“Un día le juré a Arturo que su muerte serviría para salvar muchas vidas”. Así comenzó la lucha de Ana Suárez Romero, esposa de Arturo Fontán, el héroe de Tebeto, que falleció ahogado en esta playa norteña el 15 de abril de 2019. Formaban una familia gallega afincada en Fuerteventura desde hace dos décadas. “Quería justicia para mi marido, necesitaba demostrar su bondad, su acto heroico, ya que no era un marinero, era un constructor que amaba el mar y ayudar a las personas”, afirma.

Su fallecimiento, cuando trataba de salvar a una mujer que se estaba ahogando, destrozó a toda la familia y en especial a su hijo, que contaba con sólo 13 años. En estos cuatro años, Ana ha batallado para que ninguna familia tenga que pasar por lo mismo, para evitar ahogamientos y para que se cumpla la normativa de seguridad en las playas.

“Mirando información, en tantas noches sin dormir, encontré el decreto y la ordenanza que había incumplido el Ayuntamiento de La Oliva en materia de seguridad en las playas peligrosas y en especial en fechas con más afluencia de visitantes como Semana Santa, que fue cuando se ahogó Arturo, sobre las tres de la tarde”, insiste.

Ahora una sentencia le da la razón. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de La Oliva a indemnizar a la familia del héroe de Tebeto. “Sólo deseo que esta sentencia pionera e histórica ayude a salvar muchas vidas”, añade Ana. La califica de “impecable” porque reconoce la valentía de su marido: “No tenía culpa, no se podía quedar en la orilla mientras veía en apuros a una bañista y quiso ayudarla”.

Desde que se dictó la sentencia ha comenzado a recibir cientos de felicitaciones por las redes sociales, de personas de Fuerteventura, de Canarias, de la Península y de diferentes puntos del mundo. “Mucha gente compartió mi lucha y eso me ha ayudado a seguir”, señala. “Espero que sea firme -contra la resolución cabe recurso- y que haya un antes y un después en salvamento y seguridad en las playas”, añade. “Fue tanta la repercusión de la sentencia”, que avanzó la cadena SER, “que mi hijo se enteró por mensajes de móvil antes de poder hablar con él, fue bastante locura”, confiesa Ana.

Desde un principio, la familia de Arturo Fontán consideró que “el Ayuntamiento de La Oliva era responsable de esta muerte porque su deber es velar por la seguridad de los ciudadanos”. Además, era conocedora de que esa playa, muy peligrosa, carecía de un plan de seguridad.

“Si la playa hubiera tenido un cartel informativo sobre su corriente, oleaje y una bandera roja, seguramente la bañista no se hubiera metido al mar y Arturo no hubiera tenido la necesidad de rescatarla, con lo cual estaría vivo y feliz entre nosotros”, sostiene Ana Suárez. “El plan de seguridad costaba 18.240 euros en las 38 playas del municipio de La Oliva, pero el Ayuntamiento nunca lo asumió, a pesar de la importancia de la prevención en un municipio turístico y cuando se gastan mucho más en fiestas”, detalla la viuda.

Ana destaca que las leyes están para cumplirlas y dotarlas de presupuesto: en Fuerteventura cuesta unos 70.000 euros cumplir con el plan de seguridad en toda la costa, algo simbólico para el volumen económico del presupuesto del Cabildo, los ayuntamientos y el propio Gobierno de Canarias.

“En estos cuatro años de lucha he encontrado a las personas que necesitaba en mi camino, a Pepe Palacios, a Sebastián Quintana de la ‘Plataforma Canarias 1.500 kilómetros de Costa’, que me ofrecieron todo su apoyo. Después, contacté con un servicio jurídico de Gran Canaria, y supe que no me iban a fallar, a pesar de que no era fácil porque no sólo iba contra el Ayuntamiento de La Oliva sino también contra las aseguradoras que están detrás”, manifiesta Ana Suárez, en una entrevista concedida a Diario de Fuerteventura.

