Tras las elecciones del 28 de mayo, Jéssica de León se veía de vicepresidenta del Cabildo de Fuerteventura, una institución que conoce “perfectamente” y que considera su “casa”. Sin embargo, el PP quedó en la oposición en todas las instituciones de la Isla y a la candidata popular al Cabildo la tentaron con un puesto de gran responsabilidad: la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. “Al principio dije que no, luego que no sabía y al final acepté”. Le gusta revisar todos los expedientes que pasan por sus manos y siente que todavía va “más lenta” de lo que le gustaría. “El reto me ha servido para oxigenarme y para renovarme”, dice.

Se ha rodeado de personas de confianza, tanto a nivel político como profesional, con una incorporación que causó sorpresa, la de Miguel Ángel Rodríguez, secretario del Cabildo majorero. Jurista de dilatada experiencia en las instituciones de Fuerteventura, le pidió incorporarse a la Consejería de Turismo: “Usando un símil futbolístico es como si eres el entrenador de un equipo y se te ofrece Messi para jugar, no le puedes decir que no”.

-Hay datos que apuntan a que se ha recuperado el turismo, incluso con cifras que superan a periodos pre-Covid, pero existen voces de alarma porque en Fuerteventura se perdieron pasajeros en julio con respecto al año pasado. Las previsiones de plazas regulares son menores que en otras Islas, en el Cabildo apuntan a que se han encontrado un Patronato de Turismo desmantelado después de la crisis política de final del pasado mandato y en el sector muestran preocupación. ¿Cuál es la situación que se ha encontrado su equipo, a escala global e insular?

-A escala global, en Canarias estamos creciendo un cinco por ciento. Hay una isla que está creciendo por encima de las demás: Tenerife. Por detrás están Lanzarote y Fuerteventura, y finalmente Gran Canaria, alejada aún de las cifras pre-Covid. A finales de año, esperamos que se pueda batir récord en la llegada de turistas, del orden de los 16 millones de visitantes. Y, lo más importante, superar la cifra de los 12.000 millones de euros de recaudación. Estas son las previsiones, pero es cierto que están sucediendo otras cosas. Hay países emisores que han anunciado recesión técnica, como Reino Unido y Alemania, que son los principales mercados de las Islas. En Fuerteventura, por primera vez, el mercado británico tiene más plazas reservadas que el alemán, que se está contrayendo en el ritmo de reservas. Esto nos tiene que encender las alarmas, porque está pasando también en el resto de islas. En Fuerteventura el 57 por ciento del turismo depende de la touroperación y es preciso llegar a acuerdos con los touroperadores. Antes de marcharme de la Consejería insular de Turismo en diciembre quedó mucho trabajo adelantado, que era fundamental para la temporada de verano, como los convenios de comarketing, que luego no salieron por la situación que sufrió el Cabildo. El Patronato de Turismo ha sobrevivido gracias a los técnicos. A esto se suma que hay partes de la Isla que están pidiendo una mejora de calidad, porque hay espacios en los que estamos perdiendo competitividad.

-Más allá de esta tendencia, ¿se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío para el sector turístico? ¿Qué impronta le gustaría dejar en la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias?

-Resulta clave actualizar el marco legislativo. La Ley del Turismo va para 30 años, la normativa sobre la vivienda vacacional, de 2015, se anuló en parte por los tribunales dos años después y otra parte ni siquiera se ha estado cumpliendo. También hay carencias en la legislación que regula los alojamientos turísticos. Debemos revisar la legislación turística y crear un nuevo marco legal adaptado a las necesidades actuales. Si antes se incentivaba la renovación ahora hay que premiar también la sostenibilidad. Esta nueva etapa en el Gobierno de Canarias debe servir para ordenar el litoral y una actividad, la de la acampada, que permita a los ayuntamientos tener un marco de referencia al que acogerse. Además, en materia de inversión no puede ir siempre la iniciativa privada por delante con respecto a la pública. La calidad global del destino necesita que vayan de la mano. Pongo siempre el mismo ejemplo: la diferencia entre Corralejo y Costa Calma. En el primer núcleo turístico se acometió una renovación alojativa, pero también del espacio público. Hemos visitado Costa Calma y, dejando a un lado los contenciosos sobre la recepción de la urbanización, en la actualidad ya hay una serie de calles en las que se puede intervenir. Desde la Consejería de Turismo hemos mostrado nuestra disposición a colaborar.

