La Guardia Civil ha identificado en Fuerteventura a los responsables de varias empresas que presuntamente organizaban y promocionaban rutas ilegales de enduro en motocicleta por espacios naturales protegidos y zonas no autorizadas de la isla, algunas de ellas sometidas a restricciones temporales para garantizar la reproducción de aves protegidas.

Según ha informado este miércoles la Comandancia de Las Palmas, la actuación fue desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que iniciaron una investigación tras tener conocimiento de la existencia de empresas dedicadas al denominado turismo de motor que realizaban recorridos por áreas especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental.

Los agentes identificaron a los responsables de varias empresas dedicadas al denominado turismo de motor tras una investigación del SEPRONA

Entre los lugares afectados figuraban espacios catalogados como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), sometidos a medidas de protección y, en algunos casos, a cierres preventivos temporales establecidos por la Administración insular para evitar molestias a la avifauna durante su periodo de reproducción.

A partir de las primeras informaciones recabadas, los agentes desarrollaron distintas actuaciones de investigación para comprobar los hechos y determinar la posible responsabilidad de las empresas implicadas.

Posteriormente, el SEPRONA reforzó las labores de vigilancia y control mediante dispositivos de seguimiento en las zonas donde existían indicios de la realización de estas actividades.

Las infracciones detectadas podrían acarrear sanciones de hasta 300.000 euros por vulnerar la normativa turística de Canarias

Como resultado de estas actuaciones, la Guardia Civil logró identificar a los conductores y responsables de las empresas investigadas.

Además, los agentes constataron que estas compañías ofertaban paquetes turísticos que incluían alojamiento y rutas con vehículos a motor por espacios naturales protegidos, careciendo presuntamente de la documentación y de las autorizaciones exigidas para el desarrollo de actividades de ocio y turismo activo en Canarias.

Por estos hechos, se formularon denuncias administrativas por presuntas infracciones a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, sancionables con multas de entre 600 y 6.000 euros.

Asimismo, la Guardia Civil tramitó denuncias por posibles infracciones a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, cuyas sanciones podrían alcanzar importes de entre 1.500 y 300.000 euros.