Además, Ana explica que había un acta notarial minuciosa, firmada por un notario de la Isla, que describe con detalle la situación en la que se encontraba la playa aquel fatídico día, con la presencia de unos cien usuarios. También visitó este litoral el presidente de Bandera Azul España, que comprobó que se trataba de una playa turística con mucho oleaje y corrientes, pero sin carteles informativos de peligro.

Asimismo, participaron en el juicio testigos presenciales de lo sucedido. “Fue un juicio perfecto pero la sentencia desfavorable en primera instancia resultó demoledora, me dejó hundida, me sentí traicionada y estuve a punto de desistir, porque no podía creer que un Juzgado no nos diera la razón ante un suceso tan evidente y claro”, recuerda Ana.

Casi sin dinero, sin esperanzas y con algunos familiares sugiriendo que abandonara esta batalla, decidió continuar y seguir hasta el final. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aceptado su recurso y ha condenado al Ayuntamiento de La Oliva a indemnizar con unos 200.000 euros a la familia del héroe de Tebeto.

Con su lucha quiso honrar la memoria de su marido y que se hiciera justicia

En la resolución anterior, del Juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Las Palmas de Gran Canaria, que resolvió este litigio en primera instancia, el juez reconocía que el Consistorio había incumplido su obligación legal de advertir a los ciudadanos sobre la peligrosidad de esa playa, prohibiendo el baño en ella, pero matizaba que quien se ahogó no fue la bañista sorprendida por la dureza del oleaje -que logró salir del agua-, sino un vecino de la Isla que asumió el riesgo de tirarse a ayudarla.

Desde su punto de vista, eso rompía el “nexo de causalidad” necesario para hacer al Consistorio de La Oliva responsable patrimonial de los daños ocasionados por la muerte de Arturo a su esposa, su hijo y su padre. Según su tesis, si la ahogada hubiera sido la bañista, sí podría concluirse que murió como consecuencia de un mal funcionamiento de los servicios públicos, pero como quien perdió la vida fue el hombre que quiso salvarla, cabría sostener que éste asumió los riesgos que comportaba ese rescate y fue culpable de su propia muerte.

El TSJC discrepa de plano. “Si admitimos que el fallecido actuó con culpa -responden los magistrados que componen la Sala- tendríamos también que admitir que la conducta correcta era contemplar desde la orilla cómo se ahogaba la bañista”.

La Sala aplica a este caso la misma solución que dio a otro muy parecido ocurrido en Mogán (Gran Canaria), en 2012, y añade las circunstancias que, a su parecer, hacen al Ayuntamiento de La Oliva responsable patrimonial de esa muerte.

Sentencia trascendente

“Sólo espero que esta sentencia se convierta en firme, porque estoy segura de que sentará jurisprudencia, y será trascendente porque es la primera que reconoce la importancia de los criterios de seguridad en las playas”, señala Ana.

“A mi marido ya no lo podemos recuperar, pero entiendo que gracias a esta sentencia se van a evitar ahogamientos, las playas van a ser más seguras y las instituciones se van a tomar en serio estas medidas”, insiste la viuda.

Además, quiere aclarar que su lucha nunca ha sido por dinero, sino que siempre quiso honrar la memoria de su marido y que se hiciera justicia. “Los que me conocen saben que he insistido mucho, que me he reunido con el Diputado del Común, con alcaldes, con todo tipo de autoridades, vecinos y asociaciones para que conocieran mi dolor y mi lucha porque, de lo contrario, no hubiera tenido fuerzas para seguir adelante”, concluye emocionada.

Además, quiere agradecer el enorme apoyo de amigas y familiares, que siempre han estado a su lado en estos momentos tan duros. Hay que destacar que, según la última estadística de la asociación Canarias 1.500 kilómetros de Costa, de todas las comunidades españolas, Canarias y Baleares superan la cifra de ahogamientos con respecto a los fallecidos en carreteras, en un 56 por ciento, el año pasado.