“No nos vale que cualquier vivienda entre en el mercado turístico alojativo”

-Desde que asumió el cargo de consejera de Turismo de Canarias dejó claro que no iba a obviar el reto de regular la vivienda vacacional. Los últimos estudios apuntan que en Fuerteventura hay unas 5.000 viviendas vacacionales, que suman alrededor de 20.000 plazas, que vienen a representar un tercio de la oferta turística reglada, aunque probablemente las cifras reales sean superiores. ¿Cómo abordará el Gobierno la situación de la vivienda vacacional? ¿Dónde pondrán los límites?

-Aquí entran en conflicto varias cuestiones. Contamos en el equipo con un experto en la materia, para que podamos regular con seguridad jurídica y que no pase lo mismo que con el decreto del alquiler vacacional de 2015. Lo primero que vamos a hacer es una consulta pública, que saldrá a finales de septiembre, para que todas las instituciones y colectivos sociales digan hasta dónde quieren que se regule. Pero no vamos a quedarnos solo en la vivienda vacacional, vamos a abarcar también el uso alojativo en su conjunto, en sus diferentes modalidades. En Fuerteventura el foco está en la vivienda vacacional, pero en Gran Canaria lo está en el piso de alquiler turístico. Queremos elaborar una ley sobre el uso turístico asociado a viviendas. Desde el Gobierno planteamos liderar esta iniciativa, pero sin obviar que la ordenación del suelo compete a los ayuntamientos y que, en materia de vivienda, hay competencias municipales y autonómicas. De forma paralela a la regulación de este tipo de alojamiento turístico, para abordar el fenómeno en su totalidad hay que incrementar la oferta pública de vivienda y facilitar la construcción por parte de la iniciativa privada. Y hay que incentivar que el propietario pueda poner su vivienda en el mercado residencial. No creo que el alquiler de viviendas vacacionales sea un problema en sí mismo, pero debe contar con una regulación y unos estándares de calidad. La realidad es que, según cifras del ISTAC, en Fuerteventura hay mayor número de pasajeros que han llegado a la Isla, pero menos pernoctaciones en los establecimientos alojativos, porque se hospedan en un mercado que no está regulado.

-En el debate sobre el alquiler vacacional hay quienes culpan a esta modalidad de que no haya vivienda en alquiler de larga duración para residentes y trabajadores, pero también existen pequeños propietarios que completan sus ingresos con esta fórmula turística y no comprenden que se vaya a intervenir en lo que pueden hacer o no con su propiedad.

-En cualquier caso, todos debemos entender que deben existir unos estándares de calidad regulados. No nos vale que cualquier vivienda libre entre en el mercado turístico, porque eso va en detrimento de la imagen del destino en su conjunto. Que se pueda operar es un derecho de la propiedad privada. Vamos a regular las condiciones que deben cumplir y que se puedan inspeccionar, al tiempo que debemos garantizar que esa inspección funcione. Nos encontramos con un servicio de inspección que no abarca todo lo que debería. Y hay que valorar también cuál es el uso del suelo. Las zonas que están clasificadas urbanísticamente para uso residencial necesitamos que efectivamente se destinen a uso residencial y no como está pasando ahora. Se da incluso la paradoja de que complejos turísticos primero pasaron a utilizarse para uso residencial y ahora sus unidades se dedican, de forma individualizada, al alquiler vacacional. En este debate esperamos que haya controversia, pero también confiamos en alcanzar una normativa adecuada y fijar estándares turísticos para todas las modalidades.

“Con la moratoria y la ecotasa hay mucha incoherencia y contradicción”

-Con el fenómeno de la vivienda vacacional hay otra situación rocambolesca: unas están inscritas en el registro de la comunidad autónoma y otras en el de cada cabildo. Hay expertos que cuestionan la laxitud del Gobierno a la hora de asignar un código de vivienda vacacional, en la práctica con apenas una declaración responsable del propietario...

