrantes pueden viajar desde Canarias a la Península con el pasaporte o la petición de asilo. La decisión judicial supone un varapalo para las políticas migratorias de Europa que quieren convertir los territorios frontera en zonas de tapón. ¿Creen que no se buscarán otros mecanismos para intentar frenar su tránsito?

-M.L.: Entiendo que se quiera evitar el efecto llamada, pero hay unos derechos fundamentales que no se pueden vulnerar. No es que se haya abierto la mano para salir, simplemente se hace desde la legalidad. Una persona que entra en Canarias, entra en Europa. No se le puede privar de su libertad de movimiento si dispone de la documentación legal para hacerlo. Por mucho que tenga un acuerdo de devolución, nada en la legislación dice que esa persona tiene que estar indefinidamente en un domicilio concreto sin poder moverse. No hay una frontera legal entre Canarias y Península. Limitar su movimiento es vulnerar el derecho a la libre circulación de personas. Si esto cambia, sería otra vez contravenir una legalidad.

“La falta de concienciación a la población genera el discurso del odio”

-¿Qué se ha hecho mal en la política de acogida en los macrocampamentos?

-B.K.: Lo primero es el concepto. En vez de hacer un macrocampamento, se podrían tener pequeños centros, distribuidos, en los que se puede atender mejor a la gente y así se evitarían los conflictos que se generan por el hacinamiento.

-M.L.: Su creación es fruto de una falta de planificación y de previsión. Se han creado de manera rápida y sin tener en cuenta la repercusión que tienen esos macrocampamentos en la población donde se van a instalar y sin poder trabajar la concienciación con esa población. El resultado es el que es visible. Hay descontento por parte de las personas que están en los centros y descontento por parte de la población que vive donde se ubican esos macrocampamentos. Todo eso es fruto de la emergencia y la falta de planificación.

-Han pasado 27 años de la llegada de la primera patera a Fuerteventura. ¿Tienen la percepción de que han cambiado las cosas?

-M.L.: Seguimos un poco improvisando. Se improvisó en los noventa, en los 2000 y se sigue improvisando ahora. Quizás la situación del año pasado se podía haber previsto y planificado y quizás también marque un punto de inflexión. Un sitio como Canarias, que es lugar de llegadas desde hace muchos años, no puede tener una carencia total de recursos de acogida.

-B.K.: En Fuerteventura, cuando se reabrió la ruta, no había ningún centro preparado. Se tuvo que abrir el albergue de Tefía, el centro de El Matorral y alquilar algunos apartamentos y un hotel en Corralejo. Y eso fue todo el año pasado.

-Según ha trascendido, se estaba produciendo una tardanza a la hora de pedir cita para solicitar asilo en las oficinas de la Policía. ¿Sigue esta situación?

-M.L.: Hay un problema enorme de recursos humanos. No es que no se quiera hacer, sino que los recursos son los que son. Las personas de la Brigada de Extranjería son contadas y tienen una carga de trabajo excesiva. El año pasado hubo un problema, no tanto en las personas que estaban acogidas, sino en las que estaban fueran del sistema de acogida. Me refiero a personas de nacionalidades como la colombiana, venezolana y otras que residen en Fuerteventura. Han tenido y tienen dificultades de acceso. La Policía Nacional nos informa de que están poniendo los medios para que esto cambie.

-El 12 de mayo se cerró la Nave del Queso después de que un informe del Defensor del Pueblo denunciara la situación en la que se encontraban las personas que pasaban en ese recinto la cuarentena. ¿Cómo valoran todo lo que pasó allí?

-M.L.: Vuelvo a lo mismo. Ha habido una falta de planificación y de recursos unida a una crisis sanitaria. Esa falta de planificación y previsión hace que se utilicen instalaciones que no permiten una acogida digna y menos en una cuestión sanitaria. Quizás para un número reducido de personas sirva, pero no para el volumen que llegó a tener. La autoridad sanitaria y el Ministerio de Migraciones se equivocaron y dieron el visto bueno a una instalación que no reunía las condiciones.

-B.K: Aunque se sabía que las condiciones no eran adecuadas y que la gente se infectaba constantemente, tardaron mucho en tomar decisiones. Hubo gente que estuvo allí más de 50 días encadenando cuarentenas. Tras el informe del Defensor del Pueblo, la decisión de cerrarla fue correcta, pero llegó muy tarde porque la gente ha sufrido ahí mucho.

-¿Cómo valoran el discurso que lideraron algunos políticos y administraciones de la Isla en torno al traslado de personas inmigrantes a hoteles en zonas turísticas?

-B.K.: Me pregunto si estas personas fueran turistas alemanes que hubieran naufragado. ¿Dónde los pondríamos? No creo que terminaran en la Nave del Queso. Creo que, en una circunstancia así, hay que pensar con un poco más de criterio humano. Hay un componente discriminatorio. A ninguna persona europea se la habría puesto en la situación en la que se puso los migrantes en la Nave del Queso.

-Las crisis económicas aumentan la apatía y los discursos despiadados hacia la inmigración. ¿Cómo se puede combatir esos sentimientos?

-M.L.: No se puede evitar cuando se junta una crisis económica y social, pero sí se puede disminuir con información, conocimiento, tiempo y planificación. No se está pudiendo trabajar en la integración y en dar a conocer los motivos que los obligan a emigrar. La falta de planificación, unida a una crisis económica y el trabajo previo de concienciación a la población generan el discurso del odio.