-Efectivamente, hay una nebulosa y un doble registro. Hay propietarios que han registrado en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias para ver qué institución es la primera que responde. Son dos ventanillas que tienen la misma función. Eso ya lo cuestionábamos cuando estábamos en el Cabildo de Fuerteventura, porque al final nunca sabíamos cuántas viviendas vacacionales había en el mercado. En el Gobierno nos hemos encontrado con un servicio de inspección que funciona con un régimen de dietas obsoleto, que si se tiene que hacer uso del automóvil propio se paga el combustible sobre la base de un acuerdo de hace 15 años, y especialmente con una plantilla corta, de una veintena de profesionales.

-En la pasada legislatura, en el Parlamento se creó una comisión de estudio del reto demográfico y, en gran medida, se vincula incremento poblacional a aumento del sector turístico. También salió a colación la posibilidad de establecer una ecotasa y, en Lanzarote, el anterior gobierno del Cabildo aprobó una declaración institucional para declarar a la Isla saturada turísticamente. Además, hay sectores que plantean retomar una moratoria turística. ¿Qué le parecen estas iniciativas como consejera de Turismo?

-Si le pongo una moratoria al sector privado y la pagan los ciudadanos, vía indemnizaciones que termina abonando la comunidad autónoma, como ha sucedido, considero que es poco rentable para lo que se persigue. Hay quienes piden una ecotasa, porque dicen que tiene carácter disuasorio, pero luego vas al Parlamento y escuchas que ha bajado el nivel turístico y, por tanto, el gasto. He escuchado a políticos hablar de abrir las 24 horas el Aeropuerto de Fuerteventura, pero luego quieren que vengan menos pasajeros. Hay muchos discursos incoherentes y contradictorios. Como apuntaba, un grupo político promociona que Lanzarote es una isla turísticamente saturada pero luego cargos de ese mismo partido van a un mercado tan lejano como el americano a ver si abren una ruta aérea. Mire, no comparto esos discursos que alientan la turismofobia y los ataques a un sector que ha dado desarrollo social y económico a Canarias. Lo que hay que hacer es conseguir que genere más empleo y de más calidad. En eso es en lo que deberíamos centrar el trabajo las instituciones públicas, para que esa economía repercuta en la sostenibilidad de las Islas y en la calidad de vida de los residentes. La rentabilidad del turismo no debe ser solo económica, sino que debe existir una responsabilidad social corporativa que revierta en los espacios públicos y en el medio ambiente.

“Con el Oliva Beach nos estamos jugando la credibilidad como destino”

-El Gobierno regional ha otorgado el Premio de Turismo ‘Islas Canarias’ a la proyección internacional al Hotel RIU Oliva Beach, que está incurso en un expediente para caducar la concesión del dominio público en las Dunas de Corralejo, en una situación idéntica al RIU Tres Islas, por supuestas irregularidades cometidas, según el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Por qué le han dado este premio a un hotel en esas circunstancias? ¿Ve viable una salida al conflicto competencial que existe de fondo entre Canarias y el Estado sobre el alcance de la gestión de las costas?

-En cuanto a la primera cuestión, cuando llegué al Gobierno me tocó decidir sobre unas propuestas ya presentadas y las patronales turísticas de las dos provincias proponían al Hotel Oliva Beach. Al margen de la situación en la que están esos hoteles, lo cierto es que han ayudado a promocionar la isla de Fuerteventura en el mundo. Si mañana el Ministerio decidiera cerrarlos hay que ser conscientes de que Corralejo y las Grandes Playas son conocidas porque la cadena RIU, durante mucho tiempo, promocionó ese espacio y, por ende, el destino Fuerteventura. Con respecto a la gestión de las costas, siempre he sido una defensora de que Canarias fuera mucho más beligerante con el Estado. Y es precisamente lo que ha hecho este Gobierno: personarse en los expedientes y exigir que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, las competencias plenas sean de la comunidad autónoma. Si no, acudiremos al Tribunal Constitucional si es necesario. Exigiremos que los hoteles cumplan la normativa, si es que han vulnerado alguna norma, algo que está por verse. Lo que no tiene sentido es el doble discurso del Partido Socialista, que en periodo electoral le otorga una licencia [de reforma al Oliva Beach] y dos semanas después de cerrarse las urnas incoa expediente para retirar la concesión administrativa. Esto genera una inseguridad jurídica tremenda y afecta a una empresa que paga un canon y que quiere reformar un establecimiento para adecuarlo a las actuales exigencias turísticas. RIU se comprometió, cuando se negoció la concesión, a subir de categoría, y por tanto a generar mayor empleo y de más calidad, al pago de un canon de dos millones de euros anuales, al que el Estado no ha renunciado, y a la renovación de sus instalaciones, para la que pidió licencia. Lo que está haciendo el Ministerio de Transición Ecológica se debe a un empecinamiento ideológico contra un hotel. No se puede caer en la inseguridad jurídica, no solo con el Oliva Beach. Hay otros establecimientos afectados por el dominio público marítimo terrestre, en la propia Fuerteventura, y no veo la misma inquina. Nos estamos jugando la credibilidad como destino de la Isla.

-En una visita institucional a Fuerteventura este verano abordó con las autoridades insulares la degradación de determinadas zonas turísticas. Hay postales que no son las mejores: esqueletos de hoteles paralizados en Corralejo, el abandonado parque temático Baku, la degradación del entorno urbano de Costa Calma… ¿Qué se puede hacer desde el Gobierno de Canarias?

-Hay varias fórmulas que tienen que coordinarse. Por un lado, hay que modernizar la normativa de los incentivos turísticos para que las empresas renueven sus establecimientos y se tienen que agilizar los planes de modernización turística, que sabemos que es la herramienta más adecuada. En Corralejo ha servido para que establecimientos de dos estrellas ahora sean de cuatro. Se ha dado un salto cualitativo importante, también en el espacio público, que se refleja en el gasto turístico en el destino. Es algo que hay que llevar también a Costa Calma, que tiene espacios degradados que, si estuvieran bien cuidados y con concesiones, estoy segura de que supondrían un revulsivo económico. Es el caso de lo que sucede con el palmeral de Costa Calma, que hoy en día es intransitable y provoca pavor al caer la noche por falta de iluminación. No nos podemos permitir como destino que los turistas no salgan de los hoteles porque el entorno no es adecuado y carecen de alicientes. Con los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiados con cargo a los Fondos Next Generation, se han concedido a Fuerteventura más de 17 millones de euros: 9,1 millones en un plan promovido por el Cabildo, casi seis millones para La Oliva y dos millones para Pájara. Es fundamental que Fuerteventura se apoye en el Gobierno de Canarias para aumentar el nivel turístico. Hemos pedido al Cabildo y los ayuntamientos que nos den ideas, pero realistas. De nada sirve plantear, por ejemplo, la continuación de la avenida marítima de Puerto del Rosario hacia El Charco cuando no está el suelo disponible.

“Un incremento de las tasas de Aena perjudica al turista y al residente”

-Una de las reclamaciones que ha planteado la Consejería de Turismo es que no se incrementen las tasas aeroportuarias, después de que Aena haya anunciado encarecerlas un cuatro por ciento, unos diez euros más por plaza.

-Desde el Archipiélago exigimos al Gobierno que no se lleve a la práctica ese incremento de las tasas aeroportuarias, que se había acordado congelarlas. La justificación que se pretende dar es que son una adaptación al contexto inflacionista, pero eso supone repercutir la inflación en el consumidor final, pese a que sabemos que Aena ha tenido beneficios cuantiosos [901,5 millones de euros netos en el año 2022]. Si el Gobierno acordó congelar en 2021 las tasas aeroportuarias hasta 2027, deben seguir congeladas, no se pueden revisar los precios. Un incremento de las tasas perjudica al turista y nos hace perder competitividad frente a otros destinos, pero también al residente que tiene que desplazarse, en algunos casos obligatoriamente, y eso los canarios lo sabemos bien. Si a eso le sumamos que la Unión Europea quiere implantar un pago por los derechos de emisión de los aviones, lo que encarecería los vuelos entre países europeos y Canarias, no así paradójicamente con Egipto y Túnez, estas medidas nos están situando en una franca desventaja. Debemos exigir que se cumpla nuestro estatus de región ultraperiférica, máxime cuando España ostenta en la actualidad la presidencia de la Unión Europea.